Por Alejandro Mondragón
SEGUNDA PARTE
El establishment de la seguridad se logró reestablecer, porque a todos les urgía que se largara ya Mariano Piña Olaya. Con Manuel Bartlett, su sucesor, arribó un gabinete paralelo de fuereños, con dos aspiraciones: los negocios alrededor de los mega proyectos Angelópolis y la candidatura presidencial.
La inseguridad con secuestros en la Mixteca y la Sierra Negra provocó movilizaciones de protesta que se fueron politizando conforme se acercaban las elecciones y el PAN tenía bajo su control municipios conurbados, como la capital.
Bartlett se trajo a Eduardo Barclay, como consejero de Seguridad, de ahí nace la creación de un Consejo en la materia que hasta Rafael Moreno Valle se convertiría en la Secretaría de Seguridad Pública.
Melquiades Morales y Mario Marín apostaron a la receta doméstica para atender temas de inseguridad, sin sobresaltos, sobre todo para el góber precioso, quien tenía que mantener el control de todo para evitar otro pretexto que pusiera en jaque su gobierno por el escándalo del llamado Lydiagate.
Llegó el cambio de gobierno con Rafael Moreno Valle, a quien los poblanos dieron un cheque en blanco por haber echado del poder al tirano Marín. Así, empezó a traer oooootra vez fuereños que volvieron a romper el equilibrio social.
Metidos en temas como el huachicol, superados por los feminicidios y haciéndose de la vista gorda ante los secuestros y robos por la vía de pandillas, los fuereños Víctor Carrancá, Facundo Rosas y compañía dejaron una estela de omisiones para convertir a Puebla en rehén del hampa organizada.
Lo peor ha sido que después de casi 8 años, la sociedad empieza a protestar. A Moreno Valle jamás le pusieron un alto, quienes quedaron fueron de la órbita de la cooptación, porque enfrentan el Plan E: Encierro o exilio.
Ahora que las pandillas de maleantes se suben impunemente al transporte público, se meten a restaurantes, secuestran jovencitas, comercializan drogas en antros y campus universitarios, y desmantelan o roban vehículos, se multiplican las protestas.
Mucho de lo que hoy vivimos es responsabilidad de los poblanos que abdicaron al derecho de exigir una rendición de cuentas al gobierno en materia de seguridad.
¿A poco de la noche a la mañana se construyeron cientos de edificios comerciales, oficinas y departamentales en Puebla con dinero sucio?
¿Por qué caen litros de gasolina robada, pero nunca líderes o políticos y empresarios que los protegen?
También hay que señalar el caso de Raziel López Salazar, secretario de Seguridad de Luis Miguel Barbosa. Se convirtió en el problema, al grado que el entonces gobernador tuvo que correr a su otrora protegido.
