Por Yasmin Flores Hernández
México vive atrapado en una paradoja que cada semana se vuelve más evidente.
Por un lado, el discurso oficial insiste en que el país avanza, que la estrategia de seguridad funciona, que la economía se fortalece y que México está listo para recibir al mundo con eventos internacionales de gran escala.
Por el otro, la realidad cotidiana cuenta una historia muy distinta.
Una historia marcada por la violencia, por miles de personas desaparecidas, por instituciones debilitadas y por una creciente desconfianza ciudadana hacia quienes gobiernan.
Esta semana volvió a recordarnos esa distancia incómoda entre el relato del poder y la experiencia de los ciudadanos.
Mientras miles de mujeres marchaban este 8 de marzo en distintas ciudades del país exigiendo justicia, en el discurso oficial México aparecía como un país que avanza, que se fortalece y que se prepara para recibir al mundo con eventos internacionales de gran escala.
Dos escenas ocurriendo al mismo tiempo.
Por un lado, las calles llenas de consignas contra la violencia, la impunidad y el abandono institucional.
Por el otro, la narrativa gubernamental insistiendo en que el país vive un momento de estabilidad, crecimiento y transformación.
México parece haberse acostumbrado a vivir entre dos versiones de sí mismo.
El México que se describe en los informes, en las conferencias y en los discursos políticos.
Y el México que se vive en las calles, en las familias que buscan a sus desaparecidos, en las mujeres que siguen marchando porque la violencia no se detiene, en las comunidades que enfrentan todos los días la presencia del crimen organizado.
Esta semana volvió a recordarnos esa distancia incómoda entre el país que se cuenta desde el poder… y el país que millones de ciudadanos experimentan todos los días.
Una distancia que no se mide sólo en percepciones.
Se mide en cifras, en historias y en tragedias que siguen acumulándose.
Las marchas del 8 de marzo no son un evento aislado en el calendario.
Son, en realidad, una forma de memoria colectiva.
Cada año miles de mujeres salen a las calles para recordar lo que el país parece empeñado en normalizar: la violencia que enfrentan todos los días.
En México, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor de diez mujeres son asesinadas diariamente.
A esto se suman miles de denuncias por violencia doméstica, agresiones sexuales y desapariciones.
Pero detrás de las estadísticas hay algo más profundo: una sensación persistente de abandono institucional.
Porque muchas de esas mujeres habían denunciado antes.
Habían pedido ayuda, habían acudido a las autoridades.
Y aún así, el sistema no logró protegerlas. Por eso las marchas no desaparecen.
Porque no son únicamente una expresión política o ideológica.
Son una reacción social frente a una realidad que no cambia al ritmo que el país necesita.
Las consignas que se escucharon en las calles este 8 de marzo no son nuevas.
Se repiten desde hace años: justicia, verdad, no más violencia.
Tres palabras que, en el fondo, revelan una exigencia mucho más profunda: que el Estado funcione.
Porque cuando la violencia contra las mujeres se vuelve estructural, lo que queda en evidencia no es solo un problema de seguridad.
Queda en evidencia una crisis institucional.
Y esa crisis conecta inevitablemente con una de las tragedias más dolorosas que enfrenta hoy México: la desaparición de miles de personas.
Hablar de violencia en México inevitablemente conduce a una de las cifras más dolorosas y más reveladoras de la crisis que vive el país.
México supera ya las 110 mil personas desaparecidas.
Es una cifra que debería provocar una conmoción nacional permanente.
Una cifra que, en cualquier otro país, habría detonado una crisis política de enormes dimensiones.
Pero en México las tragedias prolongadas corren el riesgo de volverse paisaje.
Detrás de ese número hay historias que rara vez aparecen en los discursos oficiales.
Madres que recorren desiertos y montes con picos y varillas buscando restos humanos.
Padres que pasan años esperando una llamada que nunca llega.
Familias enteras que han tenido que convertirse en investigadoras, peritas y buscadoras porque el Estado no ha logrado hacerlo.
Los colectivos de búsqueda se han convertido en uno de los fenómenos sociales más dolorosos del país.
Son ciudadanos haciendo el trabajo que debería corresponder a las instituciones.
Porque cuando las familias tienen que organizar brigadas para buscar a sus desaparecidos, lo que queda en evidencia no es solamente la violencia criminal.
Queda en evidencia la ausencia del Estado. Y esa ausencia no es casual.
Está profundamente ligada a otra realidad que México no ha logrado contener en las últimas décadas: la expansión del crimen organizado.
Una expansión que ha transformado territorios, economías y comunidades enteras.
Y que explica, en buena medida, por qué la violencia sigue siendo una de las principales heridas del país.
La crisis de desapariciones no puede entenderse sin observar el contexto más amplio de violencia que atraviesa al país.
México registra más de treinta mil homicidios cada año, una cifra que se ha mantenido prácticamente constante durante la última década y que coloca al país entre los más violentos del mundo fuera de contextos de guerra.
Detrás de esas cifras hay territorios completos donde el crimen organizado se ha convertido en un actor dominante.
Organizaciones criminales que controlan rutas de tráfico de drogas, redes de extorsión, economías ilegales y, en muchos casos, la vida cotidiana de comunidades enteras.
En varias regiones del país, el poder del Estado convive —o compite— con el poder de estas organizaciones.
Frente a esta realidad, el gobierno mexicano ha apostado por una estrategia que se ha vuelto permanente: la militarización de la seguridad pública.
Las fuerzas armadas han asumido cada vez más responsabilidades en tareas que antes correspondían a autoridades civiles.
Hoy participan no sólo en operativos contra el crimen organizado, sino también en tareas de seguridad pública, control territorial, infraestructura estratégica e incluso administración de proyectos federales.
Para algunos, esta estrategia representa una respuesta necesaria frente a la magnitud del problema.
Para otros, representa una señal preocupante de que las instituciones civiles han sido incapaces de recuperar el control de amplias zonas del país.
Y ahí aparece una pregunta que sigue sin una respuesta clara:
¿la militarización es una solución estructural…o es simplemente el reconocimiento de que el Estado civil fue rebasado hace tiempo?
Porque cuando la violencia se vuelve estructural, la seguridad deja de ser el único problema.
Lo que comienza a ponerse en duda es la capacidad del sistema institucional para garantizar justicia.
Cuando la violencia se vuelve estructural, el sistema de justicia debería ser el mecanismo que restaura el orden, que investiga los delitos y que ofrece verdad y reparación a las víctimas.
Pero en México ese sistema enfrenta una crisis profunda de credibilidad.
Las cifras de impunidad son contundentes. Diversos estudios señalan que más del 90 % de los delitos que se cometen en el país no terminan en una sentencia.
Eso significa que, para millones de ciudadanos, denunciar un delito no necesariamente implica que habrá justicia.
Procesos judiciales que duran años.
Investigaciones mal integradas.
Carpetas que se acumulan sin resolverse.
En muchos casos, las víctimas no sólo tienen que enfrentar el delito que las afectó, sino también un proceso institucional que resulta lento, burocrático y desgastante.
Y mientras la justicia tarda, la impunidad se convierte en un incentivo.
Un incentivo para que los delitos se repitan, un incentivo para que la violencia continúe.
Porque cuando la probabilidad de castigo es mínima, el mensaje que recibe la sociedad es claro: delinquir puede salir gratis.
La consecuencia de esa dinámica es devastadora, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse.
Los ciudadanos dejan de creer que el sistema está diseñado para protegerlos.
Y cuando la confianza pública se debilita, la democracia misma comienza a resentirlo.
En ese contexto, hay otro actor fundamental que se vuelve incómodo para el poder, pero imprescindible para la sociedad: el periodismo.
En cualquier democracia saludable, el periodismo cumple una función incómoda pero indispensable: vigilar al poder.
No está para aplaudirlo, no está para legitimarlo.
Está para investigar, cuestionar y señalar aquello que las autoridades preferirían mantener fuera del debate público.
Por eso, históricamente, la relación entre el poder político y el periodismo ha sido tensa.
Debe serlo.
El problema comienza cuando esa tensión deja de ser parte del debate democrático y se convierte en presión institucional.
En los últimos años han surgido debates cada vez más frecuentes sobre denuncias, medidas cautelares y mecanismos legales que terminan generando un ambiente de presión para periodistas críticos.
El riesgo de estas dinámicas es evidente.
Cuando el periodismo enfrenta intimidación o restricciones, no sólo se afecta a los periodistas.
Se afecta el derecho de la sociedad a estar informada.
Porque una ciudadanía que no puede acceder a información libre y crítica pierde una de sus herramientas más importantes para exigir rendición de cuentas.
La libertad de expresión no es un privilegio de quienes ejercen el periodismo.
Es una garantía para toda la sociedad.
Y cuando esa garantía comienza a tensionarse, lo que está en juego no es únicamente el debate público. Está en juego la salud de la democracia.
Mientras estas tensiones ocurren dentro del país, el discurso oficial intenta proyectar hacia el exterior una imagen muy distinta.
Una imagen de estabilidad, crecimiento y modernidad.
Una imagen que, en los próximos meses, se pretende mostrar al mundo a través de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
El Mundial de fútbol de 2026.
Mientras el país enfrenta estas tensiones internas, el discurso oficial insiste en proyectar hacia el exterior una imagen muy distinta.
La imagen de un México moderno, dinámico y preparado para recibir al mundo.
El ejemplo más visible de esa narrativa es el Mundial de fútbol de 2026, el evento deportivo más importante del planeta, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.
Para las autoridades, el torneo representa una oportunidad histórica.
Millones de visitantes, derrama económica, proyección internacional.
Un escaparate global para mostrar un país que, según el discurso oficial, está listo para recibir al mundo.
Sin embargo, esta semana surgió un dato que despertó preguntas incómodas.
La FIFA decidió liberar cerca del 40 % de las habitaciones hoteleras que había reservado previamente en la Ciudad de México para el torneo.
Las autoridades han explicado que se trata de ajustes logísticos normales.
Puede ser.
Pero el episodio también revela algo que merece analizarse con más calma: las expectativas económicas alrededor del Mundial podrían haber sido infladas desde el inicio.
Porque cuando un evento de esta magnitud comienza a ajustar sus previsiones antes incluso de que llegue el torneo, lo que aparece en el horizonte es una pregunta legítima.
¿Se prometió más de lo que realmente puede ocurrir?
Además, hay un dato que rara vez aparece en la narrativa oficial.
De los más de cien partidos que tendrá el Mundial, la gran mayoría se jugarán en Estados Unidos.
México tendrá una participación mucho más limitada dentro del calendario.
El espectáculo llegará al país.
Pero el negocio principal del torneo se concentrará en otro lado.
Y ahí aparece un contraste difícil de ignorar.
Porque mientras México se prepara para mostrarse ante el mundo como anfitrión de un evento global, el país sigue enfrentando problemas internos que aún no ha logrado resolver.
Como lo es la inseguridad…
Y es justamente ahí donde aparece el contraste que resulta imposible ignorar.
México se prepara para recibir al mundo con estadios llenos, ceremonias, turistas y una narrativa optimista sobre el país que somos.
Pero al mismo tiempo enfrenta una crisis profunda que no puede ocultarse detrás de ningún espectáculo.
Un país con más de 110 mil personas desaparecidas.
Un país donde cada año se registran más de treinta mil homicidios.
Un país donde diez mujeres son asesinadas diariamente.
Un país donde miles de familias siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos o a sus padres sin que las instituciones logren darles respuestas.
Mientras se afinan los detalles para un evento global, miles de ciudadanos siguen enfrentando problemas mucho más urgentes.
La inseguridad cotidiana, la impunidad, la ausencia de justicia.
Ese contraste no se resuelve con discursos ni con campañas de promoción internacional.
Porque un país no puede esconder indefinidamente sus problemas detrás de la narrativa del progreso.
Los eventos internacionales duran semanas.
Las crisis estructurales duran décadas.
Por eso la pregunta que comienza a surgir en medio de esta preparación mundialista es inevitable.
¿El Mundial mostrará al mundo el México que somos…o el México que quisiéramos aparentar?
México no necesita más discursos optimistas.
Necesita resultados.
No necesita más narrativas que prometan que todo está mejorando mientras millones de ciudadanos siguen viviendo una realidad distinta.
Necesita instituciones que funcionen.
Instituciones capaces de garantizar seguridad, de investigar los delitos, de ofrecer justicia a las víctimas y de proteger a quienes alzan la voz para denunciar lo que no está bien.
El Mundial llegará.
Los estadios se llenarán.
Las cámaras del mundo apuntarán hacia México.
Los turistas caminarán por las calles, los himnos sonarán en los estadios y durante unas semanas el país ocupará el centro de la conversación global.
Pero cuando el torneo termine, cuando las luces del espectáculo se apaguen y cuando los visitantes regresen a casa, México seguirá enfrentando las mismas preguntas que hoy siguen sin respuesta.
Las madres seguirán buscando a sus desaparecidos.
Las mujeres seguirán exigiendo justicia.
Las comunidades seguirán esperando que el Estado recupere los territorios que hoy controla el crimen.
Porque la grandeza de un país no se mide por los eventos que organiza ni por la imagen que proyecta hacia el exterior.
Se mide por la seguridad, la justicia y la dignidad que puede garantizar a su gente.
Y esa sigue siendo la deuda pendiente.
La deuda que México tendrá que enfrentar cuando el espectáculo termine y la realidad vuelva a imponerse.
México se prepara para el espectáculo.
Pero el país real sigue ahí: desaparecidos, violencia, impunidad y un Estado que aún no logra responder a sus ciudadanos.
La fórmula no es nueva.
Cuando las crisis crecen, el poder apuesta por el entretenimiento.
Los romanos lo llamaban pan y circo.
La historia demuestra que el espectáculo puede distraer por un momento.
Pero nunca resuelve los problemas.
