Por Valentín Varillas
Janine Otálora Malassis le dijo adiós al Tribunal Electoral Federal.
Muchos años de trabajo, fallos y resoluciones.
De todo tipo.
Sin embargo, la más polémica de toda su carrera seguramente fue la que calificó la elección a gobernador de Puebla en el 2018, una de las más controversiales y bizarras en la historia de la administración de justicia electoral en este país.
Alrededor de este fallo, se han tejido las más diversas teorías, conspiraciones y confabulaciones, en un intento por tratar de explicar, por lo menos con cierto nivel de precisión, un muy extraño capítulo de la política mexicana.
Todas convergen en dos puntos concretos: hubo mucho dinero de por medio y se llevó a cabo una operación de cabildeo, negociación y amarres, al más alto nivel.
Como presidenta del Tribunal, Otálora no solo podía influir en el ánimo del resto de los magistrados, sino que su voto “de calidad” rompería un potencial empate, en caso de que alguno de ellos extrañamente se ausentara de la sesión.
Si bien este escenario no se dio, el voto de Otálora fue el último en emitirse y el que en ese momento definía el 4-3 final.
El silencioso, pero efectivo operador fue Ernesto Herrera Tovar, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, amigo personal, cercanísimo, de la entonces presidenta.
A pesar de que, en teoría, sus responsabilidades profesionales tendrían que haberlo mantenido al margen de cuestiones electorales, se la jugó con todo a favor de que el PAN mantuviera la gubernatura de Puebla.
Fuera como fuera.
Herrera Tovar llevaba a cabo constantes reuniones de estrategia con Roberto Gil Zuarth, en ese tiempo la cara visible de la defensa de los intereses de Moreno Valle en el Tribunal.
Le reportaba cómo iba el proceso de “convencimiento” de Otálora, quien en un momento de la impugnación pensó decantarse a favor de la anulación.
Fue cuando se intensificó el marcaje personal y se afinaron con éxito las notas del dulce canto de las sirenas.
La misión había sido cumplida.
Rafael y sus aliados sabían que la votación final quedaría a su favor por un voto y con esa tranquilidad vieron el desarrollo de una sesión que a esas alturas era ya tan solo un mero trámite.
Por su parte, Herrera Tovar se disponía a cobrar su parte del botín.
Como militante panista, partido por el que fue diputado en la LIX legislatura federal, diputado local en la ALDF, el magistrado tenía aspiraciones políticas que iban de la mano del fortalecimiento del morenovallismo.
Juran los enterados que, como premio por sus buenos oficios, el malogrado senador le había prometido que se convertiría muy pronto en el sucesor de Marko Cortés al frente del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.
Pero el destino tenía otros planes y nunca pudo cobrar la factura.
Más allá de los aplausos y porras de los opositores al oficialismo, el caso Puebla mancha inevitable e irremediablemente reputaciones, nombres, trayectorias y carreras.
Se dice que los que llegaron a través del voto popular a través de aquel remedo de elección están mucho peor.
Que muy pronto extrañaremos a los que ya se fueron.
Ojala que no sea así, por el bien del país.
