Por Yasmín Flores Hernández
La semana pasada abordamos un tema que despertó un intenso debate entre quienes me escuchan y me leen: la historia de Israel Vallarta.
Muchos cuestionaron si era o no culpable, otros preguntaron por las víctimas, y varios me pidieron profundizar en el papel de Eduardo Margolis. También hubo quienes querían más detalles de la entrevista que realicé a Vallarta.
En esta segunda parte retomo ese diálogo, aclaro lo que está en juego y explico por qué este caso no sólo es relevante, sino que también expone la urgencia de replantear la prisión preventiva oficiosa en México.
Empecemos…
Israel Vallarta cruzó la reja del Altiplano el 1 de agosto. Una jueza federal lo absolvió al concluir que la Fiscalía no acreditó su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, ni armas de uso exclusivo del ejercito.
No fue un favor: fue la constatación, tardía, de que el proceso estaba viciado desde el origen.
Esa salida no cierra el caso por el contrario: lo abre. Porque exhibe una maquinaria que usó la prisión preventiva como castigo anticipado durante casi dos décadas, con tortura documentada y un montaje televisivo que ya forma parte del archivo de la infamia.
La propia crónica judicial recoge que, además de la revisión de medidas, Vallarta recibió medidas del Comité contra la Tortura de la ONU, un recordatorio de que afuera, el mundo veía lo que adentro se negaba.
La liberación, además, llega en medio de otro movimiento que no es menor: Estados Unidos revocó la visa de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, el empresario de la seguridad y los blindajes cuya sombra reaparece cuando se repasa la trama de poder alrededor de Cassez-Vallarta.
Dos hechos separados por días, pero unidos por la misma sombra: un sistema que durante años convirtió la justicia en espectáculo y el espectáculo en condena.
El 7 de agosto de 2025, la revocación de la visa de Margolis no fue un trámite burocrático: se trató de una medida tomada por investigaciones en ambos lados de la frontera que apuntan a operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y relaciones políticas de alto nivel.
Washington no actúa por corazonadas, y menos cuando el señalado ha pasado décadas moviéndose entre contratos públicos, negocios privados y estructuras de seguridad e inteligencia.
No es una condena penal; sí es una señal política y de riesgo reputacional para quien durante años operó entre contratos, influencias y silencios.
Vallarta ya esta libre y el sistema sin duda ha sido expuesto.
Todo esto es la constatación tardía de que el proceso estaba podrido desde su origen, con pruebas fabricadas, testimonios obtenidos bajo tortura y un montaje televisivo transmitido a millones de personas.
Vallarta pasó casi 20 años en prisión preventiva oficiosa, una figura que en México se ha convertido en condena anticipada.
El artículo 19 constitucional, es el que permite su aplicación automática para ciertos delitos, ha servido de coartada para encarcelar sin justificación individual.
Para todo esto existe un nudo: si, la lamada oficiosidad como coartada
La oficiosidad permitió encarcelar sin motivación, solo bastaba el tipo penal para activar la celda. Esa lógica desvió el proceso: primero se encierra, luego se busca cómo sostener el encierro. De ahí nacen montajes, declaraciones arrancadas, expedientes mal cosidos.
Cuando el incentivo es justificar la cárcel ya impuesta, la verdad pierde y la Fiscalía se vuelve administradora del tiempo de vida ajena.
El proyecto del AR 186/2024 empuja otra ruta: aun en delitos del catálogo constitucional, la persona juzgadora debe abrir el debate y motivar por qué no bastan otras medidas (vigilancia, brazalete, garantías, presentación periódica). En suma: que la excepción sea excepción y que la cárcel antes del juicio deje de ser la regla.
Y en este punto hilamos los nombres propios a la red.
La columna pasada siguió los hilos. Hoy basta subrayar el contexto: con Vallarta exonerado, lo que queda no es revancha sino mapear la red que convirtió un caso penal en espectáculo y un espectáculo en doctrina práctica.
Ahí entra Margolis, el “Gólem”, cuya visa revocada en EE.UU. encaja con un patrón de escrutinio a los intermediarios del negocio de la seguridad: proveedores, facilitadores, operadores que prosperaron con contratos públicos y proximidad al poder.
Señalamientos no son sentencia, pero sí umbral de investigaciones a ambos lados de la frontera.
¿Pero que sigue?
Si de verdad queremos que esto cambie, empecemos con una reforma constitucional: la prisión preventiva oficiosa debe derogarse.
No basta con “acotarla” en discursos; la ruta interamericana ya está marcada. Ignorarla seguirá costando vidas y sentencias internacionales que exhiben nuestra incapacidad para garantizar justicia.
Es importante los criterios vinculantes: mientras llega la reforma, el Poder Judicial tiene la obligación de fijar reglas que exijan justificar cada encierro, revisarlo de manera periódica y sancionar el uso de pruebas obtenidas con tortura o fabricación.
Revisión masiva de casos: la absolución de Vallarta no es un milagro ni una excepción; es la evidencia de que el sistema falla como norma. Cientos de presos sin sentencia siguen esperando que alguien los mire, que alguien les devuelva el tiempo que el Estado les robó.
Rendición de cuentas: la cancelación de visas no reemplaza la justicia. Se debe investigar y procesar a quienes construyeron, financiaron y se beneficiaron del engranaje que convirtió el montaje y la prisión automática en herramientas de control político.
A usted que me escuha y me lee, permítame narrarle en cuatro puntos porque el caso Vallarta es tan relevante:
- El precedente
La sentencia absolutoria, tras casi 20 años de encierro sin condena, es más que una reparación individual: es un espejo para cientos de causas donde la prisión preventiva oficiosa se volvió castigo automático. Lo que en los papeles era “medida cautelar” terminó siendo pena encubierta.
- La doctrina empieza a moverse
Hoy existe, ya por escrito, un nuevo entendimiento que se abre paso: la prisión preventiva “oficiosa” no se impone de manera automática. Debe abrirse un debate sobre necesidad, proporcionalidad, idoneidad y subsidiariedad, incluso en el catálogo del artículo 19. Eso dice el proyecto de la Suprema Corte en el Amparo en Revisión 186/2024, que propone romper la inercia del “automático” y obligar a justificar la cárcel preventiva caso por caso.
- La presión internacional ya no es ruido. La Corte Interamericana declaró inconvencional la oficiosidad; la ONU y otros órganos han pedido su eliminación. Cada absolución tras años de encierro confirma que el andamiaje viola presunción de inocencia y fomenta tortura y fabricación de pruebas.
- El costo político sube. Con Vallarta libre y el montaje desnudo, los nombres propios pesan. Las sentencias contra García Luna y Cárdenas Palomino, y ahora el retiro de visa al “Gólem” —Margolis—, colocan reflectores donde antes había blindaje. No es “venganza”; es rendición de cuentas, aunque sea por vías distintas.
La libertad de Israel Vallarta es más que un acto jurídico: es un hecho moral que reconoce que el Estado mintió, que la verdad estuvo secuestrada y que la justicia se administró como espectáculo.
Este no es solo un caso; es un espejo incómodo que nos muestra cómo y por qué México encierra a su gente. Es ahí donde se define si somos un Estado de derecho o una fábrica de culpables.
Si no se reforma la oficiosidad y no se castiga a quienes fabrican culpables, el próximo “Vallarta” puede ser usted o puedo ser yo, ya está en una celda, esperando a que su vida se extinga entre muros.
La pregunta no es si volverá a pasar, sino cuántas veces lo permitiremos antes de decidir que la excepción sea, de verdad, la excepción… y no la regla.
Con esto en mente, los invito a escuchar directamente a Israel Vallarta. En esta entrevista, sus palabras son más que un testimonio: son la voz de quien sobrevivió al engranaje más oscuro del sistema judicial mexicano.
Veinte años le costó a Israel Vallarta cargar con el peso de proteger a una mujer y dos niños. La venganza tenía otro blanco: Sebastián Cazzes.
Entre las supuestas víctimas que señalaron a Israel Vallarta, dos pertenecían a la comunidad judía y jamás ratificaron sus denuncias.
Cristina “N”, en su primera declaración, negó reconocer tanto a la francesa como a Vallarta, y relató que la Fiscalía la presionó a ella y a su familia para acusarlo, advirtiéndoles que, de no hacerlo, corrían el riesgo de volver a ser levantados.
Ezequiel “N” declaró en tres ocasiones y en ninguna de ellas hubo coincidencia en su versión; tiempo después se supo que existía evidencia de que se había autosecuestrado para extorsionar a su propio padre, quien presuntamente pertenecía a una banda de secuestradores, y que su tía era agente de la AFI.
Otra de las supuestas víctimas confesó que fue la propia Fiscalía quien les indicó a quién señalar, y que ellos únicamente firmaron la denuncia.
Así, la mentira institucional terminó arrebatándole a Vallarta dos décadas de libertad, de vida y de futuro.
No soy quien para decidir si Israel Vallarta es culpable o inocente, pero veinte años de prisión, torturas, violaciones y una familia deshecha superan cualquier sentencia. Quien acusa debe probarlo, y quien juzga debería mirarse al espejo antes de dictar destino.
