Por: Yasmin Flores Hernández
Hay semanas en las que la política mexicana parece empeñada en contar dos historias completamente distintas al mismo tiempo.
En una, México presume cooperación internacional, intercambio de inteligencia, detenciones, coordinación entre agencias y un secretario de Seguridad que recibe elogios públicos de uno de los organismos estadounidenses que durante años ha mantenido una relación complicada por decir lo menos con nuestro país.
En la otra, un gobernador señalado por autoridades estadounidenses decide regresar intempestivamente al cargo, sin el respaldo público de su partido, sin el aval de la Presidencia de la República y en medio de una crisis de seguridad que hace mucho dejó de admitir discursos triunfalistas.
Y entre ambas historias aparece un personaje que puede convertirse en una pieza incómoda para muchos: Fernando Farías Laguna.
Tres episodios aparentemente separados.
Pero en política las coincidencias también comunican y esta semana comunicaron demasiado.
Fernando Farías Laguna: el regreso que muchos no querían ver.
Empecemos por precisar algo importante.
Fernando Farías Laguna no fue extraditado desde Argentina.
Fue expulsado del país sudamericano y trasladado a México, donde fue enviado al penal del Altiplano para enfrentar las acusaciones existentes en su contra.
El procedimiento de extradición tenía incluso una audiencia prevista para el 27 de agosto, pero ya no fue necesario llegar a ella.
Argentina utilizó la vía migratoria para expulsarlo.
La diferencia no es menor.
Una extradición supone un procedimiento judicial que puede prolongarse, combatirse y retrasarse mediante distintos recursos.
Una expulsión puede modificar radicalmente los tiempos.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Farías Laguna está señalado como una pieza fundamental dentro de la investigación por la presunta red de contrabando de combustibles, el llamado huachicol fiscal, que ha involucrado a integrantes de la Secretaría de Marina, funcionarios y empresarios.
Las investigaciones conocidas hasta ahora lo ubican, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, dentro de una estructura que habría facilitado el ingreso ilegal de enormes cantidades de combustible al país.
Y aquí comienza lo políticamente interesante.
Porque Fernando Farías Laguna no es solamente un detenido más.
Es alguien que puede saber, puede conocer nombres, puede conocer rutas, puede conocer operaciones, puede conocer quién autorizaba, quién protegía, quién preguntaba y, sobre todo, quién prefería no preguntar.
Porque una operación de semejante magnitud difícilmente puede explicarse como la ocurrencia aislada de dos o tres servidores públicos.
Ese es precisamente el punto que esta investigación deberá aclarar.
No mediante especulaciones.
Mediante expedientes, declaraciones, documentos, transferencias, órdenes, responsabilidades y sentencias.
Porque después de tantos años escuchando que en México la corrupción se había terminado por decreto, este caso representa una prueba mucho más incómoda: demostrar que cuando la corrupción toca instituciones consideradas estratégicas, la justicia está dispuesta a llegar hasta donde tenga que llegar.
Sin importar apellidos, sin importar grados y especialmente, sin importar sexenios.
Y es ahí donde aparece Omar García Harfuch.
Harfuch y la DEA: el mensaje que no puede ignorarse.
Mientras el caso Farías Laguna tomaba este giro, Omar García Harfuch se encontraba en Argentina participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada en un entorno encabezado por la DEA y con representantes de más de cien países.
Y ocurrió algo políticamente muy relevante.
El director de la DEA, Terry Cole, elogió públicamente al secretario mexicano de Seguridad y destacó la cooperación que existe con él.
No fue un reconocimiento menor.
Durante años, la relación de México con la DEA ha transitado entre cooperación, sospechas, desencuentros, acusaciones de injerencia y restricciones.
Por eso resulta significativo que hoy una figura central de la estrategia de seguridad mexicana reciba públicamente ese nivel de reconocimiento.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que inicialmente había decidido que Harfuch no asistiera al encuentro.
Finalmente, después de consultarlo con el Gabinete de Seguridad, se determinó que sí debía hacerlo para presentar la estrategia mexicana y los resultados obtenidos.
Esto también dice mucho.
Porque mientras una parte del discurso político mexicano continúa recurriendo a la soberanía prácticamente como respuesta automática frente a cualquier cuestionamiento estadounidense, la realidad de la seguridad nacional está obligando a construir otro lenguaje.
El lenguaje de la cooperación, inteligencia compartida, seguimiento financiero, información operativa y coordinación internacional.
Porque el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el fentanilo y el contrabando de combustibles no respetan fronteras ni discursos ideológicos.
Y sería absurdo combatir estructuras criminales transnacionales encerrándonos dentro de nuestras propias fronteras.
La cooperación no significa subordinación, ero tampoco puede confundirse soberanía con aislamiento.
Eso parece haberlo entendido Harfuch.
Y probablemente por eso Estados Unidos encuentra en él a un interlocutor confiable.
¿Harfuch tuvo algo que ver con el regreso de Farías Laguna?
La pregunta era inevitable.
Harfuch estaba en Argentina.
La DEA estaba en Argentina.
Representantes internacionales de seguridad estaban reunidos en Argentina.
Y precisamente en esos días Fernando Farías Laguna dejó de enfrentar un largo procedimiento de extradición y terminó siendo expulsado hacia México.
¿Coincidencia?
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que sí.
Negó expresamente que la visita de Harfuch estuviera relacionada con el traslado de Farías Laguna y señaló que las gestiones correspondían a la Fiscalía General de la República y a Relaciones Exteriores.
Hasta este momento no existe información oficial suficiente para afirmar lo contrario.
Y precisamente por eso sería irresponsable presentar como hecho una conexión que no ha sido acreditada.
Pero también sería ingenuo negar que políticamente la coincidencia resulta extraordinaria.
Harfuch estaba construyendo cooperación.
La DEA estaba elogiando esa cooperación.
Argentina estaba fortaleciendo su interlocución en materia de seguridad con Estados Unidos y otros países.
Y un personaje buscado por México terminó de regreso en territorio nacional.
No necesitamos inventar una operación secreta para reconocer lo evidente:
la cooperación internacional funciona cuando existe voluntad política para que funcione.
Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de esta semana.
Porque durante demasiado tiempo se nos hizo creer que colaborar con Estados Unidos significaba ceder soberanía.
No necesariamente.
La verdadera pérdida de soberanía ocurre cuando el crimen organizado controla territorios, compra funcionarios, financia estructuras políticas o infiltra instituciones.
Eso sí destruye soberanía.
Y justamente por eso, hablar de soberanía también obliga a mirar hacia adentro.
Porque no basta con defenderla frente a otros países; también hay que demostrar que las instituciones mexicanas son capaces de sostenerla frente al poder criminal y frente a quienes, desde la política, puedan quedar bajo sospecha.
Ahí es donde el caso de Rubén Rocha Moya adquiere otra dimensión.
Y entonces regresó Rocha Moya.
Mientras el Gobierno federal podía presumir el regreso de Farías Laguna y Harfuch regresaba fortalecido de un encuentro internacional, Rubén Rocha Moya decidió volver a la gubernatura de Sinaloa.
Lo hizo después de 112 días de licencia.
El viernes 21 de agosto anunció públicamente:
“Estoy de regreso”.
Argumentó que las autoridades mexicanas no habían encontrado elementos suficientes para acreditar una conducta penal de su parte y sostuvo que volvía con la frente limpia.
El problema fue que prácticamente nadie relevante dentro del oficialismo pareció dispuesto a celebrar su regreso.
Y eso debería decirnos algo.
La Secretaría de Gobernación dejó claro que se trataba de una decisión exclusivamente personal.
No una decisión consensuada.
No una determinación del movimiento.
No una estrategia de Palacio Nacional.
Personal simplemente personal.
En política, esas palabras rara vez son inocentes.
Cuando un gobierno dice públicamente que una decisión de uno de sus gobernadores es “personal”, generalmente está diciendo otra cosa: no nos responsabilicen de ella.
Rocha Moya regresó jurídicamente porque consideró que podía hacerlo.
Pero políticamente regresó solo.
Y esa diferencia resulta fundamental.
El problema no era únicamente México
El regreso de Rocha tampoco podía analizarse exclusivamente desde la política nacional.
Estados Unidos mantiene señalamientos serios en su contra relacionados con presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Rocha ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado de falsas y políticamente motivadas.
Y mientras ese expediente permanece abierto, regresar a gobernar Sinaloa no podía ser leído en Washington simplemente como un trámite administrativo.
Era inevitable interpretarlo también como un mensaje.
Estados Unidos señala.
Rocha responde que no tiene pruebas.
México investiga.
Rocha considera que la investigación mexicana lo reivindica.
Y vuelve.
Todo esto ocurre, además, en Sinaloa.
No en cualquier estado.
En la entidad que durante los últimos años se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis de seguridad mexicana y de la disputa entre facciones del crimen organizado.
Por eso su regreso podía convertirse, deliberadamente o no, en una afrenta política frente a Estados Unidos.
No porque Washington tenga derecho a elegir quién gobierna una entidad mexicana.
Por supuesto que no, sino porque cuando existen acusaciones internacionales de esa magnitud, la respuesta institucional mexicana debe ser impecable.
No basta con invocar soberanía.
Hay que presentar pruebas.
Hay que transparentar investigaciones.
Hay que establecer responsabilidades.
Y si las acusaciones estadounidenses son falsas, México debe demostrarlo con la misma contundencia con la que exige respeto.
La soberanía también se defiende con instituciones creíbles.
Pero la credibilidad institucional también se mide en las decisiones políticas y en la capacidad de sostenerlas.
Y ahí, el regreso de Rocha Moya dejó más preguntas que respuestas.
Pero el regreso duró muy poco.
Apenas unas 34 horas después de retomar el gobierno, Rocha Moya volvió a solicitar licencia, ahora con carácter indefinido.
Treinta y cuatro horas.
Eso no es una reincorporación.
Es una crisis política.
Porque si tenía las condiciones jurídicas, políticas y morales para volver el viernes, ¿qué ocurrió entre el viernes y el sábado para que el sábado nuevamente resultara conveniente separarse?
Esa es la pregunta.
Y la respuesta parece estar menos en los tribunales que en la política.
Su regreso no recibió el respaldo que probablemente esperaba.
El Gobierno federal se deslindó.
Morena marcó distancia.
La presión pública aumentó.
Y el gobernador que había regresado proclamando que lo hacía con la frente en alto terminó nuevamente solicitando licencia.
Hay derrotas políticas que no necesitan discursos.
Treinta y cuatro horas son suficientes.
El verdadero mensaje de esta semana
Aquí es donde todos los acontecimientos comienzan a conectarse.
Fernando Farías Laguna regresa a México para enfrentar a la justicia.
Omar García Harfuch recibe reconocimiento internacional y fortalece la cooperación con agencias estadounidenses.
Y Rubén Rocha Moya intenta regresar al poder para descubrir, apenas unas horas después, que el respaldo político que creyó tener probablemente ya no existía.
Son tres escenas de una misma película.
La película de un Gobierno que enfrenta una presión cada vez mayor para demostrar que su combate al crimen organizado y a la corrupción no depende de lealtades políticas.
Porque Estados Unidos está observando.
Pero, más importante todavía: los mexicanos también.
Harfuch puede convertirse en uno de los principales activos de esta administración precisamente porque su trabajo comienza a medirse por resultados y no únicamente por discursos.
Pero esos resultados perderán credibilidad si existen personajes políticamente protegidos.
No se puede presumir cooperación internacional mientras se tolera impunidad nacional.
No se puede exigir respeto a la soberanía mientras las instituciones mexicanas sean incapaces de investigar hasta las últimas consecuencias.
No se puede celebrar la captura de un contralmirante y cerrar los ojos si las investigaciones comienzan a escalar hacia personajes políticamente incómodos.
Y tampoco puede permitirse que un gobernador convierta una entidad golpeada por la violencia en escenario de una batalla personal por su supervivencia política.
La pregunta que queda.
Por eso el verdadero tema de esta semana no es únicamente Farías Laguna.
Ni Harfuch.
Ni Rocha Moya.
Es hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado mexicano.
Ese es el verdadero dilema.
Si Fernando Farías Laguna sabe más, que hable.
Si existen funcionarios involucrados, que sean investigados.
Si no existen elementos contra Rocha Moya, que la Fiscalía lo explique jurídicamente y con transparencia.
Y si Estados Unidos tiene pruebas adicionales, que las presente por las vías institucionales correspondientes.
Pero basta de convertir investigaciones criminales en guerras de narrativa.
Los ciudadanos no necesitamos que Washington nos diga quién es culpable.
Tampoco necesitamos que Palacio Nacional nos diga quién es inocente.
Necesitamos instituciones capaces de demostrar una cosa o la otra.
Porque hay algo mucho más peligroso que la presión de Estados Unidos.
La impunidad dentro de México.
Y quizá por eso la escena más reveladora de toda la semana no ocurrió en Washington, ni en Buenos Aires ni siquiera en una oficina de la DEA.
Ocurrió en Sinaloa.
Un gobernador anunció que regresaba con la frente en alto.
Treinta y cuatro horas después volvió a pedir licencia.
En política el respaldo se presume muchas veces.
Pero cuando verdaderamente existe, se nota.
Y cuando desaparece, también.
Porque el poder puede resistir críticas, investigaciones e incluso acusaciones.
Lo que difícilmente sobrevive es quedarse completamente solo.
