Por Rocío García Olmedo
En espera de la determinación del INE y del TEPJF para conocer cómo interpretarán y resolverán la pretendida sobrerrepresentación de partidos políticos en el Congreso de la Unión y observando cómo perfilan la eliminación de la autonomía del Poder Judicial del país; se hace visible una nueva realidad que viven muchas comunidades de la República mexicana en las que familias completas han sido obligadas a migrar.
La migración es un fenómeno muy antiguo. Muchos son los tipos, motivos y formas por los cuales emigran las personas: por necesidades económicas, el sueño de vivir en mejores condiciones, alguna oportunidad de estudio fuera del país, por el deseo de reunirse con familiares que viven en el extranjero o quienes tienen la gran oportunidad de ser contratados para trabajar; migración que se conoce como voluntaria y en muchos de los casos es interna, pero también puede ser externa. Emigran por elección propia.
Hay otros tipos de migración, que no son necesariamente voluntarios, se presentan por desastres naturales, por factores ambientales, terrorismo o conflictos armados; o producto de solicitudes de refugio de personas que consideran no tener condiciones en sus países de origen y huyen, ahora que estamos en tiempo de Olimpiadas muchos deportistas prefieren pedir refugio para no regresar a su país de origen.
Pero hay una categoría de migrantes que se desplazan porque son obligados a abandonar sus hogares y emigran para protegerse de la inseguridad.
Desde hace algunos años a la fecha hemos ido conociendo sobre el incremento exponencial de desplazamientos forzados al interior de los estados de la República mexicana que han sido materialmente copados por la delincuencia organizada; estos desplazamientos forzados están siendo cada vez más constantes.
El Informe sobre Migraciones en el Mundo (CPV, 2020) estima que entre el 2015 y el 2020 en el país cerca de 8 mil personas emigraron a otro país por motivos de inseguridad delictiva y violencia, la mayoría procedentes de Guerrero y Michoacán.
Hace unos días fue documentado que los altos niveles de violencia criminal provocados por disputas entre grupos criminales han obligado a un desplazamiento forzado de familias completas de Chiapas hacia Guatemala, país que los está acogiendo.
Las imágenes de mujeres que se han presentado de estas familias desplazadas son desgarradoras, reflejan todo su sufrimiento, miedo, temor e incertidumbre que están viviendo.
Este gobierno saliente dice frecuentemente “primero los pobres”, las imágenes presentadas por los medios de comunicación son de familias en pobreza que han sido obligadas a desplazarse por la delincuencia organizada.
¿Primero los pobres?
¿Quién se va a hacer responsable de la política fallida de seguridad asumida por el actual gobierno que ahora está provocando desplazamientos forzados por la delincuencia organizada?
¿Cómo va a resolver el gobierno esta problemática? porque preservar la seguridad nacional para la estabilidad interior y para la defensa exterior es facultad del presidente de la República, (Art 89 Fracción VI CPEUM) y ¿La seguridad pública y la seguridad ciudadana?
Esta violencia criminal también se metió al proceso electoral recién vivido y ahora también migrantes por inseguridad y violencia en México.
Pareciera que ahora hay que enfrentar a lo largo y ancho del país a toda una estructura criminal.
¡Que enorme reto para la presidenta entrante Sheinbaum!
