Por Yasmin Flores Hernández
Esta semana, México volvió a arder.
No es una metáfora. Es una descripción literal de lo que ocurrió en nuestro territorio: Autopistas bloqueadas, vehículos incendiados, autobuses secuestrados por el fuego, carreteras convertidas en trincheras improvisadas y ciudades enteras paralizadas por el miedo.
Todo esto, en medio de la noticia que cimbró al país: la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del mundo.
La sola versión de su muerte confirmada por algunos, negada por otros, envuelta en el hermetismo que caracteriza a las estructuras criminales fue suficiente para detonar una reacción inmediata: incendios, bloqueos, actos de sabotaje y demostraciones de fuerza que dejaron al descubierto una verdad incómoda pero evidente.
En México, el crimen organizado no sólo existe. Tiene capacidad de paralizar al Estado.
Las imágenes circularon rápidamente: tráileres atravesados en las autopistas, unidades de transporte público convertidas en antorchas, ciudadanos atrapados sin poder avanzar ni retroceder, familias enteras encerradas en sus hogares esperando que el fuego no llegara hasta su puerta.
No fueron hechos aislados. Fueron mensajes.
Mensajes dirigidos al gobierno.
Mensajes dirigidos a las organizaciones rivales.
Pero, sobre todo, mensajes dirigidos a la sociedad.
Recordatorios brutales de quién tiene el control territorial en muchas regiones del país.
Y mientras esto ocurría, el discurso oficial seguía hablando de estabilidad, de avances, de estrategias exitosas.
Pero la realidad no se mide en discursos. Se mide en el miedo de la gente.
Se mide en el silencio de las calles vacías.
Se mide en los padres que esperan a que sus hijos regresen a casa con vida.
Se mide en los ciudadanos que han aprendido a normalizar lo inaceptable.
México se ha convertido en un país donde la violencia ya no sorprende. Sólo se acumula.
Y cuando la violencia se vuelve cotidiana, el verdadero peligro no es sólo el crimen. Es la indiferencia.
Porque un país que se acostumbra a la violencia es un país que empieza a perder su capacidad de indignarse.
Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Mientras el país ardía, mientras las carreteras eran tomadas y el fuego marcaba el ritmo de la semana, la violencia también reclamaba vidas en los estados.
En silencio. Sin titulares nacionales.
Sin la atención que merecen las víctimas que no tienen nombre mediático.
Puebla fue uno de esos lugares.
Aquí, la violencia no llegó en forma de incendios espectaculares. Llegó en forma de ausencias.
De cuerpos.
De familias destruidas.
Y lo más grave no fue sólo la violencia.
Fue la respuesta de quienes tienen la obligación de protegernos.
Mientras el país observaba los incendios en las autopistas y los bloqueos que paralizaban regiones enteras, en Puebla la violencia avanzaba de otra forma: en silencio, sin estridencias nacionales, pero con el mismo resultado devastador.
Nueve personas murieron en una sola semana.
Nueve vidas arrancadas en distintos hechos que, aunque separados en circunstancias, están unidos por una misma constante: la ausencia de un Estado capaz de prevenir, proteger y responder con sensibilidad ante la tragedia.
Nueve familias que hoy viven el duelo.
Nueve historias que quedaron inconclusas.
Nueve vacíos que nadie desde el poder parece dispuesto a mirar de frente.
Entre esos casos, hay uno que expone con crudeza la dimensión más dolorosa de esta crisis: el de dos padres de familia que fueron reportados como desaparecidos y que días después fueron encontrados sin vida.
Dos personas que salieron de casa y no volvieron.
Dos padres cuyos hijos pasaron de la incertidumbre a la peor de las confirmaciones.
No hay palabras suficientes para describir lo que significa para un hijo esperar el regreso de su padre y recibir, en su lugar, la noticia de su muerte.
No hay protocolo institucional que pueda reparar ese tipo de fractura emocional.
Y sin embargo, lo que siguió no fue el acompañamiento empático de las autoridades, ni un mensaje claro de respaldo a las víctimas, ni una postura firme frente a la violencia que les arrebató la vida.
Lo que siguió fue el silencio.
Un silencio que lastima.
Un silencio que abandona.
Un silencio que confirma que, en muchos casos, las víctimas están solas incluso después de morir.
Como si no fuera suficiente, tres jóvenes fueron asesinados en la zona de Angelópolis días antes, uno de los espacios que durante años fue presentado como símbolo de desarrollo, modernidad y seguridad.
Tres jóvenes.
Tres vidas que apenas comenzaban a construirse.
Tres familias que jamás volverán a ser las mismas.
Angelópolis, ese espacio que representa el rostro más visible del crecimiento urbano de Puebla, también fue alcanzado por la violencia.
Porque en el México de hoy, la violencia no distingue entre periferias y zonas exclusivas. No respeta códigos postales.
No pide permiso.
Simplemente llega.
Y cuando llega, lo cambia todo.
A estos hechos se suman los casos de personas desaparecidas reportadas apenas la semana pasada.
Nombres que circulan en fichas de búsqueda, rostros que aparecen en redes sociales, familias que recorren fiscalías, hospitales y calles buscando respuestas que el Estado no ha sido capaz de dar.
Cada persona desaparecida es una herida abierta.
Cada ficha de búsqueda es una evidencia de que algo se rompió profundamente en nuestro sistema de seguridad y justicia.
Pero lo más doloroso no es sólo la violencia.
Es la indiferencia.
Porque mientras las familias enterraban a sus muertos, mientras los hijos intentaban entender por qué sus padres no volverían, mientras Puebla sumaba nombres a la lista de víctimas, el poder guardaba distancia.
Una distancia que no es sólo física. sino moral.
Y es precisamente esa distancia la que explica por qué la violencia no solo se reproduce, sino que se normaliza.
Porque cuando el poder no acompaña el dolor, el dolor se convierte en abandono.
En medio de esta tragedia, la respuesta institucional no ha estado a la altura del dolor de las víctimas.
La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que el asesinato de Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo padres de familia, ciudadanos, seres humanos con historia ocurrió en territorio tlaxcalteca, señalando que la investigación principal corresponde a la fiscalía de esa entidad.
Lo repitio más de seis veces.
Legalmente, puede ser correcto.
Moralmente, es insuficiente.
Porque cuando los cuerpos aparecen en Puebla, cuando las víctimas son poblanas, cuando las familias viven aquí, cuando el dolor habita aquí, el deber institucional no se limita a delimitar competencias.
El deber institucional es acompañar, proteger y responder con sensibilidad y responsabilidad.
Pero lo que la ciudadanía observa no es liderazgo, es distancia.
Es una narrativa técnica que se escuda en los límites territoriales, como si la violencia respetara las fronteras administrativas, como si el dolor pudiera fragmentarse en jurisdicciones.
Como si el hecho de que hayan sido asesinados en Tlaxcala redujera la responsabilidad moral del Estado poblano frente a sus propios ciudadanos.
Karina y Alexandro no eran cifras.
No eran expedientes.
No eran un asunto de competencia jurídica.
Eran padres, eran familia, eran vida.
Y sin embargo, la respuesta institucional se percibe fría, distante, burocrática.
Más preocupante aún es el actuar de las áreas encargadas de atender la desaparición de personas, donde diversas víctimas y familias han denunciado no acompañamiento, sino intimidación emocional, desconfianza institucional y una constante sensación de revictimización.
En lugar de encontrar contención, encuentran barreras.
En lugar de encontrar empatía, encuentran protocolos.
En lugar de encontrar respaldo, encuentran silencio.
El mensaje que reciben es devastador: están solos.
Y eso es lo más grave que puede ocurrir en un Estado de derecho.
Porque cuando las víctimas tienen miedo de hablar, cuando las familias sienten que denunciar es exponerse aún más, cuando la autoridad deja de ser refugio y se convierte en distancia, el tejido institucional comienza a romperse.
Un Estado que no protege a sus víctimas pierde legitimidad.
Un Estado que no acompaña el dolor pierde autoridad moral.
Un Estado que responde con burocracia frente a la muerte pierde el vínculo con su gente.
Y ese es el punto más peligroso al que puede llegar una sociedad.
Si la fiscal general Idamis Pastor y la encargada de despacho de la Fiscalía de Desaparecidos no pueden con la responsabilidad que implica proteger, investigar y acompañar a las víctimas, entonces deben hacerse a un lado.
Puebla no necesita funcionarias que se limiten a deslindar responsabilidades o a intimidar a quienes sufren; necesita autoridades con carácter, humanidad y compromiso real.
Permanecer en el cargo sin estar a la altura no es institucionalidad, es negligencia.
En conclusión si no pueden que dejen el cargo, y que permitan a otros ejercer lo que ellos no pudieron.
Pero si la violencia duele, la indiferencia del poder duele aún más.
Porque mientras Puebla enterraba a sus muertos, mientras familias enteras intentaban procesar pérdidas irreparables, mientras el miedo se instalaba en las calles, el silencio de quienes juraron representar al pueblo fue ensordecedor.
Las y los legisladores poblanos, esos que ocupan tribunas para hablar de justicia, de derechos y de compromiso social, no emitieron un pronunciamiento contundente por las víctimas.
No hubo posicionamientos firmes.
No hubo indignación pública.
No hubo acompañamiento institucional visible.
Pero sí hubo pronunciamiento por el deceso de un animal.
Ese contraste no es menor.
Es simbólico. Es profundamente revelador de las prioridades de una clase política que parece haber perdido la capacidad de dimensionar el dolor humano.
Porque cuando la muerte de ciudadanos no genera el mismo nivel de reacción que otros temas, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: hay vidas que importan menos.
Y esa percepción destruye la confianza pública.
Como si no fuera suficiente, las declaraciones del propio gobernador no trajeron consuelo. Trajeron distancia.
Señalar que los padres deben cuidar a sus hijos, saber con quién se relacionan y asumir una responsabilidad individual frente a hechos de violencia, no solo es una simplificación peligrosa.
Es una forma de trasladar la carga del fracaso institucional a las propias víctimas.
Es una narrativa que desplaza la responsabilidad del Estado hacia las familias.
Pero el deber constitucional del Estado no es señalar, es proteger.
Porque en un Estado de derecho, la seguridad no es un privilegio. Es una obligación.
Y sin embargo, mientras Puebla vivía una de sus semanas más dolorosas, la agenda pública no reflejó la gravedad del momento.
Un día después de los asesinatos que sacudieron a la entidad, la imagen institucional que predominó no fue la de un gobierno acompañando a las víctimas.
Fue la de una rodada de motocicletas.
Un acto que, más allá de su naturaleza, evidenció una desconexión emocional con la realidad que viven miles de poblanos.
Porque cuando un gobierno no pausa frente al dolor de su gente, envía un mensaje claro: la tragedia no altera el curso del poder.
Y esa es quizás la forma más peligrosa de normalización.
Porque la violencia no solo se vuelve cotidiana cuando ocurre con frecuencia.
Se vuelve cotidiana cuando deja de generar empatía en quienes tienen la responsabilidad de combatirla.
Hoy, en Puebla, muchas familias no sólo lloran a sus muertos. También enfrentan la sensación de abandono institucional.
Una sensación que erosiona la confianza.
Que fractura el vínculo entre ciudadanía y gobierno.
Que convierte al Estado en un espectador, en lugar de un protector.
Y cuando el Estado deja de proteger, la sociedad queda expuesta.
Expuesta al miedo.
Expuesta a la incertidumbre.
Expuesta a la violencia.
Y es entonces cuando surge una pregunta inevitable, incómoda, pero necesaria:
Si el gobierno insiste en que la seguridad está bajo control, ¿por qué sus propios funcionarios viven como si no lo estuviera?
El viernes pasado, un alto funcionario estatal acudió a comer a un restaurante japonés en la zona de Angelópolis.
No llegó solo.
Llegó rodeado de un amplio operativo de seguridad: escoltas armados, camionetas blindadas y un despliegue que resguardó no sólo su presencia, sino todo el perímetro del centro comercial.
La escena no pasó desapercibida.
Porque mientras a la ciudadanía se le pide confianza, mientras se repite el discurso de que las condiciones están controladas, quienes toman las decisiones se mueven bajo esquemas de protección que evidencian exactamente lo contrario.
Y entonces la pregunta deja de ser retórica y se vuelve brutalmente lógica:
¿La seguridad que presumen es real… o es sólo un discurso?
Porque cuando un funcionario necesita ese nivel de protección para realizar una actividad cotidiana, lo que está reconociendo aunque no lo diga—es que el riesgo existe.
Que la amenaza es real.
Que la seguridad no es tan sólida como se afirma desde el poder.
La diferencia es que ellos tienen escoltas.
La ciudadanía, no.
Ellos tienen camionetas blindadas.
Las familias, no.
Ellos tienen protección institucional.
Las víctimas, no.
Y esa es la desigualdad más dolorosa de todas: un Estado que no puede garantizar la seguridad de su gente, pero sí la de quienes gobiernan.
México arde. Puebla sangra. Y el poder observa.
Observa desde la distancia, desde la comodidad de sus discursos, desde la frialdad de sus oficinas, mientras las familias entierran a sus muertos y aprenden a vivir con el vacío que deja la violencia.
Nos dijeron que todo estaba bajo control.
Pero un país no está bajo control cuando sus carreteras arden, cuando sus jóvenes mueren, cuando sus padres desaparecen y cuando sus autoridades son incapaces de mirar a las víctimas a los ojos.
La verdadera crisis no es solo la violencia.
Es la indiferencia.
Y a usted que me escucha y me lee, quiero decirle algo con absoluta claridad: tómelo en cuenta.
Porque el próximo año habrá elecciones.
Y ese día, usted tendrá en sus manos la única herramienta capaz de cambiar esta realidad.
No volvamos a premiar con el voto a quienes han demostrado incapacidad, frivolidad y una desconexión total con el dolor de la gente.
A quienes prefieren la simulación, el espectáculo o las ocurrencias legislativas antes que asumir con seriedad la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
El voto no es un trámite.
Es un acto de memoria.
Es un acto de dignidad.
Es un acto de justicia.
Porque un pueblo que olvida, repite.
Pero un pueblo que recuerda, decide.
Y hoy, más que nunca, Puebla necesita ciudadanos que decidan no desde el miedo, sino desde la conciencia.
