Karina Fernández |
La privatización de los espacios publicitarios del municipio provocó diferencias entre el gobernador Miguel Barbosa y el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quienes habían mostrado coincidencias por lo menos desde que el panista rindió protesta al cargo.
El mandatario estatal reaccionó en contra del presidente que pretende concesionar por 10 años los paraderos, pendones y espacios para publicidad en puentes, evidenciando la prisa del panista para recuperar el control de estos espacios con claros fines políticos.
“Eso es lo que quieren hacer, los que otorgan concesiones por ese plazo quieren controles políticos del uso y aprovechamiento de bienes de dominio público. No me digan otra cosa, por favor, ¿no quedamos que íbamos a ser diferentes?”, cuestionó.
Y es que el edil capitalino no sólo ignoró el llamado a la honorabilidad que el gobernador del estado hizo a los ayuntamientos para no comprometer las finanzas públicas de los próximos gobiernos, sino que en medio de la polémica aventaja publicando la convocatoria correspondiente.
Rivera niega ilegalidad en concesión
El munícipe también ignoró al Congreso del Estado, que a decir del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Céspedes Peregrina tiene que autorizar el otorgamiento de concesiones que excedan el periodo de gobierno de las autoridades en funciones.
Rivera Pérez argumentó que la Constitución Política del Estado otorga facultades al Congreso para aprobar la enajenación de bienes y contratos con una duración mayor al período de su gobierno, más no involucra actos, convenios o concesiones haciendo innecesaria la autorización del Poder Legislativo.
“Y el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal establece que los convenios y actos que comprometan al ayuntamiento por un plazo mayor a este periodo deberán obtener la aprobación a la que se refiere la Constitución del estado”.
(…) no existe dentro de lo que acabo de leer la facultad del Congreso de aprobar actos, convenios, y mucho menos concesiones administrativas, únicamente contratos con una duración mayor al período del ayuntamiento”, justificó.
Van por controversia y reforma
Miguel Barbosa sostuvo que el ayuntamiento de la capital está incurriendo en un exceso y la promoción de una controversia constitucional se presenta como la ruta para demostrar los abusos que está cometiendo, similares a los que ocurrieron entre 2011 y 2018 con pasados gobiernos panistas.
También alista una reforma para regular el uso y aprovechamiento de espacios de dominio público sobre la cual ya trabaja el consejero jurídico, Carlos Palafox, quien reafirmó que el ayuntamiento necesita la autorización del Congreso local para dicho trámite.
