Por Yasmín Flores Hernández
Roberto Gil Zuarth dejó su escaño en el Senado de la República justo hace seis años, apenas si había arrancado el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. De manera abrupta terminaba con una década de cargos públicos de primer nivel para retirarse —a los 41 años— y retomar sus actividades privadas, como abogado.
En su paso por la Cámara alta, presidió la mesa directiva, justo a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas formaba un bloque de excolaboradores cercanos a Felipe Calderón que alcanzaron fuero y defendieron el legado del último presidente panista.
En la mesa directiva le antecedió Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien además era coordinador de la bancada perredista. Esa legislatura produjo una camada de gobernadores de todos los signos partidistas.
Los nexos del exsenador panista y el exgobernador de Puebla se remontan a la década anterior y se fortalecieron en el sexenio peñista, cuando ambos ocuparon un escaño en la Cámara Alta.
Abogados, especializados en el litigio electoral, ambos tuvieron un papel relevante en el proceso legislativo que derivó en el nombramiento de los integrantes de los órganos autónomos.
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial, por ejemplo, llegó Reyes Rodríguez Mondragón, quien había fungido como secretario técnico de la Comisión de Justicia, que entonces presidía Gil Zuarth.
Y al INAI se incorporó el abogado zacatecano Francisco Acuña Llamas, quien dejó en el camino al michoacano Ernesto Villanueva, quien contaba con el respaldo de Barbosa para presidir el nuevo órgano garante del acceso a la información.
Para el INE, en cambio, entonces habrían bloqueado el ascenso de Carla Humphrey —exesposa del parlamentario panista—, no obstante que la exconsejera del IEDF estaba entre las aspirantes mejor evaluadas.
Ambos legisladores estaban en el centro de un bloque de senadores que, sin desafiar la línea de las dirigencias partidistas, tenía “vida propia” y un proyecto transexenal cuya vigencia ahora mismo es una incógnita.
Una generación de abogados que unió sus destinos en las épocas preparatorianas y que estrechó lazos en sus estudios de posgrado, en España.
Expulsados de la cúpula panista, desde el ascenso de Ricardo Anaya, los calderonistas tomaron una ruta apartidista, pero —de acuerdo con la evidencia recabada en el último bienio— una facción estaría cercana a Movimiento Ciudadano. Otra, encabezada por Gil Zuarth, quien se enfocó a los negocios.
En Accuracy —una firma de consultoría y servicios legales— estaría con sus excolegas parlamentarios, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle Maury, pero el escándalo de los sobornos presuntamente pagados por Emilio Lozoya en la aprobación de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, dio al traste con su modelo de negocio.
Los asociados al despacho atendieron con diligencia a los gobiernos de Puebla y Tamaulipas.
Y justo sus lazos con aquella entidad fronteriza explicarían la beligerancia de un sector morenista contra Gil Zuarth.
El mismo expediente que había sido filtrado sobre el manejo de sus cuentas bancarias ahora soporta la exhibición de “pruebas irrefutables” de su injerencia en la acción judicial contra los patronos de la Universidad de las Américas-Puebla.
Detrás estarían litigantes y notarios tabasqueños que habrían ayudado al exsenador panista a establecer contacto con el secretario de Gobernación de aquel entonces, Adán Augusto López Hernández o al menos eso presumía hasta hace un par de meses…
En Puebla, se enriqueció todavía más gracias a un gobierno emanado de Morena: el de Luis Miguel Barbosa.
Ahí, estableció una instancia de poder paralela a la legalmente establecida, con capacidad real para la toma de decisiones oficiales.
Roberto Gil Zuarth tuvo inclusive la influencia suficiente como para imponer perfiles en aquel gabinete, como son Ana Lucia Hill en Gobernación y Teresa Castro Corro en Finanzas, por ejemplo.
Sí, Teresa Castro Corro, aquella que nos dejó una deuda que se detectó en la inversión de más de 600 millones de pesos del gobierno de Puebla en el Banco Accendo, ahora en bancarrota, y otro mas la inversión de 6 mil 800 millones de pesos en Fóndika, una empresa de ahorro y rendimientos, en donde seguro Gil Zuarth tuve algo que ver.
Además, con su despacho de asesoría jurídica, se encargo de la estrategia para ajustar cuentas con quienes fueron considerados como enemigos del entonces mandatario estatal.
Con o sin razón.
El propio panista se jactaba en todo tipo de reuniones de haber sido el “gatillero de Barbosa”.
Aquel Barbosa que hizo de los Centros Penintenciarios la segunda casa de muchos, que hoy se hacen llamar “presos políticos”, algunos culpables y otros que simplemente fueron carne de cañon para saciar las ganas de venganza del mandatario estatal de aquel entonces.
La embestida legal y policiaca que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, lanzó contra el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que controla la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la fundación del mismo nombre, sigue el guion que el gobierno estatal morenista recibió del despacho del panista Roberto Gil Zuarth.
El objetivo de la operación, plasmado en un documento en poder de la Revista Proceso, es nítido: el despacho Accuracy Legal & Consulting, SC, prometió al equipo de Barbosa que, una vez lograda la “remoción de los actuales patronos” de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), “el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de ¬dólares”.
Este monto representa el valor del patrimonio de la fundación, que incluye 18 inmuebles, acciones de tres empresas –entre ellas, la UDLAP–, un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario y automóviles, y se encuentra en el centro de una intensa batalla legal entre los herederos del magnate William O. Jenkins, quien creó la fundación en 1954.
El documento es una presentación de 35 cuartillas que el despacho de Gil Zuarth entregó en su momento al gobierno de Puebla; en ella se detalla “la serie de procedimientos y actos administrativos requeridos para llevar a cabo la remoción de los miembros del Patronato de la FMSJ” y lograr la “investigación y recuperación internacional de activos”.
El despacho que Gil Zuarth fundó en febrero de 2018 –mientras concluía su mandato como senador del PAN– alentó al gobierno poblano a apoyar a Guillermo Jenkins de Landa en el pleito legal que inició en 2016 contra su madre y hermanos –miembros del patronato–, a quienes acusaba de desviar el patrimonio de la fundación. También lo instó a lanzar las instituciones del Estado contra ellos mediante un “juicio de lesividad”.
Precisamente fue lo que Barbosa hizo: su gobierno acusó a los integrantes del patronato de saquear 720 millones de dólares de la fundación; los destituyó en abril de 2021 y designó otro patronato, y en junio último lanzó a la Policía Estatal para tomar las instalaciones de la UDLAP –también sede de la FMSJ–, que desde 2017 estaba embargada por el Sistema de Administración Tributaria por un crédito fiscal de 650 millones de pesos.
En agosto pasado la FMSJ denunció que Gil Zuarth diseñó la estrategia de “persecución política” contra el patronato para “apropiarse” de la UDLAP.
El documento en poder de Revista Proceso confirma esta participación del panista en un pleito que ya desbordó el ámbito privado y las fronteras estatales.
En mayo del mismo año la periodista Gabriela Hernández también reportó en Revista Proceso los vínculos entre Gil Zuarth y Barbosa en el campo energético: el gobierno del estado contrató al panista –quien era “asesor” del gobernador en materia energética– para diseñar y presentar un “Modelo de Federalismo Energético Sustentable para Puebla”.
Como se dará cuenta, usted que me escuha y me lee, este personaje es de lo peor, y eso que solo eso estoy rememorando algunas de las acciones que hizo en Puebla, seguro a nivel nacional habra mucho más historias.
Ahora bien el pasado viernes Roberto Gil Zuarth, exsenador del Partido de Acción Nacional (PAN), dio a conocer en entrevista radiofónica que se postulará como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Hay que luchar. Voy a tocar la puerta del Senado de la República. Dice que el pueblo manda, que esta reforma es para que el pueblo elija a sus ministros, magistrados y jueces’”, señaló el exlegislador.
Agregó que es mexicano de nacimiento, abogado de profesión y promedio de más de 8 ocho en la licenciatura en derecho.
También y con tono de sarcasmo, que sus vecinos le pueden compartir una carta de recomendación.
‘”Insisto, para que no haya ‘Lenias Batres’ debe haber ‘Gómez Fierros’ o ‘De la Peza’. Y de una vez le digo al Gobierno, yo voy a iniciar mi campaña
en Chilpancingo, donde mataron un alcalde; luego me voy a ir a Sinaloa, donde la economía está colapsada por miedo”, sentenció el panista.
Gil Zuarth dijo que para enfrentar la reforma al Poder Judicial y su aplicación, ‘le va a ir entrando’. “Me alquilo, me presto a los ciudadanos porque es la casa de mis cinco hijos”, declaró.
Dijo que llevará su solicitud a la oficialía de partes para ser ministro al Senado y que informará día con día cómo va el proceso.
Imagínese usted que me escucha y mi lee, a este señor como ministro, dirá que es el gatillero de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que horror.
Esto es lo que generá una Reforma Judicial mal hecha, contradictoria a los presentos legales y porque no decirlo hasta corrupta.
A usted que me escucha y me lee le digo, guarde su cartera que los pillos, andan sueltos.
