Ana Teresa Aranda pasó del dicho al hecho al presentar denuncia ante la Procuraduría General de Justicia contra quien resulte responsable de las amenazas de muerte que recibió en su casa la madrugada del 15 octubre, los hechos quedaron asentados en la averiguación previa 910/2011/DMZS.
La panista leyó un comunicado en el que condenó la actitud que ha tenido el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ante los amagos de los que ha sido sujeta, y exigió que la administración morenovallista tenga una actitud más seria e investigue el asunto en vez de asumir “acciones grotescas”, acusándola de querer elevar su popularidad atacando las instituciones.
Aseguró que las amenazas fueron orquestadas al interior de la administración estatal, no obstante, deslindó al gobernador Rafael Moreno Valle de dichas advertencias.
“Es preocupante que esto suceda, estoy convencida de que el autor material de este asunto no puede ser el Gobernador pero cuando se genera un clima de intolerancia, de represión y cuando no se aceptan opiniones diferentes, pues es muy fácil encontrar entre quienes conforman ese equipo un ánimo de cobrar venganza.
Creo que en Puebla debe haber una rectificación política, creo que necesitamos construir otro ambiente. Hago responsable al Gobierno del Estado de cualquier cosa que pudiera ocurrirme a mí, a mi familia, a mis amigos y a esta opción ciudadana que estoy construyendo”.
Tras lamentar las deplorables condiciones en las que trabaja la Procuraduría General de Justicia, la panista recibió un pase para ser analizada sicológicamente “para valorar su estado emocional”, diligencia a la que no se le puso fecha.
Focos Rojos
El presidente de la COPARMEX, Francisco Rodríguez Álvarez, sentenció que Puebla aún es un foco rojo en materia de impartición de justicia, por lo que enfatizó que el caso de Ana Teresa Aranda será fundamental para probar que la ley se respeta y se hace valer y no que la justicia opera a conveniencia de intereses personales de nadie.
“Hoy por hoy Puebla sigue siendo el estado 32 en impartición de justicia, legalidad y estado de derecho. Todos los señalamientos apuntan a que es un foco rojo sin duda y por mucho, lo que mina la competitividad; el indicador que más impacta es la del estado de derecho”.
Destacó que es cierto que la autoridad está cumpliendo en generación de infraestructura y otros rubros que abonan a mejorar los indicadores de competitividad “pero si no se manda un mensaje claro de legalidad y que la ley no está a disposición de unos cuantos es lamentable”.
(Con información de Erick Almanza)
