Por Yasmin Flores Hernández
Durante décadas, las mujeres hemos peleado por ocupar espacios que durante demasiado tiempo nos fueron negados.
Peleamos por votar, por ser votadas,por entrar a las universidades, por llegar a los congresos, por encabezar secretarías, por dirigir instituciones y por sentarnos en las mesas donde se toman las decisiones.
Nos dijeron durante años que esos lugares pertenecían a los hombres y demostramos que no.
Por eso resulta particularmente desconcertante que, cuando algunas mujeres finalmente llegan a posiciones de poder, aparezca nuevamente un hombre detrás de ellas decidiendo quién entra, quién sale, con quién se reúnen, quién merece ser escuchado y hasta cómo debe funcionar el espacio que formalmente encabezan.
Entonces, vale la pena hacer una pregunta incómoda:
¿Para eso luchamos?
¿Para desplazar el patriarcado de los organigramas pero permitir que regrese por la puerta de atrás?
Porque una cosa es compartir la vida con alguien y otra muy distinta permitir que la pareja se convierta en filtro, operador político, jefe informal o poder detrás del poder.
Y en Puebla hay, por lo menos, dos historias que obligan a hablar de ello.
Una ocurre en la política.
La otra, mucho más delicada, dentro de la institución encargada de procurar justicia a las mujeres.
El primer caso: Laura Artemisa
Laura Artemisa García Chávez, actual secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado, es desde hace meses uno de los nombres que aparecen en la carrera por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla.
No es ningún secreto.
Su nombre aparece en mediciones, reuniones políticas, recorridos y publicaciones rumbo al proceso electoral de 2027.
El problema no es que aspire.
Tiene todo el derecho.
El problema podría estar en cómo está construyendo esa aspiración.
Porque para llegar a Laura Artemisa, según distintas experiencias que esta columnista ha conocido y documentado, primero hay que pasar por filtros.
Y uno de esos filtros tiene nombre:
Alejandro Sedeño Camarillo, su esposo y también señalado públicamente como uno de sus operadores políticos.
El semestre pasado esta columnista realizó, con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, un ejercicio académico al que fueron invitados distintos personajes de la vida pública.
Entre ellos se contempló a la maestra Laura Artemisa.
La invitación era sencilla: conversar con un grupo de alumnos.
Quince días después llegó la respuesta:
“Me comenta el coordinador general que sí es factible, siempre que sea un encuentro un poco más amplio con la comunidad estudiantil, hablando del mismo tema y alguno más”.
La respuesta de esta columnista también fue sencilla: gracias, pero el periodo del ejercicio ya había terminado.
Y la anécdota parecería insignificante si fuera la única.
No lo es.
Tengo documentados al menos otros dos casos en los que personas que buscaban acercarse a la secretaria terminaron encontrándose primero con el filtro de su esposo.
Y ahí está el error político.
Porque una campaña —formal o informal— se construye sumando.
Uno por uno, grupo por grupo, salón por salón y persona por persona.
Si a usted lo invitan a una fiesta, difícilmente respondería:
“Voy, pero solamente si me garantizan determinado número de invitados”.
Usted también es el invitado.
En política ocurre exactamente lo mismo.
Quien quiere gobernar una ciudad debe estar dispuesto a escuchar tanto a un auditorio de quinientas personas como a un salón de treinta jóvenes.
Porque nunca se sabe dónde está la persona que mañana puede convertirse en promotora, defensora, crítica o multiplicadora de un proyecto.
Los tiempos de las comitivas inaccesibles y de los personajes rodeados por veinte filtros deberían haber terminado.
Y más todavía en Morena, un partido que construyó buena parte de su discurso precisamente alrededor de la cercanía con la gente.
Laura Artemisa tiene cualidades, estructura y posibilidades reales, pero una candidatura no se construye únicamente desde arriba.
Se edifica entendiendo que nadie es demasiado pequeño para ser escuchado.
Y mientras algunos siguen seleccionando con quién vale la pena sentarse, otros ya aprendieron la lección.
La gente que opera para “La Bonita” —y ella misma— parece haber entendido algo elemental: a quien se acerca, se le suma.
Porque en política la soberbia resta muchísimo más rápido de lo que cualquier estructura puede sumar.
Y quizá alguien debería recordarle al círculo de Laura Artemisa que los aires de grandeza pertenecen a otra época.
Muchos de quienes hoy hacen política en Puebla conocieron muy bien aquellos tiempos.
Algunos estuvieron en Nueva Alianza junto a personajes como Cirilo Salas o Guillermo Aréchiga.
Después vino el morenovallismo y una forma de ejercer el poder que durante años convirtió la distancia y los filtros en método político.
¿De verdad no aprendieron nada?
Pero si este primer caso resulta políticamente torpe, el segundo es infinitamente más preocupante.
Porque ahí ya no hablamos de una candidatura.
Ni de quién consigue o no una reunión.
Hablamos de mujeres víctimas de violencia.
Hablamos de feminicidios.
Hablamos de Ministerios Públicos.
Hablamos de investigaciones.
Y hablamos de la Fiscalía General del Estado.
El segundo caso: la Fiscalía de Género
Otra mujer ocupa hoy uno de los espacios institucionales más sensibles de Puebla.
Karla Michelle Salas Sánchez encabeza la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
Una institución cuya razón de existir es precisamente proteger a las mujeres frente a distintas formas de violencia.
Y, sin embargo, la información, documentos, audios, videos y testimonios obtenidos por esta columnista dibujan una realidad que merece ser investigada.
Porque nuevamente aparece un hombre.
Y nuevamente aparece una pareja.
Su nombre es Israel Valdez Cruz.
Y para comprender lo que sucede actualmente dentro de esa Fiscalía hay que regresar algunos meses.
A enero de este año.
Cuando trabajadores de la propia institución decidieron hablar.
Israel Valdez: el problema que no terminó cuando dejó el cargo
En enero de este año ya había una señal de alarma.
El periodista Edmundo Velázquez publicó en Periódico Central que personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres denunció violencia institucional, hostigamiento, condicionamientos laborales y falta de insumos.
En el centro de aquellos señalamientos estaba Israel Valdez Cruz, entonces encargado del área.
Los trabajadores denunciaron, entre otras cosas, presiones para cumplir determinadas metas semanales de judicializaciones y determinaciones, así como restricciones en periodos vacacionales.
No estamos hablando de algo que esta columnista descubrió apenas ahora.
Ya había sido denunciado públicamente.
Después vino su salida de aquella responsabilidad.
Y cualquiera podría pensar que ahí terminó el problema.
Pero no.
Ahí es donde, de acuerdo con la documentación, los testimonios y el material al que esta columnista tuvo acceso, empieza la parte verdaderamente interesante.
Porque Israel Valdez dejó el cargo.
Pero aparentemente no dejó el poder.
Después de aquella crisis fue trasladado al área de Delitos contra la Familia y posteriormente llegó como Ministerio Público al área de Feminicidios.
Hasta ahí podría tratarse simplemente de movimientos internos propios de cualquier institución.
El problema comienza cuando revisamos quiénes ocupan posiciones estratégicas alrededor suyo y escuchamos lo que cuenta el propio personal de la Fiscalía.
Ahí aparecen dos nombres:Tonatiuh Gutiérrez Sánchez, en la coordinación de Investigación y Marco Andrés Hernández Campos, al frente de Feminicidios.
Según la información recabada para esta columna, ambos forman parte del círculo cercano de Israel Valdez y determinadas decisiones internas continuarían pasando por él.
Es decir: cambió el puesto, cambió la oficina.
Pero no necesariamente cambió quién da las instrucciones.
Y si eso es así, la pregunta es inevitable:
¿Para qué retirar a una persona de una responsabilidad si después se le permite reconstruir desde abajo la misma estructura de influencia?
La pareja que protege: y aquí volvemos a Karla Michelle Salas Sánchez.
La propia Fiscalía General del Estado la reconoce oficialmente como encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
Pero la historia que cuentan documentos, audios y personal entrevistado por esta columnista va mucho más allá del organigrama.
Karla Michelle Salas e Israel Valdez mantienen una relación sentimental.
Y aquí quiero ser muy clara: nadie cuestiona con quién decide compartir su vida una funcionaria pública.
Ese no es el asunto.
El problema comienza cuando una relación personal presuntamente empieza a tener consecuencias dentro de una institución.
Cuando aparecen protecciones, cuando se toleran comportamientos, cuando determinados personajes conservan influencia a pesar de señalamientos previos, cuando los grupos internos entienden que acercarse a una persona significa tener acceso a otra.
Entonces deja de ser una historia privada.
Se convierte en un posible conflicto en el ejercicio del poder público.
Y volvemos al principio de esta columna.
¿De qué sirvió que durante tantos años las mujeres lucháramos por llegar a posiciones de decisión si, una vez ahí, permitimos que nuevamente sea un hombre quien termine ejerciendo poder a través de nosotras?
No se trata de sustituir un patriarcado institucional por un patriarcado de pareja.
Los amigos también cuentan
Pero la red no termina ahí.
De acuerdo con la documentación a la que esta columnista tuvo acceso, dentro de esta estructura también han encontrado acomodo personajes cercanos a quienes hoy controlan espacios estratégicos.
Y del lado de Karla Michelle Salas aparece otro nombre: Yasmín Nicanor.
Personal entrevistado la identifica como una persona cercana a la fiscal especializada y la ubica dentro de la estructura relacionada con las Casas Carmen Serdán.
Y aquí el tema adquiere una dimensión todavía mayor.
Porque las Casas Carmen Serdán no son un proyecto menor.
El propio Gobierno del Estado las presenta como espacios para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, con atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento, canalización a refugios y equipos multidisciplinarios.
Tan solo este año el Gobierno estatal ha presumido cientos de miles de atenciones y una inversión de recursos públicos considerable en este modelo.
Estamos hablando, entonces, de uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Alejandro Armenta en materia de protección a las mujeres.
Por eso cualquier sospecha de que estos espacios puedan convertirse en lugares para acomodar amistades, cuotas o cercanías personales tiene que revisarse con lupa.
Porque las Casas Carmen Serdán no pertenecen a Karla Michelle.
No pertenecen a Israel Valdez, no pertenecen a ningún grupo.
Pertenecen a las mujeres de Puebla.
El costo interno.
Pero toda estructura de poder tiene consecuencias.
Y algunas se miden en expedientes.
Otras se miden en personas.
Durante las entrevistas realizadas para esta columna escuché una historia que se repite con demasiada frecuencia: gritos, presiones, descalificaciones, regaños frente a compañeros, hostigamiento, formas agresivas de dirigirse al personal y desgaste.
Mucho desgaste.
El personal con el que esta columnista tuvo oportunidad de conversar describe a Karla Michelle Salas como una superior conflictiva en el trato cotidiano y señala que la presión ejercida sobre algunos trabajadores ha llegado a niveles preocupantes.
Uno de los episodios documentados involucra a una colaboradora que terminó requiriendo atención hospitalaria después de una crisis.
También están los casos de servidoras públicas que solicitaron cambios de adscripción por diferencias con la titular.
Entre los nombres que aparecen en la información recabada están Mónica Díaz Carvajal, Norma, Celia y Diana.
Pero quizá la cifra que más debería preocupar a la fiscal general Idamis Pastor es otra: de acuerdo con información interna obtenida para esta columna, alrededor de 15 Ministerios Públicos han dejado esa Fiscalía, han solicitado cambio o han sido movidos durante este periodo.
Quince.
Como si a Puebla le sobraran agentes del Ministerio Público especializados, como si las agencias estuvieran vacías de asuntos, como si las víctimas pudieran esperar meses para recibir atención.
Si la cifra es incorrecta, será muy sencillo desmentirla: que la Fiscalía publique cuántos agentes estaban adscritos cuando Karla Michelle Salas asumió la responsabilidad, cuántos permanecen actualmente y cuántos solicitaron cambio.
La transparencia tiene una enorme ventaja: acaba con los rumores.
Pero cuando una institución guarda silencio, los rumores empiezan a parecerse demasiado a las preguntas.
Una contradicción difícil de explicar
Y aquí aparece una de las paradojas más fuertes de toda esta historia.
La Fiscalía Especializada de Género existe para investigar la violencia cometida contra las mujeres.
Su propia titular aparece públicamente presentando resultados en materia de protección, investigación y sanción de delitos contra ellas.
Entonces resulta inevitable preguntar:
¿Cómo puede una institución que exige a la sociedad erradicar la violencia permitir que desde dentro sus propias trabajadoras denuncien presión, hostigamiento, humillaciones o malos tratos?
¿Cómo podemos hablar de sororidad hacia afuera mientras las mujeres que trabajan adentro aseguran vivir exactamente lo contrario?
¿De qué sirve colocar mujeres en puestos de poder si algunas reproducen las mismas prácticas que durante décadas criticamos en los hombres?
El género de quien ejerce el poder no convierte automáticamente ese poder en justo.
Una mujer también puede ejercer violencia.
Una mujer también puede abusar de una posición jerárquica.
Una mujer también puede construir grupos.
Y una mujer también puede terminar protegiendo prácticas que contradicen exactamente aquello que su institución debería combatir.
Y ahora hablemos de feminicidios.
Hasta aquí podríamos pensar que estamos frente a una historia de conflictos laborales.
No lo estamos.
Porque hay otro asunto todavía más delicado.
Las cifras.
Durante los últimos meses el Gobierno del Estado ha presumido reducciones importantes en la incidencia de feminicidios.
En marzo se habló de una reducción del 40 por ciento; en julio, del 66.6 por ciento; y para agosto el discurso oficial aseguró una disminución del 80 por ciento durante el primer semestre de 2026 frente a 2024.
Ojalá esas cifras representen realmente menos mujeres asesinadas.
Ojalá.
Pero personal de la propia Fiscalía hizo llegar a esta columnista información que obliga a preguntar cómo se construyen esos números.
El señalamiento consiste en lo siguiente: cuando se conoce un hecho que eventualmente podría constituir un delito, existen asuntos que inicialmente son registrados mediante un Expediente de Atención Temprana, conocido internamente como EAT.
Eso, por sí mismo, no constituye ninguna irregularidad.
El problema estaría según los testimonios recabados—en utilizar esa vía en casos que presentan elementos que deberían provocar desde el inicio una investigación exhaustiva bajo perspectiva de género, especialmente cuando se trata de muertes violentas de mujeres.
¿Por qué importa?
Porque la clasificación inicial de un asunto puede tener efectos en la manera en que los casos aparecen temporalmente dentro de determinados registros y estadísticas.
Y aquí quiero hacer una precisión fundamental: esta columnista no afirma que toda apertura mediante EAT tenga como objetivo ocultar un feminicidio.
Lo que sí afirmo es que existen testimonios internos que señalan esa práctica y, por lo tanto, corresponde a la Fiscalía explicar exactamente cómo opera el sistema.
Sobre todo después de conocer lo que ocurrió con Karla Valeria Jiménez Sánchez.
Karla Valeria tenía solamente 22 años.
Fue localizada sin vida a finales de julio en el domicilio en el que vivía con su pareja y su hijo.
En un primer momento, el caso fue manejado bajo la hipótesis de suicidio.
Su familia no lo creyó.
Protestó, exigió perspectiva de género, exigió que se investigara como feminicidio.
Y existe un dato documental imposible de ignorar: el expediente difundido públicamente comenzó con la nomenclatura FGEP-EAT-FIDVCGM-FEMI-L-
Durante días la familia insistió.
Hubo manifestaciones, hubo presión pública, hubo medios siguiendo el caso.
Hasta que ocurrió el giro.
El 18 de agosto, la propia Fiscalía confirmó que la muerte de Karla Valeria no había sido un suicidio.
Era un feminicidio.
Su esposo fue detenido como presunto responsable y la investigación estableció que habría intentado simular que la joven se había quitado la vida.
Y entonces aparece la pregunta que ninguna estadística puede contestar:
¿qué habría ocurrido si la familia de Karla Valeria se hubiera quedado callada?
¿Qué habría sucedido si su madre no hubiera protestado?
¿Qué habría pasado si los medios no hubieran cubierto el caso?
¿Qué ocurre con las mujeres que no tienen una familia capaz de cerrar una calle, convocar periodistas o convertir su historia en noticia?
La justicia no puede depender de volverse mediática.
Cuando los números no cuentan toda la historia
Aquí también vale la pena mirar hacia afuera de la Fiscalía.
El Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla tiene precisamente como objetivo monitorear, sistematizar, analizar y visibilizar la violencia social y de género en el estado. Entre sus líneas de investigación se encuentran los feminicidios.
En septiembre de 2025, el propio Observatorio reportó más de 240 probables feminicidios registrados entre 2021 y 2025.
Por eso, cuando las cifras provenientes de organizaciones, universidades, colectivos y autoridades no coinciden, lo correcto no es descalificar a unos o celebrar automáticamente a otros.
Lo correcto es abrir los datos.
¿Cuántas muertes violentas de mujeres ha recibido la Fiscalía durante 2026?
¿Cuántas comenzaron mediante EAT?
¿Cuántas terminaron convertidas en carpetas de investigación?
¿Cuántas fueron investigadas desde el primer momento bajo protocolo de feminicidio?
¿Cuánto tiempo transcurrió entre una clasificación y otra?
¿Cuántos casos cambiaron de hipótesis después de protestas públicas o cobertura mediática?
Esas preguntas no son ataques.
Son preguntas elementales en un Estado que presume resultados.
Porque las estadísticas sirven para evaluar políticas públicas.
No para construir discursos.
Y cuando hablamos de mujeres asesinadas, maquillar un número si alguien llegara a hacerlo no sería solamente una irregularidad administrativa.
Sería volver invisible a una víctima.
Y eso también es violencia.
Fiscal Idamis Pastor: mire hacia adentro
Y aquí llegamos al punto en el que esta historia deja de pertenecer solamente a Karla Michelle Salas e Israel Valdez.
Porque la Fiscalía General del Estado tiene titular.
Y se llama Idamis Pastor Betancourt.
Una mujer que ha sido clara, firme y que, guste o no a sus críticos, ha sido quien ha dado la cara públicamente por una institución sometida permanentemente al escrutinio.
Precisamente por eso este señalamiento también es para usted, fiscal.
Porque mientras usted enfrenta cuestionamientos, explica resultados, responde por investigaciones y carga con los costos políticos de todo lo que ocurre dentro de la Fiscalía, hay áreas en las que parecen haberse construido dinámicas que pueden terminar dañando mucho más a la institución de lo que quizá hoy alcanza a verse desde afuera.
Y si usted no conoce lo que está ocurriendo dentro de la Fiscalía Especializada de Género, tendría que conocerlo.
Pero si ya lo conoce, entonces tendría que actuar.
Porque la información existe.
Los testimonios existen.
Los audios existen.
Los videos existen.
Los documentos existen.
Y las inconformidades del personal tampoco comenzaron ayer.
No estamos hablando de una diferencia personal entre funcionarios. Estamos
hablando de posibles conflictos de interés.
De señalamientos de hostigamiento laboral, de movimientos de personal, de estructuras informales de mando, de servidores públicos que, según trabajadores entrevistados, reciben instrucciones de alguien que formalmente no ocupa la cabeza de la institución.
Estamos hablando de una Fiscalía especializada que no puede permitirse funcionar bajo relaciones de amistad, pareja, lealtad personal o protección.
Mucho menos cuando su materia es la violencia contra las mujeres.
La pregunta no es con quién duermen
Conviene dejar algo perfectamente claro.
Esta columna no cuestiona las relaciones sentimentales de nadie.
Cada persona tiene derecho a compartir su vida con quien quiera.
La vida privada es privada.
Pero el servicio público no.
Y cuando una relación sentimental comienza a cruzarse con nombramientos, decisiones, instrucciones, protección institucional o permanencia de funcionarios señalados por el propio personal, entonces la discusión deja de ser sentimental.
Se vuelve pública.
La pregunta no es con quién duerme una funcionaria.
La pregunta es: ¿quién toma las decisiones cuando despierta y llega a su oficina?
Y esa diferencia importa.
Muchísimo.
Porque las mujeres no luchamos durante décadas para llegar al poder y convertirnos después en vehículo del poder de nuestras parejas.
No luchamos por tener nuestro nombre en la puerta mientras otro decide detrás de ella.
No exigimos espacios para sustituir al hombre que daba órdenes desde el escritorio por otro que las da desde la casa, el teléfono, el pasillo o una oficina contigua.
Eso no es empoderamiento.
Eso es permitir que el mismo modelo sobreviva con una mujer como rostro.
Dos mujeres, dos historias, una misma advertencia
Por eso los dos casos con los que comenzó esta columna, aunque evidentemente tienen dimensiones distintas, terminan encontrándose en una misma reflexión.
Laura Artemisa García Chávez quiere gobernar Puebla.
Tiene trayectoria, tiene estructura, tiene presencia política.
Y seguramente tendrá mucho que decir en el proceso que viene.
Pero si quiere convertirse en presidenta municipal tendrá que decidir si será ella quien construya su candidatura o si permitirá que los filtros de su entorno terminen alejando precisamente a quienes podrían acercarse a ella.
Una candidatura que solamente recibe a quienes cumplen determinadas condiciones puede terminar hablando únicamente consigo misma.
Y la política no se gana hablando con los convencidos.
Se gana escuchando, sumando, abriendo puertas.
Karla Michelle Salas tiene una responsabilidad todavía mayor.
Ella no busca solamente votos.
Ella dirige una institución que recibe mujeres golpeadas, amenazadas, perseguidas, abusadas y familias que acaban de perder a una hija.
Ahí no hay espacio para frivolidades.
No hay espacio para grupos.
No hay espacio para venganzas internas.
No hay espacio para favoritos.
No hay espacio para parejas poderosas.
Porque un error político cuesta una elección.
Un error dentro de una Fiscalía puede costar justicia.
Y en ocasiones puede costar una vida.
Lo verdaderamente feminista
Durante años confundimos la llegada de mujeres a posiciones de poder con una victoria definitiva.
No lo es.
Es apenas el comienzo.
Porque poner mujeres en los cargos no garantiza instituciones más humanas.
Lo que realmente transforma una institución es cambiar la forma en que se ejerce el poder.
Y quizá ahí está uno de los grandes pendientes del feminismo institucional.
No basta con exigir que una mujer llegue.
También debemos exigirle que, cuando llegue, no reproduzca aquello contra lo que durante tantos años luchamos.
Que no humille, que no violente, que no proteja abusos, que no construya privilegios, que no permita que un hombre gobierne a través de ella.
Porque si después de conquistar el espacio seguimos permitiendo que el patriarcado tome las decisiones, solamente cambiamos el nombre que aparece en el directorio.
Pero no cambiamos el poder.
Fiscal, todavía está a tiempo
Fiscal Idamis Pastor: revise lo que está ocurriendo dentro de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
Escuche a su personal.
No solamente a los mandos.
Pregunte por qué se han ido Ministerios Públicos.
Revise los cambios de adscripción, revise los expedientes, revise los EAT, revise cuándo y bajo qué criterios se convierten en carpetas de investigación.
Pregunte quién da realmente las instrucciones.
Pregunte por los nombramientos.
Pregunte por las quejas.
Pregunte por los procedimientos administrativos.
Y después pregunte algo todavía más sencillo:
¿Su personal tiene miedo de hablar?
Porque si la respuesta es sí, ya existe un problema.
Y si dentro de una Fiscalía especializada en combatir la violencia contra las mujeres hay mujeres que tienen miedo de denunciar lo que ocurre en su propio lugar de trabajo, entonces existe una contradicción institucional que ningún boletín puede esconder.
Usted tiene la oportunidad de corregirlo.
Porque al final, mientras la fiscal general está obligada a dar la cara por toda la institución, quienes construyen pequeños feudos internos rara vez aparecen cuando llegan las consecuencias.
Y sería profundamente injusto que usted terminara pagando políticamente por aquello que otros están haciendo dentro de las oficinas que dependen de su mando.
Por eso la advertencia es sencilla:
Fiscal Idamis Pastor, mire hacia adentro.
No permita que mientras usted defiende a la Fiscalía afuera, alguien se la esté descomponiendo por dentro.
Porque las instituciones no siempre comienzan a derrumbarse desde arriba.
A veces empiezan en una oficina.
Con una amistad, con una pareja, con un nombramiento, con una instrucción que nadie se atreve a cuestionar.
Y cuando finalmente todos se dan cuenta, ya es demasiado tarde.
Tal vez por eso hoy vale la pena regresar a la pregunta con la que comenzó esta columna:
¿Para qué tanta lucha?
La respuesta debería ser muy sencilla.
Para que las mujeres ejerzan el poder.
No para que otros lo ejerzan a través de ellas.
