El gobernador Rafael Moreno Valle propone al Congreso del Estado de Puebla modificar el Código de Defensa Social para anular la cárcel la mujer que se practique un aborto, a cambio, estipula un tratamiento psicológico y, en caso de reincidencia, prisión de seis meses a un año.
La propuesta fue celebrada por el diputado de Movimiento Ciudadano, antes Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, por considerar que es la primera propuesta tomada en cuenta de la agenda “de la izquierda”.
De acuerdo al proyecto, en el apartado “Tratamiento Médico Integral e Internación de Enfermos Mentales”, el artículo 342 cita que a la mujer que voluntariamente se cause un aborto o consienta que otro la haga abortar, se le impondrá tratamiento médico integral en libertad en tratamiento en instituciones de instituciones públicas, mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año, así como multa de cincuenta a 500 días de salario mínimo, o trabajo a favor de la comunidad, de 80 o 250 jornadas.
Asimismo, determina que el tratamiento deberá ser conforme a las circunstancias de la mujer, comprendiendo la concientización sobre la afectación del bien jurídico tutelado. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en tratamiento médico integral y prisión de seis meses a un año.
En los comentarios se señala que la ley vigente en la entidad poblana inhibe la probabilidad de resocialización, por lo que el criterio que motiva la reforma es aumentar la calidad de la pena, fortaleciendo la dignidad de la persona.
“La protección de los bienes jurídicos debe ir paralela a una política de prevención, procuración, o en su caso, de sanción estatal que garantice la lesión la reparación social causada. Se hace necesario reconsiderar la causas y consecuencias de la conducta intencional, de tal manera de que imposición de obligaciones correctivas resulten de mayor alcance y profundidad que la prisión, mediante un tratamiento médico integral”, refiere el documento.
La sexta iniciativa del ejecutivo en el tercer fue bien recibida por el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres.
En entrevista el legislador señaló que servirá para evitar que en Puebla siga creciendo esa práctica que se registra en lugares clandestinos y sin las condiciones óptimas de salubridad.
“Celebramos como un primer paso modificar la pena corpórea por un tratamiento integral. Felicito al señor gobernador por enviar la iniciativa que modifica el Código de Defensa Social, confío que en los próximos días se dictamine y no se mande a la congeladora”, dijo.
PAN revira
El Partido Acción Nacional reiteró su postura de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural pero sugiere elevar las sanción económica para la mujer que decida abortar.
“Consideramos que dicha propuesta debe ser debatida a fondo por los legisladores locales, en quienes recae la responsabilidad de aprobarla o no. Por tanto, Acción Nacional reitera su disposición a la discusión abierta de la iniciativa, buscando determinar si la medida es la mejor solución a dicha problemática social”, refieren en un comunicado oficial.
“Desde nuestro punto de vista en dicho debate se debe considerar por ejemplo, elevar la sanción económica para pasar de los 50 a 500 días de salario mínimo que plantea la iniciativa, a una multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo, buscando inhibir de manera más eficiente la comisión del delito”, agregan.
Aclararan que ven con buenos ojos que la iniciativa no proponga despenalizar el aborto, porque Acción Nacional en ninguna circunstancia estáa favor de legislar para dejar de considerar al aborto como un delito, por el contrario, respaldarán principalmente las iniciativas que promuevan políticas públicas que generan más y mejores oportunidades para que las mujeres no tengan que recurrir al doloroso dilema del aborto.
PRI respalda
Derivado de la iniciativa de decreto enviada por el Gobernador para modificar el artículo 342 del Código de Defensa Social la secretaría general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Lucero Saldaña Pérez, consideró que el tema del aborto debe ser asumido como un asunto de salud pública.
Estimó pertinente no castigar con pena corporal a las mujeres que practiquen este método bajo determinadas circunstancias.
Lucero Saldaña consideró que se trata de un asunto de dos, por lo que debe existir corresponsabilidad de la pareja y no penalizar exclusivamente a las mujeres.
De igual forma, dijo que tampoco es conveniente fijar altos montos económicos a manera de sanción, ello en alusión a la multa de 50 a 500 días de salario mínimo que se contemplaría aplicar, ya que muchas de las mujeres que abortan viven en situación económica precaria.
Por otra parte, se pronunció a favor de políticas públicas de salud orientadas a establecer acciones preventivas como las platicas de apoyo sicológico en torno al aborto, “se requieren soluciones alternativas de aplicación previa al aborto, estas son las más importantes”, dijo Lucero Saldaña.
De igual forma añadió que se tiene que reaccionar ante las presiones de la sociedad y de las propias mujeres en torno a la estigmatización del aborto, “que no que se tome a las mujeres como las únicas culpables, tenemos que cambiar esa perspectiva”, expresó.
En cuanto al proyecto de Ley relativo al aborto, mencionó que se requiere analizar para profundizar en el tema y no se quede solo en una iniciativa conservadora sino que se trate de entender situaciones reales y las causas que las originan, a fin de privilegiar uno de los principios de la justicia que consiste en la constante y firme voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.
