Puebla entró formalmente en el proceso electoral rumbo a los comicios federales del 2012 y quienes aspiran a ser senadores y diputados federales saldrán a la caza del voto. Los candidatos ofrecerán solventar añejos problemas de grupos sociales como el de los defraudados por Sitma e Invergrup, quienes una vez más, darán su voto a cambio de una promesa.
Han pasado más de dos años desde que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) clausuró las sucursales de Construcciones Mauri, S.A. de C.V., que opera bajo el nombre comercial Sitma Grupo Inmobiliario.
Desde entonces han muerto más diez personas que al verse timados sufrieron paros cardiacos o conforme pasaron los meses, se quedaron sin dinero para pagar sus tratamientos médicos.
Los demás han realizado un sinnúmero de manifestaciones bloqueando calles no sólo de la capital, sino del interior del estado y hasta han cerrado la circulación de la autopista Puebla- México, siendo desalojados por granaderos en varias ocasiones.
Han acudido al Congreso de la Unión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Congreso local, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ)y al Tribunal Superior del Justicia del estado (TSJ), y en ningún lugar les han resuelto su problema.
También han visto la histórica transición en Puebla de un gobierno priista a uno panista, pero lo que no han visto es el dinero que les robaron los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, ambos presos en el penal de San Miguel.
Cada día más desesperados los defraudados se fragmentan y líderes como Agustín Torres González, Alejandro Tapia Cortes, Alfredo Sánchez Fuentes y Martha Alatriste León, se acusan unos a otros de aprovecharse de sus compañeros con el cobro de cuotas para agilizar trámites.
El pasado 4 de octubre la Asociación Única de Defraudados liderada por Sánchez Fuentes bloqueó el bulevar 5 de Mayo y la 14 oriente, reclamando al gobernador Rafael Moreno Valle no haber cumplido su promesa de campaña, que fue la creación de un fondo emergente para restituirles el dinero.
La manifestación que fue dispersada por granaderos llevó a la cárcel al líder y a otros tres defraudados, quienes para ser liberados pactaron con la Secretaría General e Gobierno (SGG) esperar hasta el 18 de noviembre que se define el presupuesto 2012 en la Cámara de Diputados.
El incumplimiento en la promesa de campaña de Moreno Valle fue también el reclamo de Tapia Cortés, quien se manifestó la semana pasada frente al Congreso local en donde aseguró haber dialogado hasta cuatro veces con el gobernador Rafael Moreno Valle en sus actos de campaña cuando este era candidato de la coalición Compromiso por Puebla.
Recordó que tres días antes de la elecciones del 4 de julio del 2010, sus compañeros defraudados le preguntaron por quién votar, pese a ello negó haber sido el vínculo para utilizar políticamente a los afectados por inmobiliarias.
“Les dije: voten por quien gusten porque así debe ser. Si la gente en general votó por la Coalición Compromiso por Puebla fue por decisión personal y no por el movimiento, eso que quede muy claro. Si algunos se sintieron utilizados tendrán que responder porqué. No fuimos usados porque sabemos cómo está la situación política, sabíamos que era difícil la contienda y que la ciudadanía tenía que decidir no sólo los defraudados votamos por Moreno Valle sino todos. Que no obtuvimos los resultados que esperábamos es diferente”, dijo.
En el congreso del estado fue la presidenta del Comité de Gestoría y Quejas, la diputada Denisse Ortíz, quien escuchó a los defraudados pero la respuesta fue la misma que la del gobierno del estado, esperar hasta que se defina el presupuesto de 2012.
Los defraudados aseguran que lo único que les queda es regresar a las calles, manifestarse y exigir que el gobernador Rafael Moreno Valle los reciba, los escuche y les dé una solución o esperar que algún candidato al senado o a la cámara de diputados o hasta el aspirante a presidente los reciba para ayudarlos a cambio de su voto.
En este momento no han pensado en impedir la instalación de casillas del Instituto Federal Electoral (IFE) el día de la elección, como amenazaron en la pasada contienda y sólo esperan que alguien les dé una luz de esperanza.
En la pasada contienda electoral no sólo Moreno Valle realizó la promesa de ayudarles a recuperar su patrimonio a los defraudados, también el ex secretario de Gobernación (Segob) Mario Montero, quien fue aspirante a candidato del PRI por la alcaldía poblana, los utilizó para publicitarse anunciado avances en la creación de un fideicomiso de pago.
También el dirigente estatal del PRI Juan Carlos Lastiri, cuando fue coordinador de diputados federales se comprometió a impulsar un fondo de contingencia para resarcirles el daño patrimonial.
A los cinco meses de estar en la Cámara de Diputados, Lastiri se regresó a Puebla para relevar al entonces secretario de Desarrollo Social, Javier López, para que contendiera por el gobierno del estado y el compromiso quedó en el olvido. López Zavala en campaña también recibió las demandas de los defraudados prometiéndoles ayuda
¿Y ahora, de quien vendrá la promesa?…
