Por Valentín Varillas
De manera coordinada, gobierno del estado y ayuntamiento de Puebla han llevado a cabo una serie de acciones para limpiar de ambulantes las calles del primer cuadro de la ciudad.
Esas calles que en administraciones anteriores se asumieron como el patrimonio personal de las mafias que encabezan a las organizaciones que controlan a los informales, en sociedad con las autoridades municipales que encontraron en este tema una veta importante para la realización de millonarios negocios al amparo del poder.
Se acabó.
Por lo menos en la 8, 10 y 12 Poniente, de la 7 a la 2 Norte, así como en la 3 y 5 Norte, de la 8 a la 12 Poniente.
La que era, hasta hace poco, la tierra de nadie.
En donde la anarquía reinaba y nada se hacía desde el servicio público para evitarlo.
Al contrario.
El fenómeno se protegía y su crecimiento se fomentaba, por razones mucho más mundanas que el respeto a los derechos humanos o la defensa del pueblo bueno que no tiene más que optar por la informalidad como método para acceder a una vida digna.
Se trataba de fortalecer a poderes de facto que insisto, eran una fuente inagotable de recursos ajenos a cualquier tipo de fiscalización, pero que también eran utilizados como grupos de choque en contra de “adversarios” o bien, como carne de cañón electoral para beneficio del grupo en el poder.
La auténtica Ley de la Selva.
Las repercusiones de su crecimiento tuvieron alcances mucho más allá de lo económico.
De la competencia desleal que su actividad representa para el comercio establecido.
El que tiene personalidad legal y formal ante la autoridad, el que paga impuestos, genera empleos y está sujeto a recibir sanciones si comete alguna falta a la normatividad vigente.
En las organizaciones de ambulantes se infiltraron, desde hace tiempo, bandas criminales.
Eran la fachada perfecta para la comisión de todo tipo de delitos.
Desde la venta de artículos robados, armas y sustancias prohibidas, hasta la operación de robos, asaltos a transeúntes y comercios establecidos, además de extorsiones y secuestros exprés.
Historias hay de sobra en donde delincuentes sorprendidos en flagrancia se metían a estas calles infestadas de ambulantes para recibir protección.
Ahí, la policía municipal no se metía ni de chiste.
Por colusión y por miedo.
Siempre jugaron del lado del criminal y no del ciudadano.
Por fin dejarán de operar.
Otro beneficio adicional, importantísimo desde el punto de vista social y que va más allá de cuestiones de imagen urbana o reordenamiento comercial.
Más allá de diferencias personales, colores, partidos, ideologías e intereses de tipo político, es de celebrarse que autoridades de distintos niveles de gobierno echen a andar programas integrales de trabajo conjunto para bien de los ciudadanos.
Es un buen primer paso, pero vienen otros más en temas como seguridad pública e infraestructura ciudadana.
No nada más con Puebla, sino con otros importantes municipios de la zona conurbada y del interior del estado.
Mejor, imposible.
Ojalá les dure la buena voluntad hasta el último día de su coexistencia como gobiernos.
Por ellos, por nosotros, por todos.
