Por Valentín Varillas
Cacicazgos eternos, que se heredan como torcidos derechos de sangre.
Y que para su imposición y permanencia echan mano de los poderes de facto.
De todo tipo.
En primerísimo lugar, por supuesto: de los grupos criminales.
Así, les abren las puertas del servicio público, se dejan infiltran, permiten que cuelen sus posiciones en áreas claves en el ejercicio de gobierno.
En resumen: se vuelven sus socios.
Defienden desde su responsabilidad social únicamente a los intereses delincuenciales de los que ya se volvieron beneficiarios directos.
Toman decisiones que afectan la vida de miles de personas no priorizando el bien común, sino los intereses de esta nueva organización integrada por políticos, burócratas y malhechores.
Lo peor es que, en los hechos, desde hace décadas acabaron siendo sinónimos.
¿Cuántos casos?
Seguramente miles a lo largo y ancho del territorio nacional.
El más sonado, escandaloso y reciente: el de los hermanos González Vieyra y su padre.
Un penoso pero muy representativo crisol de cómo el poder corruptor de estas bandas pueden y han podido siempre, poner y quitar gobernantes.
Meterse de lleno a la mal llamada democracia mexicana y manejarla a placer.
No se puede llamar democracia plena a un sistema de partidos en donde manos externas tienen derecho de veto y voto en la imposición de candidatos.
Cuando tienen las puertas abiertas de par en par para financiar proyectos a modo, que les garanticen dinero e impunidad y en donde pagan con su vida aquellos que se niegan a hacer alianzas porque representan un obstáculo en la consecución de sus intereses.
No son el único caso, faltaba más.
Hemos visto con tristeza cómo la política poblana se ha contaminado en todas sus versiones, ideologías, colores, siglas y partidos, de ejemplos idénticos.
Más allá del cortoplacismo de postergar con resultados en materia de seguridad la amenaza de los aranceles y sus potenciales consecuencias económicas para el país, urge limpiar de delincuentes la vida pública nacional.
Por mucho nacionalismo y soberanía que le pongamos al discurso, no tenemos elementos reales para refutar la tesis gringa de que en México existe y ha existido siempre, una alarmante y cada vez más sólida alianza entre criminales y gobierno.
