Por Rocío García Olmedo
El calvario que viven las familias que buscan incansablemente a uno de sus integrantes desaparecido, es mayor ante la inacción, indiferencia y falta de empatía por parte de las autoridades.
Lo peor es que tal parece que este es un tema que no esta en la agenda de prioridades del gobierno federal ya que en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador el tema se aborda de forma superficial y se le dedican pocos segundos (que no minutos) a diferencia de otros temas como el Tren Maya, el T-MEC, los aspirantes presidenciales o temas sin sentido y de poca relevancia.
En mayo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, México había superado ya las 100,000 víctimas y desde aquel momento se intensificaron los reclamos de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) para que el fenómeno fuera enfrentado con seriedad, urgencia, contundencia, pero sobre todo, con una estrategia clara que definiera una ruta para prevenir las desapariciones pero sobre todo, para localizar a estas personas, dejar de verlas como cifras y entender que son historias reales que laceran a miles de familias en el país.
Las estadísticas revelan que tres cuartas partes de los desaparecidos son hombres y solo una cuarta parte mujeres, todos y todas víctimas de una severa crisis de violencia e inseguridad que vivimos.
Si bien debo reconocer que estas condiciones no surgieron en este gobierno, sino en gobiernos del pasado incluidos del PRI y del PAN, también es importante visibilizar que los casos se agudizaron alarmantemente desde 2018.
Lo lamentable es que a pesar del discurso oficial, donde se dicen verdades a medias, actualmente no existe un mecanismo o una política pública encauzada a la búsqueda de personas con vida, sin mencionar el trabajo coordinado que debería existir entre el gobierno central, en este caso la federación con los estados y a su vez con los municipios. En muchos casos se trata de organismos gubernamentales que improvisan, con realidades como que los partidos políticos cuentan con muchísimos más recursos que estos entes administrativos que se dedican a la búsqueda de personas.
Para Puebla, el fenómeno debe ser abordado con una mejor eficacia de política de la prevención ya que a diferencia de otros estados, la desaparición de personas no resulta tan grave, sin embargo deben considerar que en el Estado de México y Veracruz la incidencia es alta y son entidades vecinas.
Además otras entidades importantes como Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León también encabezan la lista donde más se presentan las desapariciones.
Lo anterior nos muestra como un estado tan importante como Puebla, afortunadamente no ha penetrado el crimen organizado que provoca este tipo de fenómenos. Aún así, se contabilizan 2,410 personas desaparecidas y no localizadas de 1964 a julio de 2022.
Y por este motivo es plausible acciones concretas que confronten esta realidad para atender, prevenir y reaccionar ante las desapariciones, como la propuesta de la diputada local Mónica Silva para crear un Centro de Identificación Humana en el Estado a fin que tenga como tarea la búsqueda e identificación de personas desaparecidas desde el ámbito forense, con el objetivo de recabar información genética de cuerpos y restos humanos.
Para enfrentar las desapariciones de personas no se debe escatimar ni en recursos presupuestales, ni en recursos humanos, ni tecnológicos y tampoco legislativos a fin de darle certidumbre a las familias de que sus familiares son buscados agotando todas las herramientas posibles.
