Por Valentín Varillas
El gobierno de Lalo Rivera pasará a la historia como aquel que le abrió las puertas, como nunca, a la operación del CJNG en la ciudad de Puebla.
A través de su enorme poder corruptor, los poderes de facto se hicieron de posiciones clave en la administración municipal, por lo que pudieron hacer y deshacer a su antojo.
Llevaron a cabo homicidios, tráfico de drogas, extorsión, asaltos con violencia y un largo etcétera.
Un auténtico paraíso en donde no tuvieron contrapeso alguno y en el que disfrutaron de impunidad absoluta.
No los tocaron nunca aquí en la ciudad.
Faltaba más.
Otras instancias del orden federal y estatal tuvieron que entrarle al quite ante la opacidad de la autoridad capitalina.
Y en el colmo: les permitieron que las ganancias derivadas de sus actividades ilícitas llegaran a financiar las campañas más importantes de sus principales candidatos.
A cambio, tuvieron que entregarles posiciones que formaron parte de su oferta electoral.
Ahí está el caso de Tania N. candidata suplente de la alianza PAN-PRI-PRD a una diputación plurinominal, como modestísimo ejemplo de todo lo anterior.
No es casual que haya sido detenida en un operativo conjunto realizado por elementos de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
Tampoco el que, sabedores de que habían dejado enormes huellas de sus pactos inconfesables con estos grupos, poco antes de estos hechos se echaran a andar penosas puestas en escena como la supuesta amenaza de muerte a Riestra y el “asalto” fallido a la casa de Rivera Pérez.
Les abrieron la puerta, los pasaron a la cochera, de ahí al comedor, luego los dejaron entrar a la recámara principal, para después abrirles las sábanas y que se acostaran en la cama.
Ahora, pretenden que los que hoy gobiernan los saquen en tiempo récord y de manera definitiva del lugar de privilegio en donde estaban.
Claro que ese es el objetivo, pero desgraciadamente lleva tiempo.
Todas las limpias lo requieren, más cuando el cochinero llegó a niveles impensables de estiércol.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 167 policías municipales de Puebla fueron separados de sus funciones bajo sospecha de haber estado a las órdenes de esta organización criminal.
58 de ellos ya fueron dados de baja y 109 están suspendidos, sujetos a investigación.
Los mensajes han sido muy claros.
El nivel de violencia y los ataques sistemáticos dirigidos específicamente en contra de quienes hoy se encargan de la seguridad pública en la capital, es la respuesta desesperada de quienes ven sus privilegios afectados irremediable e irreversiblemente.
Se acostumbraron a la protección de sus anteriores socios, insertados hasta hace muy poco en la alta jerarquía del servicio público de la capital.
