Por Yasmín Flores Hernández
Alejandro Arcos, del PRI, había tomado posesión el lunes como presidente municipal de la capital de Guerrero, uno de los Estados de México más pobres y azotados por la violencia. El pasado jueves también fue asesinado el secretario del Ayuntamiento.
El alcalde Chilpancingo, Alejandro Arcos, aparecía este jueves en los medios locales dando la cara tras el asesinato de su secretario general en el Ayuntamiento, Francisco Tapia, que acababa de ser tiroteado en una calle del centro de la ciudad:
“Es muy doloroso, muy lamentable. Exigimos justicia para que este crimen no quede impune”.
Su mano derecha llevaba tan solo tres días en el cargo, ambos habían tomado posesión el lunes como parte del nuevo Gobierno local del PRI. Tres días después, ha sido el propio Arcos el que ha sido asesinado este domingo.
La capital del Estado de Guerrero, uno de los más pobres y olvidados de México, profundiza la espiral de violencia y descomposición social que se extiende por amplias zonas del Estado, sumido en un sin fin de batallas entre grupos del crimen por el control del territorio.
El asesinato de Arcos ha sido confirmado por Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y la Fiscalía estatal, sin dar muchos más detalles.
Los medios locales apuntan a que el alcalde fue decapitado. Según las mismas fuentes, su cabeza apareció a media tarde sobre el techo de una furgoneta blanca, con el resto del cuerpo en el asiento del conductor.
Arcos había pasado la mañana visitando los barrios más afectados por las lluvias e inundaciones que están haciendo estragos en buena parte del Estado.
Guerrero, y en particular Chilpancingo, es desde hace unos años el centro de una guerra entre grupos criminales.
En concreto, Los Tlacos y Los Ardillos, parte de una galaxia de mafias locales que pelean entre sí tras la caída de las grandes organizaciones. El objetivo es la disputa del territorio para controlar todo tipo de negocios.
El narcotráfico tiene una larga tradición en Guerrero, estado productor de opio y marihuana en la sierra, a poco más de una hora en coche desde la capital.
Pero además existe el secuestro, la extorsión, trata de personas, transporte, alimentación, cualquier actividad que dé algo dinero. Todo es negocio.
Las mafias son parte de una maraña de intereses económicos y políticos que, sumada a la debilidad, cuando no abandono institucional, provoca un cóctel explosivo que hace difícil identificar sus ingredientes.
En el verano del año pasado aparecieron siete cuerpos despedazados en una céntrica plaza de la ciudad y un mensaje a la entonces presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, a quien le pedían una reunión, un “segundo desayuno”, en palabras criminales estampadas en las paredes.
Días después comenzó a circular un vídeo que mostraba a la alcaldesa dando la mano al supuesto líder de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La presión fue subiendo las siguientes semanas, con escenas de caos y terror en las que una muchedumbre tomaba el centro de la ciudad con incendios y narcobloqueos que provocaron el cierre de comercios y colegios.
El control del transporte local, taxis y autobuses, estaba en el origen de la crisis. La batalla dejó seis chóferes muertos y varios heridos. Apenas un mes después, en septiembre del año pasado, un grupo de sicarios asesinó a tiros al jefe de Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García, en plena calle al sur de la capital.
Desde mucho antes, Guerrero arrastra un largo historial de violencia y conflictividad social. Desde la represión silenciosa de los grupos guerrilleros en los años sesenta y setenta, los años de plomo del Gobierno priista, hasta la traumática desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El caso es un arquetipo de todos los males del Estado y, por extensión, de México entero. Este año se cumple una década sin avances en la investigación.
La tesis principal sigue siendo que narco y autoridades locales actuaron juntas para atacar a los muchachos, de los que apenas se han podido identificar un par de restos de huesos. Ya este año, otro grupo de normalistas prendieron fuego en abril al Parlamento estatal en Chilpancingo por el asesinato a manos de la policía de otro de sus compañeros.
Otro actor más en medio del huracán ha sido la Iglesia.
Los obispos de las diócesis locales han intervenido como mediadores entre los grupos criminales en busca de una paz que no logran las autoridades.
En su momento el obispo Salvador Rangel tenía una misión: salvarle la vida a un sacerdote. Quien había decidido que aquel cura debía morir no era un hombre fácil de convencer, era el líder de uno de los carteles de droga más poderosos de la sierra de Guerrero.
Hace unos dos años, le pidió a una monja que lo acompañara a subir aquella peligrosa montaña. Y desde entonces, acude con frecuencia, porque está convencido de que los de ahí arriba son los únicos que gobiernan la región. Su diócesis, cuenta, no puede permitirse una baja más.
La semana pasada asesinaron a balazos a dos de los suyos.
—Qué bonitos se ven los cerros sembrados de brócoli.
—No es brócoli, hermana, es amapola.
Noticias como las siguientes son el pan nuestro de cada día en Guerrero:
Dos curas asesinados en México. Ya son 21 en cinco años del gobierno de López Obrador.
Las sotanas ya no frenan las balas en México
“Todo Guerrero está en manos del narcotráfico”, declara sin tapujos el padre Rangel, ataviado con una sotana blanca, bordada en los puños por pequeños detalles florales morados, típicos de la tierra donde trabaja, acaba de oficiar una misa en la gran Basílica de Guadalupe —el templo católico más importante del país—.
La nave central y única, pues la iglesia es circular, con capacidad para 10.000 fieles, estaba prácticamente llena.
La mayoría eran peregrinos recién llegados de aquella zona del sur de México, que coreaban su nombre como si se tratara de una estrella de rock.
“Me dijeron de parte del Gobierno que no hiciera más declaraciones. A ver quién aguanta más, ellos o yo”, sentencia el padre, después de pedir que se diesen la paz.
Y qué creen que el obispo no aguantó, y en abril pasado fue denunciado como desaparecido, para despúes ser encontrado en un motel, drogado y haciendo añicos su imagen.
Lo que pasa en Guerrero pasa en el resto del país, homicidios a plena luz del dia, cuerpos desmembrados, personas desaparecidas, es lo que todos saben pero nadie quiere hablar de ellos por temor a molestar a algún grupo criminal.
Para muestra un botón, hasta el momento, la respuesta de la gobernadora morenista, Evelyn Salgado, al asesinato este domingo del alcalde de Chilpancingo, ha sido poner un tuit condenando el atentado.
Pero sin solicitar el esclarecimiento del mismo; pero qué podemos esperar de la hija de Salgado Macedonio.
Si su propio padre ha sido en más de una ocasión señalado por estar involucrado con el crimen organizado.
Se cuenta que hace un par de años, Joaquín Alonso Piedra, mejor conocido como ‘El Abulón’, fue víctima de un ataque a tiros en el fraccionamiento Joyas de Brisamar, en Guerrero. Al menos un hombre armado ya lo esperaba y, cuando llegó a su casa junto con su familia, descargó su arma.
Pese a la atención médica que recibió de forma inmediata, ‘El Abulón’ murió al interior de un hospital privado, mientras que su esposa quedó herida de gravedad.
Joaquín Alonso Piedra era padre de Joaquín Alonso Bustamante, exesposo de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sus nexos eran con el cártel de los Beltrán Leyva.
El 26 de julio de 2016, ‘El Abulón’, también conocido como ‘El Señor de los Fierros’, fue detenido en el puerto de Acapulco durante un operativo de la División de Investigación de la Policía Federal, entonces liderada por Omar García Harfuch.
Aquel día, las fuerzas de seguridad desplegaron una serie de inspecciones en distintos talleres de torno que eran propiedad de Alonso Piedra —de ahí el segundo de sus seudónimos— y habían sido objetivos de diversos ataques.
Luego del arresto, Harfuch reveló que las autoridades tenían identificado a ‘El Abulón’ como operador de los Beltrán Leyva, encargado de coordinar la venta de droga y las extorsiones a comerciantes y hoteleros del puerto.
Asimismo, se le señaló como aparente autor intelectual de múltiples homicidios.
Las investigaciones señalaron que Alonso Piedra usaba su perfil de empresario para trabajar como prestanombres de Clara Elena Laborín, alias ‘La Señora’, quien en aquel entonces era esposa del hoy fallecido Héctor Beltrán Leyva.
Derivado de su involucramiento con este grupo criminal, ‘El Abulón’ fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas exclusivas del Ejército.
Estuvo encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 17 de Michoacán y, según reportes periodísticos, también estuvo en el penal de Puente Grande, Jalisco.
Hasta el momento no existen registros públicos oficiales sobre la fecha en que Alonso Piedra había recuperado su libertad.
Sumado a ello, se presume que ‘El Abulón’ llegó a ser militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se habría encargado de financiar las campañas políticas de los candidatos que el tricolor postulaba en Acapulco, donde los Beltrán Leyva mantenían su hegemonía.
Actualmente, remanentes de este grupo criminal mantienen su presencia en el puerto mediante la célula de Los Rusos, alineada con el Cártel de Caborca que hoy lidera José Gil Caro Quintero, alias ‘El Pelo Chino’, primo de Rafael.
Y como vera usted que me escucha y me lee, todos absolutamente todos estan ligados, ya sea políticos, empresarios, artistas, sacerdotes, a los que ahora se hacen llamar activistas, todos son uno mismo.
La colaboración pasada decia las mismas tropelías con diferente color, pero con el mismo rostro.
Hoy Chilpancingo está de luto, y una familia llora a un padre y esposo que nunca más regresará.
Así México, nuestro México en llamas…
Asi nuestro México en donde los gobernantes en turno dicen, no pasa nada.
