Por Valentín Varillas
La presidenta de la República fue muy clara en el primer discurso que dio en el Zócalo de la CDMX: su gobierno hará todo, absolutamente todo lo que esté a su alcance, para garantizar que el agua sea un derecho de la nación.
De esta manera y ante cientos de miles de testigos, adelantó que llevará a cabo los cambios jurídicos, los acuerdos y los ordenamientos que hagan falta para cumplir este objetivo.
Y esto incluye, por supuesto, analizar con lupa el tema de las concesiones.
Esas que son leoninas, abusivas, tramposas y cuya operación ha convertido al líquido en un auténtico de lujo, no un derecho humano.
En el punto 97, de los 100 que tocó, no dejó lugar a dudas.
Habrá un reordenamiento total de las concesiones y la transmisión de derechos del agua.
Y dijo textual: “El acceso al agua será una prioridad en nuestro gobierno, por lo que arrancaremos este mismo mes un programa para ordenar las concesiones y la trasmisión de derechos del agua”.
Y remató contundente: “el agua es de la nación”.
Municipios en estados como Puebla, Aguascalientes, Quintana Roo, Veracruz o Coahuila tienen privatizado el servicio de agua potable.
En total, de acuerdo con el IMCO, en México se han entregado más de medio millón de títulos de concesión.
93% de ellos no cuentan ni siquiera con un esquema de medidores, o bien algún otro mecanismo definido y transparente para cuantificar el consumo y cobrarle de manera justa a los usuarios.
En nuestro estado, a pesar de ser una promesa recurrente de campaña, en los hechos ha resultado imposible revertir la concesión.
Las consecuencias financieras de hacerlo, resultarían impagables de acuerdo con la realidad de las finanzas públicas poblanas.
Sin embargo, el tema de trabajar de manera conjunta entre niveles de gobierno no se había puesto con seriedad sobre la mesa.
Hasta ahora.
Las facultades legales de la Federación podrían ampliar de manera importante el abanico de posibilidades para terminar de una vez por todas con un monopolio salvaje, que no solamente sangra consistentemente el bolsillo de los poblanos, sino que va a contrapelo de todos los acuerdos que la comunidad internacional ha suscrito para garantizar que el agua llegue a todos.
Absolutamente a todos.
Más allá de localizaciones geográficas y realidades socioeconómicas.
Ojalá, de verdad, por el bien de todos, ahora sí se pueda.
