Por Valentín Varillas
La presidenta Sheinbaum declaró hace unos días, en su conferencia mañanera, que de seguir la línea editorial contra el gobierno, las televisoras de Salinas Pliego perderán ingresos por concepto de venta de publicidad.
“A ver qué anunciante sigue”- dijo textual, lo cual tiene por lo menos un par de artistas interpretativas.
De entrada, la “oficial”, que explica esta frase en función del costo en credibilidad que supone emprender una consigna que se basa en el golpeteo extremo y permanente al oficialismo.
Sobre todo, con una presidenta que registra niveles de popularidad por encima del 70% de forma consistente.
Pero está la otra, la de la amenaza velada a aquellas empresas que consideren invertir a estos medios dentro de su estrategia de promoción; de que podría haber acciones oficiales en su contra si deciden hacerlo.
En Puebla, Rafael Moreno Valle ensayó una estrategia de boicot que pretendía desaparecer a los “medios incómodos”.
Puso en marcha el tristemente célebre Tri-Pack, que consistía en amenazar con represalias a instancias en teoría independientes, como los ayuntamientos y la universidad pública, si le daban convenio a “sus enemigos”.
Pero eso no fue todo.
Aquellos privados que, en pleno uso de su libertad y derechos decidían comprarnos publicidad y tener presencia de marca con nosotros, empezaron a sufrir las consecuencias.
Desde respetuosas llamadas a los dueños, en caso de que fueran conocidos o tuvieran algún tipo de relación con alguien del círculo cercano de Rafael, hasta el inicio formal de auditorías mandadas desde la Secretaría de Finanzas del estado.
Así tal cual.
Todo esto fracasó.
Ninguno de los poquísimos que vivimos esta realidad dejamos de existir.
Es más, seguimos hasta la fecha operando con normalidad.
Es facultad de las entidades públicas decidir cómo y en qué gastar los recursos del erario.
Sin embargo, utilizar la fuerza del estado para ejercer presión o intimidar a quienes tienen el derecho de invertir su dinero en lo que quieran, atenta en contra de las libertades básicas supuestamente garantizadas en el texto constitucional.
Ojalá que en el caso del actual gobierno federal, éste no sea el caso.
Juraron ser diferentes.
No cometer los mismos excesos que los de antes.
Y aunque en el primer piso de esta 4T ya quedó claro que no cumplieron, existe la esperanza de que en el segundo, el que estamos viviendo ahora, sí exista la voluntad de honrar su palabra.
