Esta semana nuevamente se escucharon las voces que aseguran que en Puebla urge una reforma electoral integral.
Un ejercicio de reflexión serio que permita revisar el marco jurídico que regula los procesos electorales locales y adaptarlo a la realidad política actual.
Estas voces no son nuevas.
Desde hace años se han desgastado exigiendo a gritos que las abrumadoras mayorías priistas de pasadas legislaturas estén a la altura de la responsabilidad que implica marcar los tiempos en términos de agenda legislativa y que dejen a un lado sus intereses particulares para priorizar el beneficio de la generalidad.
Lo curioso en esta ocasión fue que el propio Secretario de Gobernación local, Mario Montero, reconoció en un foro sobre el tema organizado por la BUAP que en Puebla urge una reforma electoral de a de veras que garantice la legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones.
¿En serio?
¿Por fin se abrirán los priistas y le entrarán al toro?
Para nada.
Se trata de una declaración que busca cumplir con la cortesía política más elemental, aunque en corto no exista la menor intención del ejecutivo de presentarle al congreso una iniciativa de ley en la materia.
El escenario no era el óptimo para un arranque de honestidad oficial.
Estaban presentes, académicos, especialistas y actores políticos que se han pronunciado abiertamente por la reforma electoral local y era el momento menos adecuado para reforzar el miedo y la cerrazón que han mostrado los dos últimos gobiernos estatales en este tema.
Y es que, mantener el actual marco electoral significa la garantía de mantener vigentes algunas condiciones que benefician electoralmente al Revolucionario Institucional.
Por ejemplo, la sobrerepresentación.
La manera en la cual está dividido políticamente el estado le permite al PRI condiciones de privilegio en términos del número de diputados que aporta a las legislaturas locales.
En algunas zonas del estado, la distritación no sigue una lógica territorial pero coincide perfectamente con el perfil del votante priista.
No hay coincidencias.
El actual marco legal que regula la organización y el desarrollo de los procesos electorales en Puebla es una herencia del sexenio de Manuel Bartlett.
Bartlett es sin duda un experto en ingeniería electoral, en ganar aun perdiendo, por eso la parte central de este código en lo referente a distritación y representación política están cuidadosamente diseñados para maximizar el peso político del todavía vigente voto duro tricolor.
De esto, ya son más de diez años.
Sobra decir que la vida política del estado ha cambiado de manera importante en este tiempo y que por lo tanto las necesidades de partidos y votantes ya no son las mismas.
Sin embargo, nuestra cada vez más anquilosada ley electoral permanece virginal en el fondo aunque se siga prostituyendo en la forma.
La necesidad de actualizar la norma en materia del funcionamiento de nuestras instituciones es una de las grandes lecciones del proceso presidencial del 2 de julio de 2006.
Las serias dudas sobre la legitimidad de nuestro presidente y el clima de inestabilidad social y política que se vive actualmente en el país, se deben en gran medida a posturas y prácticas políticas como las que hoy asume el PRI poblano.
Las consecuencias para el estado pueden ser terribles y el costo político para el PRI, incalculable.
¿Cuándo se darán cuenta?
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