Por Valentin Varillas
La concesión a una empresa privada, del servicio de agua potable y alcantarillado, en Puebla capital y municipios conurbados, suponía una mayor eficiencia, más responsabilidad y justicia, que cuando estaba en manos del Estado.
Ha sido todo lo contrario.
Los números no dejan lugar a dudas.
La empresa no acreditó una inversión de 309 millones en el período 2022-2024.
A la par, se han detectado faltantes documentales en expedientes.
No hay fianzas, ni firmas, pero sí una serie de supuestas obras que se realizaron sin ninguna justificación.
“Espontáneas”-les llaman.
Apenas hace un año, firmaron un convenio modificatorio que los obligaba a mejorar el suministro y la red de distribución del líquido.
Al cierre del 2025, el Soapap encontró violaciones a ese convenio por más de 300 millones de pesos.
Sí, en apenas nueve meses.
Incumplieron, hicieron nuevos compromisos y volvieron a fallar.
Un auténtico descaro.
En este contexto y para cumplir con lo que marca el contrato de concesión, Agua de Puebla tendría que invertir más de 7 mil 600 millones de pesos en los próximos 19 años.
Se ve imposible.
De entrada porque no existe una sola evidencia que nos indique que ahora sí van a responder.
Pero el robo más grande tiene que ver con los cobros indebidos.
La empresa se lleva una lana, mes con mes, por un inexistente tratamiento de aguas residuales.
Sus plantas son inoperantes, como la Alseseca Sur, cuando en el 2022 prometieron invertir 3 mil 500 millones de pesos en sistemas efectivos que mejorarían la operatividad de las cinco que tienen bajo su responsabilidad.
No lo han hecho.
Sus propios número los delatan.
Cifras de Agua de Puebla revelan que la cantidad de litros “tratados” cayó de 2 mil 419 litros por segundo en el 2019, a 1 mil 328 para marzo de 2024.
Su sistema de saneamiento no alcanza a eliminar ni siquiera la mitad de los contaminantes y esa agua que contiene además de materia fecal y metales pesados, se vierte en ríos como el Alseseca, Atoyac y San Francisco.
Entre 2022y 2024, recaudaron por concepto de cobros a usuarios 235 millones de pesos.
A la par, cerca del 15% del total de los habitantes en los municipios en donde opera Agua de Puebla padecen escasez.
La mayoría viven en las zonas poblacionales de menores ingresos económicos.
Cerca de 500 colonias de la ciudad de Puebla reciben el servicio apenas una o dos veces por semana.
Existen ya 36 quejas e su contra presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, instancia que en los hechos no sirve para nada.
Elementos jurídicos existen de sobra para demostrar los sistemáticos incumplimientos.
Pero dicen que resultaría muy caro explorar esa vía, cerca de 7 mil millones de pesos.
También resulta evidente que el gobierno no cuenta hoy con la capacidad operativa para dar el servicio.
Conclusión: los abusos no se detendrán, las irregularidades continuarán y la narrativa gubernamental en materia de agua potable, no pasará de ser un simple catálogo de buenas intenciones.
Vaya pesadilla.
