05-11-2026 07:39:07 AM

Sancionan a ERP con 15 años de inhabilitación y multa por 15 mdp; impugnará resolución

Por Karina Fernández

 

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) determinó sancionar con 15 millones de pesos y una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos al ex alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien advirtió que impugnará dicha resolución.

El periodista Alejandro Mondragón dio a conocer que el expresidente municipal de Puebla será sancionado por una serie de irregularidades cometidas en su última gestión municipal, que no fueron solventadas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El órgano fiscalizador habría remitido al tribunal el expediente correspondiente al inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contra el panista por los hallazgos no aclarados y que fueron calificados como faltas graves.

 

Irregularidades detectadas en sus cuentas públicas

 

De acuerdo al informe individual de la ASE correspondiente al ejercicio fiscal 2023, el gobierno de Eduardo Rivera tuvo 15 pliegos de observación que sumaban un posible quebranto financiero por 261 millones 290 mil pesos.

De su cuenta pública 2022 derivaron nueve pliegos de observación por irregularidades detectadas por un monto de 45 millones de pesos; por los cuales se desprendería la sanción económica y administrativa contra el exedil.

Mismas que alcanzarían a su exsecretario de Administración, Bernardo Arrubarrena, con una sanción por 10 millones de pesos e inhabilitación por 10 años.

Dicho personaje cobró relevancia por haber asignado contratos a conocidos, con total opacidad, entre estos, la consultora Sánchez y Sánchez Asesores, vinculada con Jesús Zaldivar.

 

Rivera niega mal manejo de recursos públicos; advierte impugnación

 

Rivera confirmó la sanción determinada por el TJA, al manifestar que fue notificado de una resolución que no es definitiva pues existen medios defensa a los que puede recurrir.

Defendió que su administración se condujo con estricto apego a la legalidad, pues la sanción no corresponde a un mal manejo de recursos públicos sino de un supuesto abuso de funciones que “no fue acreditado”.

Consideró que la resolución tiene un trasfondo político por el momento en que se emite, ya que le impediría participar por un cargo de elección en el proceso electoral inmediato y subsecuentes.

About The Author

Related posts