Dirigente Nacional del Movimiento Antorchista
En mi modesta y nada decisiva opinión, no puede caber la duda razonable en cuanto a si la reforma energética que tanto revuelo ha causado en estos días, implica o no una privatización encubierta. La cosa es sencilla y transparente y no requiere de un estudio puntual y detallado de la iniciativa; basta con entender que cualquiera que sea la forma en que la empresa privada invierta sus capitales en la industria petrolera, y cualquiera que sea el eslabón de la cadena extracción-refinación-comercialización en que lo haga, no será, ni por pienso, acendrado patriotismo o noble filantropía en busca de aliviar la suerte de los millones de pobres que hay en el país, sino descarnada persecución de la ganancia contante y sonante. Sostengo, por eso, que se dice verdad cuando se afirma que “PEMEX no se privatiza”; lo que se privatiza, o se pretende privatizar, son las jugosas ganancias de la paraestatal. Sin embargo, también opino, aunque a nadie le interese un comino mi opinión, que no se justifica precipitar al país en un caos de consecuencias impredecibles, sólo para frenar, “a como dé lugar”, la mencionada reforma.
¿Por qué creo eso? Simple y sencillamente porque es obvio que oponerse a los cambios que se proponen, así, a secas, es estar a favor de que las cosas se queden como están. Y hay que preguntarse: ¿es que todo marcha tan bien en la actualidad, es que hay tales eficiencia, honradez, sentido de los negocios y auténtico beneficio social para todos, que vale la pena correr cualquier riesgo para defender tal estado de cosas? Hasta el menos enterado de los mexicanos sabe que no es así; que PEMEX beneficia, en primer lugar, a quienes manejan directamente la empresa, ya que ha sido una fábrica ininterrumpida de multimillonarios gracias al saqueo inmisericorde y nada discreto que han hecho de sus arcas todos quienes, de una u otra forma (incluidos los líderes sindicales), han tenido acceso a ellas. Y en cuanto a la forma en que se distribuye y gasta el presupuesto nacional, del cual PEMEX aporta más del 30%, es decir, más de la tercera parte del total, el hombre de la calle tiene absoluta claridad de que a él, en el mejor de los casos, sólo le tocan las migajas si es que algo le toca. ¿Y para defender este cochinero es que casi se llama a la insurrección popular?
Pero seamos más explícitos. Hasta donde logro ver y entender, hay varios errores evidentes en el enfoque y en la actuación de los enemigos de la “reforma energética”. El primero es, como ya dije, el sobredimensionamiento de la necesidad de frenarla, como si realmente la prosperidad del país dependiera de eso. El segundo estriba en constreñirse a cerrarle el paso, es decir, a defender la situación existente, también por las razones que acabo de señalar más arriba. En este punto se podría alegar que no se trata sólo de eso, sino de impulsar una reforma distinta, que coloque la riqueza petrolera al servicio del desarrollo nacional y del bienestar de las grandes mayorías. Sea así. Pero, en ese caso, ¿dónde está esa propuesta superior, integral, más justiciera y mejor fundamentada? ¿En qué consiste, cuáles son sus planteamientos esenciales, qué propone en concreto para hacer que la riqueza petrolera nos beneficie a todos? Y más: ¿quién, dónde y cuándo se está ocupando de explicarla al pueblo para que la haga suya y participe activa y conscientemente en su defensa? Misterio total. Lo que sí se ve y se escucha todos los días, es que la inconformidad se debe a que no aceptan sólo 50 días para debatir la propuesta oficial, sino que exigen 120 como mínimo para que se pueda discutir sin prisas y pueda opinar todo aquel que quiera hacerlo. Y, tímidamente, algunos agregan que reclamarán, al final del proceso, un plebiscito para que el país se pronuncie.
El segundo error nos lleva de la mano al tercero: el carácter sectario e impositivo de los enemigos de la reforma. Sectarios porque hablan y actúan como si alguien les hubiera concedido el monopolio de esa bandera y, por tanto, sólo ellos tuvieran el derecho a ocuparse de ella y a esgrimirla de acuerdo con sus intereses de grupo. Como consecuencia, cualquiera que opine sobre el asunto sin su consentimiento, es descalificado de inmediato, es visto y tratado como un usurpador, como un invasor de la propiedad ajena, y como un “oportunista” que quiere “colgarse” de “su” causa para provecho personal. Impositivos porque son una ínfima minoría no sólo en relación con la población nacional, sino incluso con relación al Congreso de la Unión y aún, creo, de su propio partido. A pesar de ello, hablan como si la nación entera, sin faltar ni un solo mexicano, estuviera detrás de ellos, al mismo tiempo que no hacen nada serio, como ya dije, para informar a las mayorías e incorporarlas a la lucha. Parece, pues, que de lo que se trata es de ganar prestigio y tribuna para sus futuros candidatos y no de una verdadera defensa de los intereses populares.
Una minoría nos quiere llevar al abismo, con el señuelo de que está en riesgo el futuro de la nación. Pero México es mucho más que el petróleo, y sus problemas van mucho más allá de la correcta explotación de este recurso. Los países de América del Sur nos están dando, precisamente en estos días, una lección histórica de primer orden: nuestros pueblos no sanarán con una medida aislada por importante que sea, requieren un verdadero golpe de timón hacia la izquierda, para poder poner toda la riqueza social al servicio de los que nada tienen. No basta defender aisladamente el petróleo, el gas, el estaño o la plata; hay que construir un socialismo moderno, humano, democrático, ajeno a los errores y vicios del “socialismo real” que ya fracasó. La verdadera tarea de la hora es la construcción del socialismo del siglo XXI. Por eso es error o malicia arriesgarlo todo por la reforma petrolera; y lo es más cuando se empuja a las masas a la aventura sin estar preparado, siquiera, para defenderse con éxito en el caso extremo de una represión violenta. Eso, en el mejor de los casos, es irresponsabilidad; y, en el peor, manipulación al servicio de ambiciones políticas.
