Por Valentín Varillas
Una nueva investigación dada a conocer hace unos días por la Fiscalía del Estado, concluye que el accidente en el que murieron Rafael Moreno Valle, Martha Érika Alonso, Roberto Cope, Marco Tavera y Héctor Mendoza, se debió única y exclusivamente a fallas mecánicas.
No por falta de pericia de los pilotos.
Mucho menos por otras causas que pudieran suponer que manos externas manipularon la aeronave para derribarla.
Nada nuevo.
Se trata de un peritaje llevado a cabo por una empresa privada, contratada por la propia familia de los deudos, que coincide plenamente con las pesquisas que en su momento llevó a cabo la SCT federal.
Las mismas que hicieron pedazos consanguíneos, miembros de su grupo político, compañeros de partido y simpatizantes, para alentar todo tipo de fantasiosas teorías.
Ya no más.
Y desde hace mucho.
Apenas un par de años después del fatal accidente, se dejó de hablar de atentados, conspiraciones y demás.
La línea para cambiar la narrativa fue radical, contundente, demoledora.
Y llegó de inmediato.
Seguir manejándola, afectaría irremediablemente intereses económicos importantes de los deudos.
En específico, más de 30 millones de dólares producto de demandas que los afectados presentaron en contra de Agusta Westland, Aero Technology y Honeywell International.
Demandas justas, encaminadas a que los verdaderos responsables de los hechos cumplan a cabalidad con sus respectivas responsabilidades.
Se trata de empresas reales, establecidas, que de verdad existen.
Y no los fantasmas que en teoría habrían ocasionado la catástrofe.
Un tema de justicia elemental que debe de pesar más que la grilla política sin sustento.
¿O no?
¿Habrá quien, en su sano juicio y después de todo esto siga asegurando que “los tiraron”?
Si los hay, ya saben el tremendo daño que le pueden llegar a causar a quienes, en teoría, intentan defender.
