Por Alejandro Mondragón
Nunca se había visto que después del fallo inapelable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el órgano local haya anulado la resolución del máximo tribuno comicial.
El TEPJF determinó echar abajo la anulación de las elecciones en Venustiano Carranza y Chignahuapan, decretado por el TEEP, pues consideró que un recuento supletorio de los votos serviría para definir a los ganadores.
En efecto, en Venustiano Carranza se impuso Marco Valencia y en Chignahuapan a Juan Lira Maldonado, ambos personajes con sospechas de estar vinculados a actividades ilícitas.
Valencia y Lira, a quien se le conoce como “El Moco”, han venido amenazado a los gobernadores de Puebla y a las autoridades electorales.
Pues en víspera de sus tomas de posesión, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla anuló lo que resolvió el TEPJF, porque aceptó una impugnación de Morena en la que se había roto la cadena de custodia.
Minutos después el Congreso del Estado anunció la repetición de las elecciones en ambos sitios y designó concejos municipales hasta que se realicen los comicios extraordinarios.
El problema es que el TEEP no vio esa ruptura de la cadena de custodia de las actas en San Pedro Cholula, donde ocurrió lo mismo que en Venustiano Carranza y Chignahuapan: alteración de resultados.
Sin duda hay criterios más que políticos y electorales para lo que ocurre en ambos municipios. Hay conflictos de seguridad, pues se han detectado lazos delincuenciales entre las autoridades depuestas.
Peeero si ese resulta ser el criterio, entonces por qué no se aplicó lo mismo en Quecholac, donde se dejó que la hija de un líder del huachicol gobierne.
Es simplemente, el principio juarista:
A los amigos, la ley y gracia; a los enemigos, la ley a secas.
