Por Valentín Varillas
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se utilizó a mansalva el software Pegasus para llevar a cabo una práctica que juró que jamás iba a ensayar: el espionaje.
A través de información obtenida a partir de un juicio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group, que se litiga en Estados Unidos, se dio a conocer que los teléfonos de 456 mexicanos fueron intervenidos por el gobierno federal entre abril y mayo del 2019.
Apenas en dos meses del primer año de esa administración.
¿Se imagina lo que hicieron en seis años?
En varias de sus mañaneras, el entonces presidente fustigó el uso de la tecnología para hacerse de información privada de personajes incómodos y adversarios políticos.
Exhibió al gobierno del finado Rafael Moreno Valle como arquetipo de lo que en teoría no se debía de hacer.
Es más, ese año, en la coyuntura de la elección extraordinaria en Puebla, dos liderazgos de Morena: Luis Miguel Barbosa y Fernando Manzanilla, acudieron a la FGR a interponer denuncias en contra de la red de espías que operaba el ex mandatario poblano.
Esa que llegó a infiltrar las conversaciones de Enrique Peña Nieto y de quien fuera su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: los dos hombres más poderosos del país en esos tiempos.
Rafael gastó cientos de millones de dólares de las arcas del erario estatal en adquirir lo último en recursos, materiales y humanos, para obtener datos potencialmente comprometedores de sus amigos y enemigos buscando así someterlos.
A su muerte, supuestamente quedó a la deriva semejante infraestructura.
Pareciera muy ingenuo pensar que sus sucesores, a pesar de sus promesas, no la utilizaron a conveniencia.
Pero más allá de la realidad poblana no queda ninguna duda de que, en el primer gobierno del supuesto cambio político en México, el del inicio de la tan cacareada transformación, el espionaje debe sumarse ya a la larga, enorme lista de las cosas que siguen igual en este país.
No, no eran tan diferentes como nos vendieron.
