Porque la impunidad no está por encima de la unidad, la representación en Puebla de Josefina Vazquez Mota solicitó formalente al comité estatal del Partido Acción Nacional abrir investigacion contra tres militantes por presunta compra y coacción del voto, con recursos del erario, en la contienda interna para favorecer a Ernesto Cordero Arroyo.
La solicitud fue acompañada con un expediente que incluyó testimoniales, audio y video que documenta la violación de los estatutos partidistas, según Marcos Castro Martínez quien refirió que los señalados podrían ser acreedores a una amonestación, la suspensión de sus derechos partidistas o hasta la expulsión.
A pregunta expresa el también ex secretario del comité estatal partidista descartó la posibilidad de ceder a presiones para dar carpetazo al asunto bajo el argumento de que debe prevalecer la unidad partidista de cara a la elección constitucional.
“Pedimos que se revise la conducta de miembros del partido. Por supuesto que estamos en la intención de abonar a la unidad, así es como vamos a ganar el proceso constitucional, sin embargo y de acuerdo a nuestra formación, partidista no entendemos la unidad con impunidad por eso pedimos que se revisen las conductas de destacados panistas”.
Aunque Castro Martínez no lo reveló, porque los estatutos de su partido se lo impiden, cabe recordar que hace unos días al presentar querella ante la Contraloría estatal se pidió actuar contra Sergio Medina, subsecretario de Vinculación Institucional y Gobernanza; Alejandro Soria Villegas, subsecretario de Operación y Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social; Basilio Hoyos Onofre, Coordinador Regional de Desarrollo Educativo en Acatlán (CORDE 8 SEP), quien labora en Izúcar de Matamoros; al igual que contra Israel Mancilla Amaro, subdirector de Normatividad y Consultoría de la Secotrade por apoyar desde la estructura gubernamental la aspiración presidenical de Ernesto Cordero Arroyo.
También se pidió investigación contra la Subsecretaría de Vinculación de la Secretaría General de Gobierno (SGG), desde donde presuntamente se realizaron llamadas telefónicas a militantes para invitarlos al evento que Ernesto Cordero Arroyo sostuvo el 8 de enero en San Andrés Cholula
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