Por Alejandro Mondragón
Una vez ganada la elección constitucional del 2024, los hombres y mujeres del poder se reunieron con el jefe máximo.
Al margen de los parabienes, hubo una pregunta formulada: ¿Qué personaje del pasado hizo tanto daño que jamás tendría cabida en nada durante el sexenio?
Al unísono, por una mayoría aplastante apareció el nombre de una mujer.
Patricia Leal, morenovallista que persiguió hasta la saciedad a los marinistas, muchos de los cuales hoy forman parte de la estructura del poder.
En la esfera pública, la palabra innombrable se utiliza para referirse a una persona a quien se le rehúye mencionar directamente por rechazo o animadversión.
A Leal no se le ve por Puebla. Parece que optó por lo exilio, aunque su nombre suele aparece en diversos expedientes.
Por ejemplo, en uno que se le señala que por omisión o complicidad es responsable de un quebranto de 600 millones de pesos, en su paso por la entonces Contraloría del Estado.
Se trata de recursos que debieron recuperar del financamiento de responsabilidades resarcitorias administrativas por irregularidades presupuestales federales, en los años del 2011 al 2016, pero por razones desconocidas no aplicaron las sanciones de recuperación de los fondos, así como tampoco ejercieron las penas administrativas que estableció la Auditoría Superior de la Federación.
El análisis, en poder de Al Portador, se basó en los datos de la propia ASF en su página www.asfdatos.gob.mx con fecha del 8 de octubre del 2020.
Ahí se desglosan más de mil auditorías que llevaron a responsabilidades resarcitorias y otras mil por responsabilidad administrativa sancionatoria.
En ninguno de los años, los entonces titulares de la Contraloría de las administración de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad aplicaron la Ley para recuperar y sancionar a los responsables del quebranto federal que ese sexenio sumó 600 millones de pesos.
Incluso, Patricia Leal fue presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso, entidad responsable del análisis y auditoría que se realizan a las cuentas públicas.
A pesar de tener pleno conocimiento de las auditorías y el daño patrimonial que se le causó al Estado, junto con los integrantes de la Comisión Inspectora aprobaron las cuentas públicas sin salvedades.
No le importó incurrir en responsabilidades administrativas y daño patrimonial, porque Islas consintió, toleró y ocultó desde el lugar que ocupó la afectación al erario.
La Auditoría Superior de la Federación, en cualquier momento puede solicitar el reintegro de los pliegos pendientes de solventar y lo haría al ente fiscalizado, la actual administración estatal.
Las áreas jurídicas de la Contraloría también tienen responsabilidad en tales omisiones.
El delito no prescribe.
