Human Rights Watch dio a conocer el resultado de su investigación en torno al estado que guardan los derechos humanos en México a cinco años de la declaratoria de “guerra” en contra del narcotráfico del Presidente Felipe Calderón.
El informe precisa el incremento dramático de la violencia tras un descenso sostenido que se tenía durante dos décadas “la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre2007 y 2010. El gobierno estima que hubo casi 35.000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010, incluido un aumento drástico cada año: pasó de 2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico”.
Tres aspectos permean en el documento: la existencia de violaciones generalizadas a derechos humanos, la falta de investigación de violaciones de derechos humanos y que no mejora la seguridad pública.
Señala el documento que en lugar de “adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas” logrando que en lugar de fortalecer la seguridad pública; “la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”
Lo anterior es la base del fracaso en la política de seguridad pública en dos aspectos fundamentales: “no sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves a derechos humanos, que casi nunca se investigan adecuadamente”.
Y el gobierno mexicano tendría el deber de adoptar medidas para proteger a sus ciudadanos frente al delito; y cuando son víctimas de la delincuencia; y es el gobierno “quien tiene la obligación de asegurar que el sistema de justicia penal funcione de manera adecuada para brindarles recursos efectivos”.
Y en México pareciera habitual que la presunción de inocencia consagrada como un derecho fundamental en la Constitución no se toma en cuenta y la incriminación de las víctimas y la presunción de culpabilidad se ha convertido en la constante.
Tortura y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, falta de investigación de violaciones de derechos humanos que han generado impunidad de hechos de tortura; son documentadas por Human Rights Watch, todo lo cual sostiene este Informe y las recomendaciones que enlistan.
Un aspecto que me parece fundamental rescatar es que basados en estadísticas oficiales demuestran que la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora.
Como el objetivo de este Informe -entregado al Presidente Calderón- es hacer visible la violación a los derechos humanos; una de sus recomendaciones se basa en que se asegure que todos los casos sean sometidos exclusivamente a la justicia penal ordinaria y que sea consolidado el principio de presunción de inocencia eliminando “cualquier incentivo perverso para que funcionarios vinculados con la seguridad pública obtengan confesiones mediante tortura”.
Otra recomendación plantea asegurar el cumplimiento de las garantías de debido proceso para prevenir y poner fin a la práctica de “arraigo” y el uso de leyes ambiguas para justificar detenciones y medidas de prisión preventiva arbitrarias y abusos en contra de detenidos.
Sugieren crear un protocolo para investigar la muerte de civiles en presuntos enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad y sancionar leyes que regulen el uso de la fuerza por el Ejército y miembros de las fuerzas de seguridad pública; creando bases de datos nacionales para llevar un registro de personas desaparecidas y detenidas que tenga por objeto evitar abusos; sin dejar a un lado las huellas profundas y duraderas que viven las víctimas y sus familiares.
Así como evitar discursos contradictorios del Presidente Calderón que después son replicados por funcionarios civiles y militares.
El documento “Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México” contenido en 230 páginas de obligado estudio; no fue del agrado del Presidente Calderón, sin embargo su contenido debe ser atendido si de lo que se trata es de restablecer el estado de derecho y con ello empezar a reconstruir el tejido social en México.
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