Senadora de la República por el PAN
Gracias a un estudio pionero recientemente publicado por Alianza Cívica en colaboración con el Centro de Contraloría Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), nos percatamos que un compromiso asumido por el Estado Mexicano ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio está lejos de cumplirse a cabalidad. En efecto, uno de los objetivos a los que México se comprometió en el año 2000 tiene que ver con la reducción de la mortalidad materna.
Concretamente el Objetivo 5 de las Metas del Milenio supone la reducción de la mortalidad materna en un 75% en el año 2015. Para cumplirlo, México está obligado a reducir la denominada Razón de Mortalidad Materna (RMM) para que sea igual o menor a 22 fallecimientos por cada 100,000 casos, lo que implica en promedio un máximo de 417 muertes maternas en el país al año.
A cinco años de que se cumpla el plazo, el avance es de apenas un 35% en la reducción de esas muertes lo cual significa que se están registrando al año alrededor de 1,200 fallecimientos por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, es decir, el periodo inmediatamente posterior a éste. De acuerdo con este estudio, el problema no son los recursos canalizados a las entidades federativas sino la utilización de estos recursos y la falta de políticas que atiendan esta problemática a nivel local.
El programa ?Seguro popular? brinda los recursos necesarios para la operación estatal de los servicios de seguridad social. De hecho, el presupuesto para la atención en salud de quienes carecen de seguridad social se ha venido multiplicando hasta por diez veces desde hace 6 años pasando de 5 mil millones en 2004 a 49 mil millones de pesos en 2009. Este impulso se refleja en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 que contempla el objetivo de disminuir a la mitad la tasa de mortalidad materna especialmente en los municipios que presentan mayor riesgo de muerte neonatal que son prácticamente los 100 municipios con menos Índice de Desarrollo Humano.
Con todo, de acuerdo con el estudio, México registra índices mayores de mortalidad materna que países como Chile, Costa Rica y Uruguay. De hecho, son 20 las jurisdicciones sanitarias que concentran los mayores índices de mortalidad materna y, para no variar, el estado de México aparece encabezando la lista con siete de ellas (Tenango del Valle, Jilotepec, Zumpango, Cuautitlán, Ixtlahuaca, Xonacatlán y Valle de Bravo). Al estado de México le siguen Guerrero con 4, el Distrito Federal con 3, Chihuahua también con 3, y 1 en San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas.
Lo más interesante del estudio es, sin duda, el hecho de que desmiente lo planteado por la Organización Mundial de la Salud al correlacionar la mortalidad materna con situaciones generalizadas de pobreza, rezago y marginación. El estado de México, por ejemplo, en materia de mortalidad materna se ubica muy por encima del estado de Chiapas que es considerado como una entidad con mayor rezago social y económico. Desde luego que el Informe debe convertirse en una severa llamada de atención para la Federación pero sobre todo para las autoridades estatales que no están utilizando los recursos económicos, humanos y médicos ahí donde hacen falta.
En general, el estudio enumera como causas de mortalidad materna en orden de importancia a las hemorragias, enfermedades hipertensivas del embarazo, la práctica de abortos, las infecciones puerperales y otras complicaciones venosas en el embarazo, el parto y el puerperio. Por supuesto que todas estas causas, cuya solución no implica una gran inversión financiera sino una atención hospitalaria responsable y eficaz, no son suficientes para entender por qué estas muertes evitables se producen.
Menos aún se entienden en el estado de México donde, a diferencia de la Sierra Tarahumara o algunas regiones en Guerrero, debería verificarse un amplio acceso a los servicios básicos de salud. De nueva cuenta, para entender lo que ocurre en el Estado de México es necesario hacer hincapié en la negligencia y la corrupción que podría estarse registrando en las autoridades responsables de la salud. De acuerdo con los datos del Informe, el Estado de México ha venido recibiendo un aumento exponencial de recursos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud pasando de 153 millones de pesos en 2004 a 2,455 millones de pesos en 2008.
De los datos numéricos que presenta el Informe, por lo tanto, no queda claro a que rubros se están destinando esos recursos y, más aún, de que manera se ejercen esos gastos que, en principio, tendrían que haberse dirigido de manera prioritaria a atender la precaria situación de estas 7 jurisdicciones sanitarias. Por ello, urge no sólo afinar una propuesta para que nuestro país remonte esta situación de cara al compromiso de 2015 sino también un mecanismo para evaluar el desempeño del Seguro Popular en los Estados poniendo especial énfasis en casos inverosímiles como el del estado de México, donde no está claro el destino de los recursos en materia de salud y concretamente en materia de atención al embarazo y el parto.
