Por Yasmin Flores Hernández
A usted que me escucha y me lee, quisiera comenzar esta columna con buenas noticias.
Quisiera contarle que una familia encontró a quien llevaba años buscando; que una mujer pudo volver a casa sin miedo; que nuestros jóvenes encontraron un empleo digno.
Desgraciadamente, hoy no puedo empezar por ahí.
Mire hacia donde vea, encuentro un país atravesado por la violencia: mujeres asesinadas, personas desaparecidas, familias que buscan en fosas lo que las autoridades no han sabido encontrar.
A esa realidad se suman la inseguridad y la incertidumbre de quienes trabajan y aun así no consiguen vivir mejor.
Y esta semana volvió a circular una noticia que hiela la sangre: un colectivo de búsqueda denunció haber recuperado alrededor de mil seiscientos dientes de leche en Zacapu, Michoacán.
Según sus integrantes, las piezas fueron reunidas durante distintos trabajos realizados desde 2021.
En la zona también reportaron restos óseos y señales de incineración.
No se ha presentado públicamente un dictamen que establezca a cuántos bebés o niños podrían corresponder las piezas dentales, si los restos calcinados les pertenecen o cómo murieron.
Esas preguntas exigen una investigación inmediata y una respuesta que el país pueda conocer.
Mientras las familias buscan a sus hijos y esperan respuestas sobre hallazgos como el de Zacapu, las cámaras del Congreso dedican tiempo a una reforma que generó inquietud por sus posibles efectos sobre los memes y la sátira, y a otra que pretende exigir la renuncia a una segunda nacionalidad para aspirar a determinados cargos.
Esas decisiones revelan las prioridades del poder.
Hace falta la misma urgencia legislativa e institucional frente a las desapariciones, los asesinatos de mujeres, la violencia y la falta de empleos dignos.
Lamento traerle noticias tan dolorosas.
Yo también quiero un México en el que quepamos todos, donde la justicia, la equidad y el bienestar se puedan vivir, y no solamente prometer.
Precisamente por eso tenemos que mirar de frente lo que está ocurriendo.
Comencemos por Zacapu.
Mil seiscientos dientes de leche.
Repita conmigo esas palabras y piense en lo que evocan.
El primer diente que se mueve, el que un niño guarda en la palma de la mano y corre a enseñarle a su madre, el que deja debajo de su almohada esperando al ratón Pérez.
Un recuerdo pequeño de una infancia que debería transcurrir entre juegos, escuela y abrazos.
Es difícil leer esa cifra sin sentir dolor.
Es imposible escucharla sin exigir saber la verdad.
El número proviene del testimonio de integrantes del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México.
La buscadora Margarita López ha explicado que las piezas fueron recuperadas durante distintas jornadas, a lo largo de varios años.
No puede afirmarse que representen a mil seiscientos menores, ni se ha demostrado públicamente a quiénes pertenecieron los restos óseos o qué ocurrió en ese lugar.
Cada pieza debe ser estudiada y cada conclusión debe sostenerse en pruebas.
La falta de conclusiones periciales no reduce la indignación que provoca esta denuncia.
Se han reportado dientes de leche y restos calcinados en un sitio de búsqueda.
¿Cómo puede un país escuchar eso sin sentir dolor y rabia?
Si hay bebés o niños entre las víctimas, debe establecerse quién les hizo daño, quién participó, quién lo permitió y si alguna autoridad omitió actuar.
Las responsabilidades deben tener nombres y estar sustentadas en pruebas.
Al Estado le corresponde responder también por sus propias acciones:
¿Cuándo tuvo conocimiento de lo que sucedía en ese lugar?
¿Qué hizo para impedirlo y qué ha hecho desde que recibió la denuncia?
La precisión pericial es indispensable.
También lo es la urgencia moral.
Zacapu no puede convertirse en una noticia que estremeció al país durante una semana y después cayó en el olvido.
Las autoridades deben informar cuántas piezas recibieron, cómo fueron resguardadas, qué estudios se practicaron, cuáles son sus resultados y qué falta para intentar identificar a quienes pudieron estar ahí.
Si un dato difundido es incorrecto, deben aclararlo con evidencia. Si se acredita la comisión de delitos, deben investigar hasta establecer responsabilidades.
Y existe una herramienta que tendría que ayudar en esa tarea.
Se llama Banco Nacional de Datos Forenses.
La ley prevé que concentre información útil para buscar e identificar personas, incluida información genética, de modo que pueda cotejarse con los datos de familiares y de restos sin identificar.
La obligación de contar con ese sistema nacional ya existe.
La pregunta es por qué todavía no funciona con la información completa que necesitan las familias.
En mayo de 2026, la secretaria de Gobernación reconoció que solo cuatro entidades habían aportado información completa al Banco Nacional de Datos Forenses.
Cuatro de treinta y dos.
Un perfil genético puede abrir una vía de identificación; para aprovecharla se necesitan muestras bien preservadas, registros confiables, peritos y bases que puedan cotejarse.
Cada estado que falta retrasa una posibilidad de respuesta.
¿Dónde están las instituciones de derechos humanos ante la denuncia concreta de Zacapu? ¿Dónde está la ONU frente a los indicios que las madres buscadoras dicen haber recuperado?
Este caso merece que se solicite información a las autoridades mexicanas, que se vigilen los trabajos de identificación y que se escuche directamente al colectivo.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ya ha advertido sobre la gravedad de la crisis nacional, pero no encontré un pronunciamiento suyo que determine qué ocurrió en este predio. Precisamente por eso, Zacapu no debe diluirse en una declaración general sobre México: requiere atención a sus hallazgos, sus expedientes y sus familias.
Si los peritajes revelan hechos que pudieran formar parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil, corresponderá investigarlos también bajo el marco jurídico de los crímenes de lesa humanidad.
Esa calificación exige acreditar elementos específicos; no se obtiene por la sola magnitud del horror.
Las autoridades deben reunir las pruebas que permitan establecer qué delitos se cometieron en Zacapu, quiénes participaron y si existen vínculos con otros hechos.
La Fiscalía General de la República informó el 18 de septiembre que sostuvo una reunión con integrantes del colectivo.
Esa reunión puede ser un comienzo.
No puede convertirse en la respuesta final.
Una mesa de trabajo no identifica restos, no resuelve una carpeta de investigación y no devuelve a un hijo a su familia.
Detengámonos un momento en quienes hicieron la denuncia.
Una madre debería poder acudir a una autoridad, contar lo que sabe y confiar en que esa autoridad hará todo lo necesario para encontrar a su hijo. En México, demasiadas familias han tenido que aprender a recorrer terrenos, reconocer indicios y exigir que los restos sean examinados. Han tenido que insistir para que la investigación no se detenga.
¿En qué momento aceptamos que buscar a los desaparecidos se volviera una carga cotidiana de quienes ya sufren su ausencia?
La denuncia de Zacapu exige respuestas institucionales.
También nos enfrenta a nuestra propia capacidad de asombro.
¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de una fosa y hemos seguido con nuestra vida porque ya no sabemos cómo soportar otra noticia semejante?
Entiendo ese cansancio.
Lo que me niego a aceptar es que terminemos acostumbrándonos.
Los datos muestran hasta qué punto se ha roto la confianza en la justicia.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2026 estimó que durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos y que en 11.7 millones de hogares al menos una persona fue víctima de alguno.
Según el INEGI, 93.4 % de esos delitos no se denunció o no dio lugar a una carpeta de investigación.
Esta encuesta no mide con esas cifras las desapariciones ni los feminicidios; revela la distancia entre millones de víctimas y las instituciones que deberían atenderlas.
Detrás del porcentaje hay personas que tienen miedo, que creen que denunciar será inútil o que ya acudieron antes a una fiscalía y no encontraron respuesta.
Por eso no basta con afirmar que se combate la inseguridad.
Hay que preguntar cuántas investigaciones avanzan, cuántas familias reciben información y cuántos responsables enfrentan a la justicia.
Y mientras esas preguntas siguen abiertas, el Congreso discute qué puede hacerse con la imagen del poder.
Una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial abrió una controversia sobre los memes, las caricaturas y la parodia política.
Su propósito declarado es combatir la piratería y el uso fraudulento de identidades oficiales.
Perseguir a quien fabrica una página falsa para engañar a la ciudadanía tiene justificación.
La preocupación surgió por la redacción propuesta para el artículo 403 Bis, que contemplaba penas de prisión para determinadas formas de uso o imitación de la identidad gráfica institucional.
Legisladores advirtieron que podía alcanzar expresiones satíricas; quienes defendieron el dictamen lo negaron.
Tras las críticas, las comisiones del Senado modificaron el texto para acotar la conducta sancionada.
Digámoslo claramente: una disposición penal que permita perseguir a alguien por un meme o una parodia política vulneraría la libertad de expresión.
Hoy no existe una prohibición general de hacer memes.
Eso no libera al Congreso de su obligación de redactar la ley de manera que nadie pueda confundir una crítica con una suplantación destinada a defraudar.
Si los políticos no quieren aparecer en memes o sátiras, que se porten bien.
Que dejen las corruptelas, expliquen sus decisiones y se pongan a trabajar.
Nadie adquiere el derecho a no ser ridiculizado cuando recibe un cargo público.
Al contrario: adquiere la obligación de responder ante una ciudadanía que puede cuestionarlo con argumentos, denuncias, caricaturas y también con humor.
Una página que imita a una dependencia para robar datos merece una investigación.
Una caricatura que utiliza un símbolo oficial para denunciar una irregularidad merece protección.
Si una norma penal no distingue esos casos con claridad, el daño puede empezar mucho antes de una sentencia: con una denuncia, los gastos de una defensa y el temor de volver a publicar.
¿A quién le conviene que la gente tema reírse del poder?
A quien ejerce el poder.
Por eso no basta con que los legisladores prometan que jamás se perseguirá la sátira. Deben garantizarlo en el texto definitivo.
También se discute quién puede aspirar a gobernarnos.
El 23 de septiembre, la Cámara de Diputados informó que aprobó una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
La propuesta exige que quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no conserven otra nacionalidad.
En lo general recibió 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención; pasó al Senado y contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028.
Todavía no es una reforma vigente.
Sus promotores hablan de lealtad a México.
¿Quién ha demostrado que tener dos nacionalidades vuelve desleal a una persona?
¿Desde cuándo renunciar a un pasaporte garantiza honestidad o respeto a la Constitución?
Si existe un conflicto de interés concreto, debe investigarse.
Presumir que todas las personas con doble nacionalidad representan ese riesgo exige una justificación mucho más sólida.
Y si de lealtad se trata, pongamos la pregunta donde corresponde:
¿Cómo se mide la lealtad de Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Adán Augusto López, Mario Delgado, Marina del Pilar Ávila, Rocío Nahle y Andrés Manuel López Beltrán?
A quienes gobiernan o ejercen poder político hay que exigirles cuentas sobre sus decisiones, sus resultados y su respuesta frente a la violencia y las necesidades de la población.
Mencionar sus nombres no equivale a atribuirles un delito.
Equivale a recordar que el escrutinio debe comenzar por quienes ya tienen poder, y no concentrarse en la nacionalidad de quienes podrían aspirar a él.
La lealtad a México se demuestra cumpliendo la ley, protegiendo a la población, administrando con honestidad y rindiendo cuentas.
Renunciar a un pasaporte no garantiza nada de eso.
Antes de convertir la doble nacionalidad en una sospecha constitucional, el Congreso tendría que preguntarse qué resultados está exigiendo a quienes hoy toman decisiones en nombre del país.
Ahí está el hilo que une al Congreso con el empleo, la inversión y el bienestar.
Las prioridades políticas se sienten fuera del recinto legislativo.
Un país necesita libertad para cuestionar al poder; necesita seguridad para que sus habitantes puedan vivir y trabajar; necesita instituciones capaces de generar confianza en quienes quieren iniciar un negocio o invertir.
No podemos separar esas condiciones y después preguntarnos por qué el crecimiento no llega a todos.
Las cifras económicas exigen honestidad.
El INEGI reportó que el producto interno bruto creció 1.4 % frente al trimestre anterior entre abril y junio de 2026. El IMSS registró 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo al cierre de agosto. Hubo crecimiento y hubo empleo registrado.
También hubo 33.1 millones de personas trabajando en la informalidad durante el segundo trimestre: el 55.1 % de la población ocupada y cerca de 495 mil más que un año antes.
Otros 4.1 millones de personas estaban subocupadas: necesitaban y podían trabajar más horas de las que su empleo les ofrecía.
Ahí se encuentra el estancamiento que viven millones de familias: en la distancia entre tener alguna ocupación y contar con un trabajo que permita construir una vida estable.
La inversión extranjera ofrece otro ejemplo de esa distancia entre el titular y la realidad completa.
La Secretaría de Economía informó que México recibió 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026, un máximo para ese periodo.
Pero 30 mil 957 millones, el 88.5 %, fueron utilidades reinvertidas por empresas que ya operaban aquí. Las nuevas inversiones sumaron 2 mil 726 millones, apenas el 7.8 % del total.
Que las empresas instaladas reinviertan es valioso.
También debemos preguntar por los proyectos que todavía no llegan.
Las nuevas inversiones extranjeras registradas en el primer semestre disminuyeron frente al mismo periodo de 2025.
Esa debilidad no puede atribuirse a una sola causa; merece atención cuando hablamos de las oportunidades que el país podrá ofrecer mañana.
¿Quién decide abrir una empresa sin preguntarse si podrá operar con seguridad?
¿Quién contrata sin pensar en el futuro de su negocio?
¿Qué significa hablar de bienestar a una mujer que teme regresar a casa, a una familia que busca a su hijo o a una persona que trabaja toda la semana sin alcanzar estabilidad?
México no está detenido en todos sus indicadores.
Está atorado en convertir el crecimiento en seguridad, justicia y oportunidades compartidas.
Sigue viviendo con desapariciones, asesinatos de mujeres y familias que buscan en la tierra respuestas que debieron encontrar en las instituciones.
Ninguna cifra favorable borra esa realidad.
En Zacapu hacen falta resultados periciales y explicaciones públicas.
Hace falta que el Banco Nacional de Datos Forenses reúna información de todas las entidades y que los cotejos se hagan con rigor.
En la reforma sobre identidad gráfica hace falta proteger sin ambigüedad la libertad de expresión. En la discusión sobre nacionalidad hacen falta razones constitucionales y rendición de cuentas de quienes ejercen el poder.
En la economía hacen falta condiciones para crear más oportunidades y para que trabajar permita vivir con dignidad.
A usted que me escucha y me lee, le confieso que también quisiera terminar con una buena noticia.
Pero una buena noticia no se fabrica para cerrar una columna con optimismo.
Tiene que ocurrir en la vida de las personas.
Ocurrirá cuando una madre buscadora reciba una respuesta fundada sobre el destino de su hijo.
Cuando una mujer pueda regresar a casa sin miedo.
Cuando un bebé y un niño estén a salvo.
Cuando trabajar permita construir un futuro.
Cuando podamos reírnos del poder sin temer que alguien quiera llevar esa risa ante un juez penal.
Mientras ese país no llegue, seguiré preguntando:
¿Qué se encontró realmente en Zacapu?
Si esos indicios pertenecen a bebés o niños:
¿Quién les hizo daño y quién permitió que ocurriera?
¿Dónde están quienes nos faltan?
¿Y por qué, ante preguntas tan urgentes, las respuestas del poder siguen tardando tanto?
Con las niñas y los niños, no. Su vida y su dignidad jamás pueden quedar sepultadas bajo el silencio.
