Debido al recorte presupuestal que afectará a Puebla en 2012, el PRI reúne a ediles de todos los partidos políticos, incluido el de la capital, Eduardo Rivera Pérez, quien supuestamente esta misma semana se les unirá para manifestarse contra el ajuste que plantea la federación para el próximo año y que provocará una “crisis asfixiante” que no podrán sostener a corto plazo los munícipes.
El dirigente estatal del tricolor, Juan Carlos Lastiri Quirós, informó lo anterior al referir que ya elaboraron un documento dirigido al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y al presidente de la mesa directiva de la cámara baja del Congreso de la Unión, Emilio Chuayffet Chemoren el que plantean alternativas de solución para advertirles de los efectos adversos pues si los reclamos no son atendidos con prontitud, los 217 ayuntamientos serán víctimas de una distribución inequitativa de los ramos 33 y 28.
“Queremos que haya una conciencia justa, los desequilibrios económicos y la inequidad son muy marcados en el estado y principalmente en los municipios. Queremos que se revisen los esquemas de distribución y que haya una repartición justa”, subrayó.
Por su parte el presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín Espinoza, refirió que en el último trimestre de este año enfrentan ya severos problemas económicos para cubrir el pago de nómina y el abastecimiento de combustible para las unidades oficiales, y que un recorte para el próximo año les impedirá otorgar las aportaciones que solicitan sus gobernados para diversos problemas sociales.
Por eso los 17 presidentes municipales que ha reunido el PRI hasta ahora exigen una revisión minuciosa y conjunta de las tablas, porcentajes, reglas de operación y formulas que determinan la distribución de recursos a los municipios proveniente del presupuesto de egresos de la federación.
Tener acceso a más fondos que de igual forma les permita hacerse de más recursos para enfrentar temas como educación, generación de empleos, desarrollo sustentable y medio ambiente.
Procurar que los recursos que reciben para seguridad pública sean los idóneos y que puedan acceder a ellos para dar una respuesta puntual a sus representados.
Un trato equitativo para la toma de decisiones y corresponsabilidad en la obra que se ejecute de forma directa en sus territorios para que esta cumpla con sus fines.
Orientar las bolsas nacionales destinadas programas sociales para que los municipios sean tomados en cuenta para su aplicación.
Un trato respetuoso e igualitario en la asignación de recursos fiscales regulando el código fiscal de la federación en este sentido para reconocer al municipio y al estado como lo que es, generadores de la riqueza nacional y por lo tanto con derecho a ella. De igual forma que se contemple en la ley de coordinación fiscal este principio.
A su vez ello se comprometen a revisar la estricta observancia de las legislaciones aplicables en trasparencia y rendición de cuentas de su accionar público, para dar satisfacción a sus gobernados y a las instancias observadoras de la materia.
Fomentar la capacitación de la planta administrativa, ser responsables en el manejo hacendario sobre temas de estimular la recaudación de ingresos propios y ser cuidadosos en el endeudamiento para hacer de este algo útil y valioso evitando que se vuelva un lastre generacional.
Ofrecer a la ciudadanía seguridad jurídica para que pueda ejercer libre y eficiente su derecho a dedicarse a la actividad que más le convenga en el marco legal, evitando burocratismo o trabas oficiales.
Crear los mecanismos adecuados o bien fortalecerlos los ya existentes que permitan a la sociedad civil ser parte de la toma de decisiones creando políticas públicas modernas y que den respuesta a las necesidades.
Buscar la gobernabilidad como medio y la gobernanza como fin de una sociedad más justa y plena, que dejen como herencias a las siguientes generaciones.
