Karina Fernández |
El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso local una iniciativa de decreto para regular el cobro por los servicios profesionales que prestan abogados con la finalidad de evitar abusos en medio de las condiciones económicas actuales.
En sesión ordinaria se dio lectura a la iniciativa de decreto que expide la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho que no se actualizaba desde 1934.
El pasado 21 de enero, el mandatario estatal anunció que se trabajaba en la construcción de una ley para frenar los abusos en los que incurren algunos abogados, que llegan a cobrar hasta el 50 por ciento o más de la indemnización que consigan en un litigio.
La iniciativa establece que el pago de honorarios a efectuarse en Unidades de Medida de Actualización (UMA) únicamente podrá ser exigido por profesionistas que cuenten con título y cédula profesional.
Se establecen cuotas fijas y tasas para la retribución los servicios prestados por abogados, por los escritos de demanda o contestación que van desde las 50 hasta las 5 mil 811 UMAs que se traducen desde los 4 mil 810 a 559 mil pesos de acuerdo con los actos reclamados.
También se establecen los cobros a aplicar por lectura y análisis de documentos de cualquier clase, por cada citación, emplazamiento, requerimiento, notificación, diligencia u xhortos; y el desahogo de pruebas de todo tipo.
En juicios de materia civil, mercantil, familiar, laboral, desde su inicio hasta su conclusión, por pago, convenio o sentencia ejecutoria se cobrarán desde 220 hasta 6 mil 135 UMAs según el valor de los actos reclamados, es decir, desde 21 mil hasta poco más de medio millón de pesos.
Cuando los juicios no tengan una cuantía determinada, los honorarios no podrán exceder de las 2 mil 500 UMAs, es decir de 241 mil pesos.
La propuesta refiere que los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, tras su aprobación por el Congreso local, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a los acuerdos celebrados entre las partes.