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El día que el Congreso dio su autonomía a Moreno Valle

Por Alejandro Mondragón

El andamiaje jurídico para que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle creara los PP´s, realizara ampliaciones presupuestables, se endeudara y concesionara carreteras estatales y el sistema agua potable fue con una reforma a la Ley de Presupuesto y Contabilidad el 31 de diciembre del 2012.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado era Mario Riestra Piña, hoy dirigente estatal del PAN.

Esa reforma legal despojó al Poder Legislativo de facultades de autorización y supervisión del manejo del erario.

Lo más patético es que los propios diputados votaron para ello ocurriera.

Y todo porque Moreno Valle no rendiría cuentas a nadie, rompiendo la división de poderes y anulando las facultades legales y sancionadoras del Congreso de Puebla.

Así, sin la autorización del Poder Legislativo, Moreno Valle comprometió ilimitadamente ingresos presentes y futuros en proyectos de infraestructura y de prestación de servicios en los que intervino la iniciativa privada.

La renuncia a la facultad fiscalizadora del Congreso permitió la hipoteca de Puebla con las mega obras morenovallistas y el endeudamiento de las arcas poblanas.

La modificación al artículo 94 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad quedó de la siguiente manera: “El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, estará facultado para afectar, total o parcialmente, de forma irrevocable, sin mayores requisitos que los establecidos en este capítulo, sus ingresos presentes y futuros derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales, contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos o ingresos susceptibles de afectación, como fuente de pago, garantía, o ambas, de todo tipo de obligaciones que asuma el gobierno del Estado, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales o terceros prestadores de bienes o servicios, derivados de proyectos de inversión”.

En la misma sesión, los legisladores también aprobaron modificar la Ley de Deuda Pública para establecer que no constituyen pasivos los proyectos para prestación de servicios a largo plazo, así como las afectaciones ni los mecanismos de afectación que se instrumenten en relación con dichos contratos y proyectos.

En aquella sesión, el Congreso poblano también autorizó al Ejecutivo enajenar 460 hectáreas del municipio de San José Chiapa para el proyecto de instalación de la planta automotriz Audi, además de establecer apoyos para el desarrollo, construcción, instalación y operación de empresas de manufactura y ensamble de automóviles en esa zona.

De igual forma, los diputados aprobaron crear un incentivo fiscal para que, por 12 años, la automotriz alemana deje de pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, con lo que la firma se ahorrará unos 10 millones de pesos anuales.

Para esta mega reforma del 31 de diciembre del 2012, los líderes de los partidos fueron:

Mario Riestra Piña (PAN): Como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la LVIII Legislatura, fue el encargado de construir los consensos y coordinar la agenda fast-track de las iniciativas del Ejecutivo.

Guillermo Aréchiga Santamaría (Nueva Alianza): Fungió como uno de los principales presidentes de la Mesa Directiva del Congreso durante el procesamiento inicial de estas reformas presupuestarias.

Edgar Antonio Vázquez Hernández (PAN): Presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público en aquel periodo, encargado de dictaminar a favor las iniciativas de finanzas enviadas por el gobernador.

Gerardo Mejía Ramírez (PRI): Operador de la bancada priista que, junto con otros miembros de su fracción, votó consistentemente a favor de los paquetes fiscales y normativas de endeudamiento del Ejecutivo.

Eric Cotoñeto Carmona (PRD): Líder de la bancada del sol azteca que alineó los votos de la izquierda oficialista en favor de las iniciativas del gobernador Moreno Valle.

Con el morenovallismo no había diálogo, respeto a la autonomía de poderes, menos legalidad, todo fue imposición, avalada por sus aliados partidistas.

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