Por Rocío García Olmedo
Mientras se implementa el tercero de los Planes de intervención federal “Por la Paz y la Justicia” para el estado de Michoacán, -en 2009 y en 2014 presentaron también planes de esta naturaleza los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- el llamado Movimiento del Sombrero se ha hecho presente en diversas marchas en el estado de Michoacán pero el enojo y la indignación ciudadana ha trascendido las fronteras de esa entidad, colocándose en todo el país la protesta social, tal vez porque ese Plan emergente debiera ser diseñado también para cada uno de los estados del país que hemos venido observando el incremento de los diversos delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Se ha repetido una vez más, que uno de los puntos que incluirá este Plan emergente es el de “atender las causas” frase que sin duda suena muy bien y debiera tener un real significado pero que ya está siendo muy usada y poco convertida en resultados; sin embargo, sí hay que considerarla, pero en su verdadero significado, antes de que se siga desbordando del discurso político oficial.
Habrá entonces que Reconocer para Atender la grave problemática social cada día más presente que origina el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes (NNA) por grupos delincuenciales para cometer delitos.
Gravísimo si consideramos las opiniones de organizaciones expertas que han venido comentando en los últimos años que “la población en riesgo de ser reclutada o utilizada podría ser de hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) en el país y Michoacán es uno de los estados con mayor riesgo y vulnerabilidad (REDIM),” advirtiendo también que aproximadamente 30 mil niños y adolescentes son incorporados a las filas del crimen organizado (Reinserta). Perturbador.
Entonces ir a las causas pasa por preguntar ¿Qué origina que nuestra niñez y adolescencias sean reclutados para convertirlos en sicarios? Sus necesidades económicas, la pobreza extrema y la pobreza en que viven, con familias disfuncionales o dentro de círculos de violencia familiar; la marginación; abandono escolar; falta de oportunidades laborales; no cuentan con servicios básicos y su vulnerabilidad emocional; todo, convertido en factores de riesgo porque en lo general viven con carencias físicas, educativas, económicas, sociales y psicológicas y ¿por qué los reclutan? porque si no mueren antes y son detenidos, no pueden ser procesados como adultos porque son menores de edad, no pisan la cárcel y vuelven a delinquir. Los reclutan también ahora por redes sociales o por presiones en colonias marginales, les prometen poder y riqueza, los enganchan y convierten en adictos y estos NNA consideran que la única manera de salir de esas condiciones en que viven en donde tendrán una mejor calidad de vida es aspirando al estilo de vida de figuras representativas del narcotráfico creadas por lo que conocemos como narcocultura.
Todo lo anterior es resultado de diversas investigaciones y todo, absolutamente todo -me parece- corresponde a esas “causas subyacentes” que hay que atender. Estos NNA son también víctimas, pero también son sujetos de derechos.
La frase de “atender las causas” tan usada, la escuchamos también cuando el discurso oficial se refiere a las violencias de las que son víctimas millones de mujeres en el país, diariamente vulneradas por actos de acoso sexual en lo público y en lo privado; en el ámbito laboral; lo mismo en la calle que en la casa; en la vida real y en la digital.
El acoso inadmisible del que fue víctima la presidenta Sheinbaum, lo demuestra una vez más, pero en la persona de quien ostenta el más alto cargo del país, sin duda permitirá reforzar las políticas públicas de prevención y atención de este tipo de delitos, porque la realidad es que el 97% de mujeres que son en su mayoría las más violentadas por este delito, no tienen ningún acompañamiento, tampoco tienen manera de obtener la evidencia que demuestre que han sido víctimas de este delito por la imposibilidad de identificar a los agresores y por ende no tienen acceso a la justicia y la impunidad se hace presente; por ello el 94% de mexicanas no denuncian el acoso callejero convirtiendo en espejismo, la normativa que ya lo tipifica en las entidades de la República como en Puebla (Artículo 278 Quáter del Código Penal) tal vez por eso el dato de percepción de inseguridad en áreas urbanas es que un 75% de la población se siente insegura de vivir en ciudades (ENSU2025) y el del índice Global de Paz 2025 que posiciona a México en el lugar 135 de 163 naciones equiparándolo a las zonas de conflicto armado.
Me parece que en ambos casos la actual estrategia de política federal de seguridad ha quedado muy cuestionada y en efecto en ambos hay que “atender las causas” pero de “a deveras.”
