Por Valentín Varillas
Pocos actos reflejan el autoritarismo absoluto en el ejercicio del poder, como el apropiarse del espacio público.
El por derecho y justicia le pertenece a todos.
Haberlo, como se hizo en tiempos de Rafael Moreno Valle es demoledor.
El mensaje resulta muy claro: “Yo y solo yo soy dueño de todo, de absolutamente todo y puedo disponer de ello como me dé la gana”.
Y bajo esa lógica actuó.
Siempre.
Qué bajo, enfermizo y psicótico culto a la personalidad.
No solo fue a privatización de los históricos Lavaderos de Almoyola, para uso y disfrute de los dueños de un hotel, el Rosewood, que terminó quebrando, pero que alrededor de su instalación se tejió una red de intereses políticos y económicos que beneficiaron al entonces gobernador y a su grupo cercano.
Ejemplos existen de sobra.
Desde la instalación de franquicias en un modelo en donde el Estado, es decir, todos los ciudadanos, al destinar 25 millones de pesos de recursos del erario en zonas que, a su vez, habían recibido una importante inversión de obra pública y generación de infraestructura urbana.
Se intentaba con esto, beneficiar a empresarios cercanos al poder.
Fracasaron rotundamente.
Todas menos una están hoy quebradas y el dinero púbico invertido en su instalación y operación, acabaron en la basura.
Algo similar sucedió en la zona del Centro de Convenciones.
Proyectos diseñados para su mejora y dignificación, pero restricciones y negocios al amparo del poder que impidieron el disfrute de todos.
A su alrededor, se dieron todo tipo de concesiones.
La más absurda, tenía que ver con el cobro para quienes querían pasear y tomarse fotos en edificaciones y jardines.
Para realizar estudios fotográficos para fiestas, bodas y todo tipo de celebraciones había que pagar miles de pesos, en una privadísima oficina que operaba en el propio edificio del Centro de Convenciones y en donde jamás se giraba comprobante alguno con valor oficial una vez que se pagaba la cuota.
Obviamente, este dinero jamás ingresaba a las arcas oficiales.
Ni un solo decreto, reglamento o ley, justifica la petición de dinero por parte de ninguna instancia oficial por utilizar el espacio público.
De locos.
Pero tal vez la peor afrenta al patrimonio popular poblano fue el Proyecto de las Siete Culturas en Cholula.
Entregar a particulares el control absoluto de la zona alrededor de la Gran Pirámide y del Templo de la Virgen de Los Remedios, generó de inmediato el repudio de las organizaciones e instancias encargadas de la defensa del patrimonio cultural de Cholula, además de arqueólogos y especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La defensa de lo público por parte de los cholultecas fue de verdad heroica.
Enfrentaron a un gobernador que, a su antojo, usaba de manera facciosa las instituciones públicas del Estado.
Llevaron a cabo manifestaciones, tomaron la presidencia municipal de Cholula y acabaron en la cárcel personajes como Adán y Paul Xicale, además de Teódulo Cuaya.
En el tema del patrimonio cultural, el apoderarse de la público para fines privados ha tenido como resultado una pérdida importante para el estado de Puebla.
Las concesiones para operar museos como en el caso del tristemente célebre Barroco, ha dejado como saldo perverso el saqueo de piezas de altísimo valor cultural y comercial, las que seguramente hoy son parte de las colecciones privadas de excéntricos personajes que en algún momento fueron parte o tuvieron mucha cercanía con lo más granado de la política y el servicio público, durante las administraciones panistas.
Qué bueno que esto vaya a terminar.
Hay datos duros, concretos, como lo es el tema de la recuperación de los Lavaderos de Almoyola, que soportan el optimismo.
Lo mismo la promesa concreta, clara y sin ambigüedades, hecha por el gobernador Barbosa, de que este proceso de volver a hacer público lo que es de todos continuará hasta donde dé y caiga quien caiga.
La era del saqueo terminó, le duela a quien le duela y pésele a quien le pese.
Ya era hora ¿no cree?
