Secretario General del Movimiento Antorchista Nacion
El 23 de octubre de 2006, un grupo de más de tres mil chiapanecos sin vivienda se dirigieron al entonces gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, y a la Presidenta Municipal interina del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en demanda de una entrevista para plantearles el problema de viva voz y con más detalles. Nunca recibieron respuesta. Asesorados por gente que conoce el laberinto burocrático chiapaneco, se dirigieron a la Delegación Estatal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), entonces a cargo del Biólogo Adrián Méndez Barrera, para plantearle la misma petición, añadiendo su disposición de adquirir por su cuenta una superficie equivalente a la solicitada, para intercambiarla con CONANP, en caso de que quisiera ampliar el área de reserva ecológica. El delegado, con las reservas de ley, respondió más o menos en los siguientes términos: en virtud de que los demandantes mostraban una actitud racional al proponer pagar la parte que pudiera corresponderles; en virtud, además, de que el grave problema de vivienda en la zona era real y podía, de no atenderse, desencadenar una ola de invasiones incontrolables de áreas ecológicas, satisfaría la demanda con las superficies que quedaran libres después de “reajustar” el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”. A renglón seguido, nombró una comisión que, junto con los interesados, recorrió el área susceptible de donación y, en esa misma fecha, se escogió el terreno y se localizaron y fijaron los puntos perimetrales que lo delimitaban.
Al cambio de gobierno, el Biólogo Adrian Méndez Barrera creyó pertinente comunicar el acuerdo tanto al nuevo Gobernador como al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Se hizo así en una reunión presidida por el Licenciado Jaime Ramírez Maza, Jefe de Asesores del Gobierno del Estado, y todo mundo coincidió en que no había problema. Sobre esa base, siguieron corriendo los trámites y cubriéndose los requisitos faltantes. La idea era entregar el predio el 6 de junio de 2007, Día Mundial del Medio Ambiente; pero en virtud de que el decreto de desincorporación no estuvo listo a tiempo, se autorizó a los interesados, por parte de CONANP, a ocupar los terrenos. El 4 de julio de 2007, los solicitantes tomaron posesión del predio conocido como “El Salado Experimento”, ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, a las pocas horas recibieron la “visita” de 150 elementos de la policía estatal y 50 policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, los cuales, sin mayores averiguaciones, procedieron al desalojo. Nunca exhibieron la orden respectiva; se limitaron a decir que “obedecían órdenes superiores”. Y seguramente que esa era la verdad. A partir de ese momento, todo ha sido enredos, maniobras, mentiras descaradas y represión. Los agredidos reaccionaron con un plantón; hubo “negociaciones” en las cuales se trató de obligar a CONANP a desdecirse; pero tanto el Biólogo Adrian Méndez Barrera, ahora Director de Fortalecimiento de Operación de CONANP, como el nuevo delegado, Biólogo Francisco Javier Jiménez Gonzales, mantuvieron valerosamente su palabra. A los funcionarios estatales y municipales no les quedó más remedio que declararse a favor del pacto.
Pero los terrenos no se entregaron. Los solicitantes volvieron a plantarse el 22 de octubre y fueron violentamente desalojados el 1° de diciembre de 2007. Sin embargo, el gobierno ofreció, por escrito, cambiar el terreno “El Salado Experimento” por otro equivalente. Fueron y vinieron propuestas y, finalmente, se dijo que no había dinero para el cambio y que, por eso, se “accedía” a entregar el lote original. La condición: por razones de obra futura, se requiere la anuencia de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda (SEMADUVI). Esto se cumplió ya con creces pero, ahora, alegan que hay “¡nuevas observaciones!”. La verdad ha comenzado a salir a flote: pasa que el señor gobernador de Chiapas le tiene echado el ojo al predio “El Salado Experimento” para un “desarrollo inmobiliario” que le dejara pingües beneficios. Junto con esto, se trata de frenar el desarrollo de Antorcha Campesina, ya que el cacicazgo tradicional que manda desde siempre en Chiapas, ve a esa organización como “una piedra en el zapato”.
Dos hechos más. El 15 de mayo fue detenido y encarcelado José Padilla Aguilar, uno de los principales líderes de los solicitantes, cuyo domicilio fue previamente cateado para sembrarle droga y acusarlo falsamente de “narcomenudeo”. Pruebas: la orden de cateo fue liberada hora y media después de efectuado el registro; los primeros dos “testigos” equivocaron el domicilio del acusado, razón por la cual el Juez Primero de Distrito negó por dos ocasiones la orden de cateo. Se buscó a dos “nuevos testigos” que “sí viven cerca del acusado y lo conocen” pero que, en su declaración, no supieron el nombre completo del mismo y sólo aciertan a decir que se llama José. Por si hiciera falta, los abogados de José Padilla han comprobado que los domicilios que dieron son falsos: en uno vive una familia que dice desconocer a ambos; el otro es inexistente, pues habla del lote número 20 de una manzana que sólo tiene 18. Al mismo tiempo, la Procuraduría de Justicia de Chiapas ha comenzado a “citar” al presidente del Comité Estatal de Antorcha, Alejandro Vázquez Nájera, dizque para “revisar” viejos expedientes, todos ellos ya prescritos, que en su momento fueron otros tantos delitos prefabricados. No hay duda pues: en lugar de vivienda, guerra mediática sucia a cargo de medios y periodistas venales, amenazas de revivir averiguaciones falsas y encarcelamiento preventivo de un líder para escarmiento del resto. La lucha apenas se inicia y será dura; pero los antorchistas chiapanecos no están solos; sus compañeros del resto del país estamos ya alertados y atentos a lo que pueda sucederles; y dispuestos a emplearnos a fondo para hacer que se respete su derecho a la vivienda y, en su caso, su derecho a la protesta pública. Que conste.
