Por Valentín Varillas
El gobierno de Felipe Calderón se vino abajo ante los altísimos niveles de inseguridad que se registraron en su sexenio.
El daño colateral en matera social, de aquella farsa llamada “guerra contra el narco”, fue altísimo.
Del mismo tamaño del costo político que tuvo que pagar.
Terminó con niveles muy bajos de popularidad y los mexicanos se lo cobraron con toda contundencia en las urnas.
El PAN pasó de ser el partido en la presidencia a la tercera fuerza política nacional en apenas seis años.
A Enrique Peña Nieto no se le perdonó nunca el que haya gobernado siendo el jefe de una auténtica pandilla que acabó saqueando el país.
Cometieron descarados actos de corrupción que trascendieron en medios tradicionales de comunicación, pero sobre todo, que se viralizaron en las nacientes redes sociales.
El enorme capital político con el que llegó a la presidencia, se hizo pedazos en tiempo récord.
La última piedra en el ataúd del llamado “nuevo PRI” fue la ineptitud y la complicidad mostradas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En base a lo anterior, sería muy fácil concluir que inseguridad y corrupción son los factores que más dañan la imagen de un gobierno y que marcan invariablemente su destino.
Sin embargo, no ha sido así con los gobiernos de la 4T.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, la percepción de inseguridad en México aumentó al 63.2% en el segundo trimestre del 2025.
Cuatro puntos porcentuales más que el mismo período en el 2024.
Además, México obtuvo este año su peor calificación histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción, medición que hace Transparencia Internacional, con apenas 26 puntos de 100 posibles.
Ocupamos en este penoso rubro el lugar 140 de 180 países evaluados.
A pesar de todo esto, los niveles de aprobación ciudadana a la gestión de Claudia Sheinbaum siguen estando por las nubes.
Según Mitofsky, llegó a su primer informe con un 71%, algo que ni siquiera soñaron sus antecesores.
Por si fuera poco y a contracorriente con la frialdad de los números, el 66% de los encuestados considera que “el país está mejor en comparación con el inicio de su administración”.
Y el 60% está seguro que “Sheinbaum ha hecho más de lo esperado”.
No, aquí el análisis simplista de la lógica no cuadra.
Una mayor percepción de inseguridad y corrupción, pero un fortalecimiento sistemático de la imagen de la presidenta.
No, no es magia.
Se trata, simplemente, de la eficacia de los programas sociales.
Esos que se basan en la entrega de dinero en efectivo a distintos sectores y que en tiempos de AMLO se elevaron a rango constitucional.
Una genialidad que este año nos costará más de 835 mil millones de pesos y que le da a quien los opera un muy grueso blindaje en términos de opinión pública, además de millones de votos en las urnas.
