Por Jesús Manuel Hernández
Los estudiosos de la sociedad poblana, algunos rectores, como el caso de Fernando Fernández Font, de la Ibero Puebla, han venido advirtiendo sobre el constante desgaste de las instituciones en el país, Puebla, es obvio, no está ajena a las consecuencias.
Un Poder Legislativo que ha solapado los excesos del Ejecutivo, hay muchos ejemplos de la sumisión, la Ley Bala, la designación de consejeros electorales a modo, ausencia de transparencia, tolerancia a proyectos transexenales afianzados en nombramientos que rebasan el período oficial de seis años, como es el caso de la Fiscalía, y otros que están por anunciarse.
La violación constante a los derechos humanos de activistas, periodistas, empresarios no afines, o campesinos, han llenado páginas de denuncias en las cajas del olvido, en el archivo muerto.
El reciente proceso electoral, manchado de denuncias e intervenciones de autoridades federales ante la sumisión y opacidad del órgano electoral local, es otro incidente.
La fractura afecta también a la familia, el menosprecio por su futuro, y afianza sin duda la presencia de nuevas corrientes que demandan un Estado tolerante en otros aspectos, tema que sin duda será pieza clave en las campañas de 2018.
Ante este escenario de una sociedad fracturada, el gobernador electo tiene un reto inmediato. Siendo él mismo producto de la sociedad poblana de las últimas décadas, su corresponsabilidad como poblano, ciudadano y político, le debe hacer reflexionar sobre sus decisiones, sobre la inclusión de colaboradores que sumen, que ayuden a estructurar no sólo los planes de gobierno, oficiales, sino además esa parte del tejido social, de la capilaridad, que ha sido destejida y dañada en los últimos cinco años.
Gali, tiene 18 meses, o un poco más a partir de ahora, para acercar a las partes, tender puentes de plata, recomponer, poner en valor a las instituciones y a la sociedad poblana
O por lo menos así me lo parece.
