Por Valentín Varillas
Qué bueno que se hayan dado ya los primeros pasos firmes rumbo a la reapertura del campus de la UDLAP.
No puedo pensar en una mejor noticia para la comunidad universitaria y en general, para la vida académica, social y económica del estado.
La institución, como bien se ha dicho, no puede ni debe ser rehén de ningún tipo de intereses, más allá de lo que tiene que ver con su función como uno de los principales pilares de la educación superior en el continente.
Vengan de donde vengan.
Mucho menos, quedar en medio de un muy complicado proceso legal-familiar con alcances meramente económicos.
Este avance no es un “favor” o un sacrificio “por el bien común”, como algunos trataron de vender.
Lo cierto es que la Fundación Mary Street Jenkins sufrió un revés demoledor desde el punto de vista legal, lo que sin duda los orilló a tomar acciones para avanzar en el proceso de recepción del campus.
Se trata de la decisión del Juzgado Tercero de Distrito de “sobreseer” el amparo promovido por la FMSJ echando para atrás las suspensiones, provisional y definitiva, otorgadas anteriormente.
Ante esto, muy poco había ya que hacer.
Existía el riesgo de quedar en evidencia mostrándose como dilatadores intencionales del conflicto, para fines muy diferentes a los que estrictamente tienen que ver con la Universidad.
Un posible efecto bumerang que podría haberles afectado en términos de opinión pública y publicada.
No valía la pena.
¿Qué sigue ahora?
Tomar el gran ejemplo que nos han dado académicos, alumnos y trabajadores de la institución para que, como ellos mismos aseguraron en sus movilizaciones, se aplique en estricto sentido el estado de derecho y el cumplimiento de la ley.
Y eso implica, de entrada, llamar a cuentas a quienes fueron parte de la génesis de todo este embrollo.
Quienes cambiaron estatutos, “donaron” a otra fundación (Bienestar de Filantropía) los recursos y nombraron a abogados de ellos mismos como representantes en ambas fundaciones.
Quienes, ante los procesos legales que Jenkins de Landa llevó a cabo, cambiaron el domicilio fiscal de la Fundación a otros estados y al final, recurrieron a paraísos fiscales como Barbados y Panamá.
Que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión en contra de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, acusados de haber participado en el lavado de 14 mil millones de pesos, propiedad de la Fundación.
Que se haga lo mismo con el ex rector, Luis Ernesto Derbez, Mónica Ruíz Huerta, ex vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional y Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex director General de Asuntos Jurídicos, por el supuesto desvío de más de 100 millones de pesos de las arcas de la UDLAP, a través de la creación y operación de empresas fantasma.
Que se investiguen a fondo cómo y dónde se han gastado otros recursos propiedad de la Jenkins, que fueron donados a instancias y organizaciones de supuesto alcance social, pero que en realidad fueron una simple pantalla para engrosar el bolsillo de un grupo de particulares.
Este punto, por cierto, sigue siendo el principal miedo de algunos de los que con más contundencia se han subido al tema de la universidad para que, si los alcanzan los proceso legales que Guillermo Jenkins de Landa ha emprendido y emprenderá en contra de quienes saquearon a la Fundación, puedan victimizarse y asegurar que son carne de cañón de una cacería de tipo político.
Ya no hay excusas ni pretextos.
Lo académico por un lado y lo jurídico por el otro.
Como tiene que ser a partir de ahora.
Como tendría que haber sido desde el principio.
No es un tema menor.
Esta es la única forma de garantizar que la Universidad de Las Américas no vuelva a ser “secuestrada”, “tomada”, “invadida” y hasta “expropiada” en el futuro; términos que se usaron hasta el cansancio desde el momento mismo del cierre del campus.
Sólo así.
Hasta donde dé y caiga quien caiga.
De eso se trata ¿no?
¿O se seguirán escudando todavía en aquella teoría del complot?- esa que, por cierto, tanto le critican a López Obrador.
