Por Valentín Varillas
Tres operativos en una semana.
Escáneres láser con tecnología 3D.
Cierres viales en hora pico.
Decenas de agentes, investigadores, peritos y policías desplegados.
Drones.
Y el tirador, o los tiradores, libres.
La Fiscalía General del Estado lleva semanas montando un espectáculo de manejo de imagen que no se ha traducido en resultados concretos.
Desde el 20 de junio han cerrado la Atlixcáyotl en tres ocasiones distintas para “reconstruir los hechos”, generando un caos vial sin precedentes y sin detener a nadie.
Y aquí está, precisamente, el problema de fondo que ninguna autoridad está dispuesta a reconocer públicamente: este tipo de casos son extremadamente difíciles de resolver.
Aquí, y en cualquier lugar del mundo.
Si el agresor opera desde un vehículo en movimiento no hay punto fijo que vigilar.
Si hay más de un tirador actuando en distintos tramos de la vialidad, las reconstrucciones balísticas en un solo punto no sirven de nada.
La Atlixcáyotl tiene kilómetros de extensión, cruza zonas residenciales de altísima densidad poblacional y los ataques ocurren sin que exista un patrón de días u horarios definidos.
Frente a esa complejidad real la Fiscalía eligió el circo, en un intento desesperado de transmitir confianza y vender mediáticamente que algo se está haciendo.

Cerrar la vialidad un viernes en hora pico no aporta un solo dato nuevo que no pudiera haberse recabado un martes a las siete de la mañana, sin generar la molestia de miles de ciudadanos.
Lo que sí genera es la percepción de que las autoridades no saben qué hacer y llenan este vacío de resultados con montajes cinematográficos.
La FGE tiene 14 ataques documentados desde 2023, reconoce al menos 10 este año, y hasta el momento no hay un solo detenido.
No existe tampoco una línea de investigación concreta.
Por lo menos ésta no se conoce públicamente.
Y la parafernalia desplegada el fin de semana pasado de plano no tranquiliza a nadie.
No genera la menor confianza ni mejora la imagen de las autoridades.
Al contrario, en los hechos se convirtió en un demoledor búmeran que les impactó de lleno.
Ahí están la enorme cantidad de mensajes de ciudadanos afectados, los reales, los orgánicos, los de a de veras, expresados con toda contundencia en las distintas redes sociales.
¿Y para qué?
No se justificaba el asumir este enorme costo en imagen si los operativos, con su consecuente afectación social, no tuvieron como consecuencia avances concretos, medibles, o resultados reales.
¿O sí los hubo?
Si fue así, existió una incapacidad monumental de comunicarlos y masificarlos con eficiencia, a pesar de contar, de sobra, con todos los recursos humanos y materiales necesarios para hacerlo.
Y hacerlo bien.
¿Qué pinche necesidad?


