Por Alejandro Mondragón
En la última semana de marzo del 2022, la abogada Cecilia Monzón presentó una denuncia contra Javier López Zavala por incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria del hijo que habían procreado.
Ella expuso, entre cosas, audios en los que relataba -desde el cautiverio que se había convertido su casa- la forma en la que (embarazada) no tenía comida, era víctima de violencia psicológica y amenazas de despojo.
Un mes después, abril, López Zavala planeó su asesinato, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el cual se ejecutó el 21 de mayo de este año.
Una relación por más complicada que sea, de ninguna manera puede acabar como terminó: el padre ordenando la muerte de la madre de su hijo.
Zavala siempre alegó –de acuerdo con Cecilia Monzón- que ella buscaba descarrilar su carrera política y, por tanto, no le iba a dar dinero.
Javier se encontraba, políticamente, fuera del PRI y se había subido al tren del proyecto del senador Alejandro Armenta Mier, rumbo a la gubernatura en 2024.
Se encargaba de la operación política de Armenta en la Sierra Norte.
¿Qué más sabía Monzón de Zavala que le costó la vida, más allá de la disputa legal por la pensión alimenticia, que apenas había llegado a tribunales?
¿Propiedades?
¿Negocios?
¿Cuentas bancarias?
¿Relaciones inconfesables?
La Fiscalía General del Estado sin duda tendrá que dilucidar no sólo la forma, sino el fondo.
