Aunque aprobar una nueva Ley de Transparencia, de avanzada y sin parches, es el compromiso de los integrantes de la 58 Legislatura para su tercer periodo de sesiones ordinarias que comienza este lunes, el proyecto que predomina y que será puesto a consideración del pleno es el que sugiere el Gobernador y que quizá solo reciba correcciones menores de los legisladores que dicen coincidir con la iniciativa.
De acuerdo a la presidenta de la Comisión en la materia, Josefina Buxadé Castelán, la iniciativa plantea ampliar la lista de sujetos obligados, entre ellos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los partidos políticos, así como la ampliación de las obligaciones de información pública como los gastos en medios de comunicación y los viajes de funcionarios o servidores públicos.
Sin embargo, a pesar de que los partidos políticos están incluidos y tienen obligaciones exclusivas en la ley en el artículo 22 de la propuesta, los institutos políticos no estarán obligados a hacer público su padrón de militantes.
En contra parte, la Buap estará obligada a cumplir con disposiciones exclusivas como el perfil profesional de los académicos de tiempo completo, el listado de profesores con licencia o en año sabático y los indicadores de las evaluaciones al desempeño de la planta académica y administrativa.
La legisladora admitió que el proyecto también sugiere la reserva de la información que se amplía a la posibilidad de 12 años y abre un periodo de restricción indeterminado para casos excepcionales en los artículos 35 y 36 así como que sindicatos y organizaciones no gubernamentales sean sujetos colaterales obligados a rendir cuentas, en caso de recibir recursos públicos, a conveniencia del gobierno en turno.
La propuesta también contiene la prueba de daño, la suplencia de la queja y la recepción de solicitudes de información por vía telefónica, entre otros. Aunque no contiene la afirmativa ficta, uno de los conceptos más peleados por los organismos expertos en la materia para obligar a los sujetos obligados a responder en tiempo y forma.
Aunque también se plantean cambios en la Comisión para el Acceso a la Información Pública pues sugiere sesiones privadas si así lo determina el Pleno además de que los sueldos de los comisionados se reducirán. El tabulador empleado antes era subsecretario y secretario. La modificación propone salarios de coordinadores y de subsecretario para el presidente. Además de se amplían las facultades del presidente de la CAIP a ejecutivas, Buxadé Castelán advirtió que de último momento podrían modificarse dichos lineamientos.
Destacó que el proyecto legislativo incluye propuestas la organizaciones Actívate por Puebla, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la propia Comisión de Acceso a la Información Pública.
La diputada destacó que los casos de opacidad en el Congreso y falta de transparencia en los partidos políticos siguen generando desconfianza entre la ciudadanía, por eso es momento de cambiar las reglas.
Prueba de fuego
En distintos medios y momentos, los dirigentes de los tres principales partidos políticos en la entidad, PRI, PAN y PRD, ya dijeron estar dispuestos a transparentar los recursos que reciben como parte de las prerrogativas para su funcionamiento a partir de que entre en vigor la nueva disposición pues consideran que es momento de transparentar las acciones que ejercen los partidos y, sobre todo, que la sociedad conozca a dónde van a parar sus recursos.
Juan Carlos Lastiri, Juan Carlos Mondragón Quintana y Miguel Ángel de la Rosa Esparza refirieron que las prerrogativas que reciben para su operación son destinadas para el pago de luz, teléfono, rentas y el pago de algunos salarios y para las campañas de promoción de sus respectivos partidos.
Aunque fueron renuentes a detallar cuánto perciben de dieta, los tres manifestaron que con la nueva ley de transparencia se podrá observar el desarrollo económico de los institutos políticos, el cual no tiene el objetivo de enriquecer a sus dirigentes sino llevar a sus candidatos a ganar elecciones para mejorar las condiciones de los poblanos.
Consideran que es momento de avanzar y erradicar la opacidad tanto del poder Legislativo como de los propios partidos políticos
Nuevas reglas
De acuerdo a datos publicados por el diario Cambio, la propuesta morenovallista establece en el capítulo II, artículo 11, la información de oficio que deberán contener los portales de transparencia de los tres Poderes, los 217 ayuntamientos, así como el resto de los nuevos sujetos obligados.
La fracción VI del mencionado artículo hace obligatoria la información relativa a sueldos (actualmente se informa solamente percepción bruta, sin desglose completo): “la remuneración mensual bruta y neta, de manera desglosada, de todos los niveles jerárquicos de la administración, en las diferentes formas de contratación, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación”.
La fracción VII requiere el desglose de gastos en viajes, la justificación y la estancia (dicha información ha sido reservada por la administración morenovallista mediante un acuerdo entre las dependencias): “Informe trimestral de los gastos erogados en viajes que incluya nombre y cargo de los servidores públicos de mandos medios y superiores, con el sitio y duración del encargo o comisión y el objetivo de la misma”.
La fracción VIII es referente al ejercicio del gasto y requiere en el inciso D, los gastos realizados por los sujetos obligados relativos a Comunicación Social. Esta información hasta el momento ha sido un tabú en los últimos años, y el morenovallismo aún no hace público tal gasto.
Entre las obligaciones se integra el informe sobre los avances de las obras contratadas y los convenios modificatorios que, en su caso, precisen el objeto y la fecha de su celebración, así como el padrón de proveedores y contratistas.
Entre las obligaciones exclusivas del Poder Ejecutivo se extienden para que incluyan los índices de incidencia delictiva, las estadísticas sobre averiguaciones previas y el listado de expropiaciones concluidas, que contenga la menos, fecha, domicilio y utilidad pública.
El Poder Judicial deberá agregar a sus obligaciones el resultado de las visitas de las instituciones penitenciarias, así como el monto y la periodicidad de los apoyos económicos y en especie otorgados a sus trabajadores en todos los niveles y tipo de contratación.
La Comisión de Derechos Humanos tendrá como información de oficio las recomendaciones emitidas, su destinatario y el estado que guarda cada proceso.
