Karina Fernández |
Guadalupe Martínez Gerardo, precandidata a la presidencia municipal de Quecholac, adelantó que, de ser validado su registro por el IEE, solicitará medidas de protección por los vínculos que le han formado con un presunto delincuente.
La también universitaria de la Anáhuac negó que su padre Antonio Martínez Fuentes sea “El Toñín”, presunto líder huachicolero de la región, por lo cual advirtió que tomará acciones legales contra quienes resulte responsable de esta campaña de “difamación” como la describió.
“Más adelante solicitaré medidas de protección porque mediáticamente me atacan (…) yo no estoy señalando a nadie, simplemente estoy diciendo que vamos a ir contra quiénes resulten responsables, por la vía legal”, señaló.
Consideró que está siendo blanco de una guerra sucia electoral, pero dijo que no está dispuesta a tolerarlo, por lo que procederá por la vía legal contra quienes hagan señalamientos infundados hacia su persona.
“Voy a actuar responsablemente, yo no voy a señalar que tal persona fue, no. Ustedes saben que al poner un titular ‘hija de tal está participando para tal cosa’, por supuesto que me afecta”, reafirmó.
En representación de Pacto Social de Integración (PSI), partido que postuló a Guadalupe Martínez para la alcaldía, la senadora Nadia Navarro recordó que en 2018, Alejandro Martínez fue absuelto porque no lo encontraron responsable de ningún delito.
“Decirle a la ciudadanía, que PSI sólo postula con responsabilidad los mejores perfiles. Vemos con preocupación que hemos sido víctimas de señalamientos infundados que violan en todo momento la presunción de inocencia”.
Agregó que señalar a una candidata por su nexo familiar es incurrir en violencia política. Dejó en claro que si hay un señalamiento y responsabilidades que se deba aclarar, el partido no interferirá con la ley, y cada personaje tendrá que hacer lo propio.
Saturnino López niega violencia de género que le impida participar
El precandidato de PSI para la presidencia municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino López acusó una campaña de desprestigio en contra con la finalidad de descarrilar su participación en los comicios del 2 de junio.
Explicó que en 2017 fue exonerado por la presunta comisión de delitos electorales por lo que no hay argumentos legales que le impidan participar por un cargo de elección en los próximos comicios.
Asimismo, dijo que quedó demostrado que no cometió violencia de género contra la ex regidora y actual diputada local, Ruth Zarate Domínguez en su última gestión como alcalde de Tecamachalco, por lo cual desaprobó que se le acuse de misoginia.
Defendió que hay intereses políticos dirigidos hacia su persona por quienes no cuentan con el respaldo ciudadano del municipio para ganar una elección.
Cabe recordar que, según la dirigencia de Pacto Social de Integración, el partido representa en Tecamachalco alrededor de 50 mil votos, hecho que ha provocado una campaña de acoso e intimidación hacia los abanderados.
