En Puerto Libertad, costa de Sonora, población conocida por estar asentada ahí una importante termoeléctrica, propiedad de la CFE, que surte de energía a buena parte del Estado, hace ya cuatro meses que se vive un problema sencillo pero de trascendencia seria para sus laboriosos, pacíficos y productivos habitantes.
Se trata de que, en el proceso de renovación de las autoridades auxiliares que ayudan al mejor gobierno y administración de las comunidades menores y subordinadas políticamente a la cabecera municipal, la población adulta de Puerto Libertad, en pleno acuerdo con el H. Ayuntamiento de Pitiquito, municipio al que pertenece esa comunidad, eligió democráticamente como su Comisario al señor Alberto Ramírez Encinas. Dicha elección se verificó el día 5 de agosto de 2009.
Todo transcurrió con normalidad, sin ningún sobresalto o problema político de consideración entre pueblo y autoridades, hasta que el día primero de noviembre del año pasado, intempestivamente, sin aviso previo, sin explicación racional alguna ni antes ni después de consumado el atropello, el presidente municipal de Pitiquito, Luis Octavio Valenzuela, cesó fulminantemente al Comisario democráticamente electo y nombró en su lugar, para gobernar Puerto Libertad, al señor Fernando Sifuentes.
Los “argumentos”, si puede llamárseles así, que los defraudados ciudadanos han logrado arrancar al atrabiliario munícipe a fuerza de protestas y manifestaciones públicas y privadas contra la imposición, son dos: primero, que es una facultad que le confiere la ley respectiva el “designar” a las autoridades subalternas y que, en consecuencia, no está obligado a tomar en cuenta ninguna otra opinión, salvo la suya propia, para efectuar tales designaciones; segundo, que tuvo que remover al delegado de Puerto Libertad “porque no se entiende con él y toma decisiones importantes sin consultarlo ni recabar su asentimiento”. Nada más.
Los ciudadanos de Puerto Libertad, dicen ellos, no están de acuerdo con tales “razones” (o sinrazones) por dos motivos: el primero es que la elección de Alberto Ramírez Encinas como su Comisario, fue un acto de racionalidad política y de verdadero respeto al derecho democrático de toda comunidad humana a elegir libremente a quien haya de gobernarla, libre y pacíficamente pactado, además, con el mismo Ayuntamiento que hoy, arbitrariamente, lo destituye; y el segundo es que, si bien aceptan que su delegado debe informar de sus acciones y acuerdos importantes a la autoridad municipal, no es a ésta a quien deben contentar tales acuerdos y decisiones, sino a la comunidad misma que lo eligió.
Por tanto, dicen, es al pueblo, y sólo a él, a quien toca calificar la actuación de su gobernante; y es de él de quien debe partir, por ello, cualquier inconformidad y cualquier solicitud legítima de desafuero. Soto voce, además, todo el mundo dice que el verdadero error del Comisario de Puerto Libertad fue que no se prestó a pactar, con el alcalde de Pitiquito, acuerdos poco transparentes sobre el manejo del erario municipal.
Tan pronto se repusieron de la sorpresa que les causó el “golpe de autoridad”, los ciudadanos de Puerto Libertad se pusieron en movimiento y comenzaron el conocido peregrinar de oficina en oficina, en busca de un oído atento y un ánimo sensible que los quisiera escuchar y poner remedio a su justificada inconformidad.
Todo fue en vano: ni el Ayuntamiento de Pitiquito, ni el Congreso del Estado, ni el señor gobernador de Sonora, de extracción panista por cierto, mostraron el mínimo interés de corregir el entuerto de un (aparentemente, tal vez) insignificante caciquillo local. Todo parece indicar que el aparato entero de poder de Sonora coincide con el arbitrario alcalde en que la democracia es buena “pero no tanta”; que cuando los ciudadanos comienzan a tratar de ejercerla en serio, con verdadera independencia y en su propio beneficio, es hora de recordarles quién es el que realmente manda.
Decepcionados, amargados y enojados por el menosprecio oficial, los habitantes de Puerto Libertad sacaron la conclusión, sencilla pero obligada, de que no les quedaba más camino que la protesta pública. En consecuencia, pusieron guardia permanente a la oficina de la Comisaría para evitar que la ocupe cualquier impostor, e instalaron un plantón permanente y pacífico frente a las oficinas de su Gobernador, en demanda de solución.
Y allí están, desde hace más de tres meses, sufriendo todos los inconvenientes de vivir, comer y dormir a la intemperie, sin que nadie, absolutamente nadie, parezca interesarse lo más mínimo en hacerles justicia; en tanto que los medios informativos más influyentes de la capital del Estado, seguramente por “órdenes superiores”, han silenciado, minimizado y tergiversado su lucha, desinformando a la opinión pública para ponerla en su contra. Se busca derrotarlos por cansancio y desaliento.
Por ello, desde aquí, desde el lejano centro del país y a nombre de todo el Antorchismo Nacional, envío un mensaje de aliento, simpatía y apoyo a estos nobles y desinteresados sonorenses, y les digo que su lucha es correcta, justa y patriótica; que es con gente como ellos con quienes levantaremos, en un futuro cercano, al México nuevo que todos queremos y necesitamos. Que no están solos; que el Antorchismo Nacional los apoyará con todo y tan pronto como sea necesario, con la condición única de que ellos, los sonorenses, no desmayen ni los derrote el desaliento. ¡Juntos ganaremos esta batalla por una democracia auténtica!
*Secretario General del Movimiento Antorchista
