El ayuntamiento de Izúcar de Matamoros demandó penalmente al grupo de ciudadanos que mantienen tomada Casa Colorada, sede del gobierno municipal, desde hace 13 días. Se trata de unos 30 habitantes de la junta auxiliar de San Felipe Ayutla, encabezadas por el ex secretario general de la comuna, Miguel Ángel Velázquez Trejo.
La demanda se presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) desde la semana pasada, por los delitos de motín, amenazas y actos contra funcionarios públicos, informó el secretario general del municipio, Eduardo Vargas; quien aseguró que se utilizará la fuerza pública si no se retiran a más tardar este día.
El funcionario municipal señaló que hay intereses políticos detrás de los inconformes, y pese a que evitó señalar la posición política de los quejosos, fuentes señalan que pertenecen al Partido Nueva Alianza (Panal).
El gobierno del estado no consideró que se trate de un foco rojo o de una situación similar a la de Acatzingo, bajo el argumento que se trata de un conflicto político producto del inicio de la contienda electoral.
Ayer por la tarde se realizó la quinta mesa de negociación entre los inconformes y el alcalde izucarense Carlos Gordillo, acusado de nepotismo de malversación de recursos y de falta de acciones en contra de la inseguridad – reportes ciudadanos y periodísticos indican incremento de robos de todo tipo y de secuestros-.
El subsecretario General de Gobierno, Mario Rincón, señaló que este conflicto se solucionará con el dialogo antes de llegar a un desalojo policiaco, al tiempo de insistir que esto es parte de la efervescencia política que se vive en varios municipios.
Además de Izúcar de Matamoros, en Chilchotla, los ciudadanos solicitan la destitución de la alcaldesa Herminia Jiménez, acusada por uno de sus sobrinos de malversación de recursos por lo que el Órgano de Fiscalización Superior realiza una auditoria.
