Hace cuatro años un 24 de abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó su Código Penal para aprobar la interrupción legal del embarazo (ILE) por decisión de la mujer hasta la semana 12 de gestación.
Esta decisión legislativa generó una andanada de críticas de grupos de conservadores y una serie de acciones legales en contra, que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien confirmó su legalidad resolviendo: Que la interrupción legal de embarazos (ILE) garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre el ejercicio de su maternidad y protege su derecho a la salud.
Y los resultados a la fecha efectivamente así lo revelan; en el Distrito Federal se ha logrado la protección de la salud de miles de mujeres que acuden, para que en condiciones seguras lleven a cabo la interrupción de su embarazo, de ahí que en el Distrito Federal no se ha vuelto a presentar ninguna muerte materna por un aborto inseguro.
Cuando las mujeres llegan a solicitar este servicio a las instituciones públicas que lo realizan, previo a la decisión, pasan por un área de consejería, toda vez que “a nadie se le obliga a abortar, la decisión de la embarazada es libre y se cumple con los criterios de elegibilidad que marca la ley” otorgándoseles tres opciones: Continuar sus embarazos, dar en adopción a su bebé o recurrir a la interrupción del embarazo (ILE).
Alrededor de 14 mil 400 mujeres que solicitaron el servicio no lo realizaron y continuaron con su embarazo; 56 mil 447 mujeres optaron por recibir un servicio seguro de interrupción legal de embarazo (ILE); y, no se ha reportado ningún caso en que la mujer embarazada decida dar en adopción a su bebé.
La Secretaría de Salud del D.F. informó que durante el primer año las instituciones de salud pública usaron como procedimiento de interrupción, los medicamentos y el legrado uterino instrumental, alrededor de 2 mil 999 procedimientos fueron así realizados; sin embargo, conforme se fueron ampliando los servicios y un mayor número de instituciones de salud lo realizan, aumentó de manera considerable el aborto legal con medicamentos, considerado el método más seguro. El método elegido por el 70% de usuarias es el uso de misoprostol.
Los datos revelan que de los 56 mil 447 mujeres usuarias, el 75% de usuarias son el Distrito Federal, 21% de Estado de México y 4% proceden de diversos estados de la República: Puebla, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Querétaro principalmente.
El 44.7% tenía de 18 a 24 años; 21.9%, de 25 a 29 años; el 13.7%, de 30 a 34 años; el 8.2%, de 35 a 39 años; 2.7%, de 40 a 44 años, y 3 mil 197 eran menores de edad. El 0.6% se realizó a niñas de de 11 a 14 años víctimas de violación sexual.
Ha sido necesario establecer servicios para jóvenes y adolescentes porque ellas han representado la mitad del total de usuarias.
Un dato fundamental es que de todas las interrupciones realizadas el 98% de mujeres han acudido acompañadas de su madre y el 83% aceptaron usar un método anticonceptivo después del procedimiento.
Y un dato sobresaliente: en México se observa una de las menores tasas de reincidencia de interrupciones de embarazos en el mundo, menos del 1%, lo que contrasta con el aborto legal en otros países donde las mujeres son “repetidoras” de este servicio, por ejemplo: en Suecia el porcentaje de repetición de abortos es de 38%, en China de 38.5%.
En contraste datos de la Secretaría de Salud Federal en un análisis elaborado por Ipas México, revelan que en la República Mexicana se registraron solo durante el año 2009, 180 mil ingresos hospitalarios por padecimientos vinculados con abortos inseguros, es decir, 484 pacientes al día, que por haberse practicado un aborto inseguro estuvieron en riesgo de perder la vida.
Tal vez por ello, el presidente nacional de PRI haya abierto el debate señalando que está de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a interrumpir un embarazo; espero que este no sea solo un discurso vacío.
Como vemos, la forma en que han sido llevados a cabo estos procedimientos en el Distrito Federal, reflejan -como bien se ha comentado- que cuando se separan las confusiones entre las creencias religiosas de la función pública, se logra desaparecer la “amenaza” de otorgar el ejercicio de sus derechos a las mujeres.
El desafío en el Distrito Federal es lograr que el 95% de los abortos legales sean farmacológicos y la Secretaría de Salud del DF, ha solicitado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la inclusión de los fármacos en el cuadro básico de medicamentos.
Si la maternidad y la paternidad es un proyecto de vida y no una obligación; una maternidad libre, informada y responsable es la mejor opción.
