Por Valentín Varillas
Empresarios gasolineros poblanos, durante el pasado mes de diciembre, fueron víctimas de un nuevo modelo de “presión” por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor.
La lógica que sienta las bases de estas acciones, son idénticas a las que ensayan los grupos de la delincuencia organizada a lo largo y ancho del país.
Por ley, la dependencia tiene que seguir una serie de protocolos para determinar qué estaciones cobran menos de lo que despachan.
Los procedimientos son largos, en algunos casos tediosos, pero muy claros para ambas partes.
Pero no se siguen ni en lo más elemental.
Se manipulan y orientan para que, invariablemente, exista alguna irregularidad y se apliquen los sellos de clausura a las bombas que no cumplan o bien, se proceda al cobro de la tradicional mordida.
Así ha sido históricamente y así se sigue haciendo en estos supuestos tiempos de cambio político en México, en donde la honestidad es el eje central del discurso público.
Pero ahora, para ahorrar tiempo y hacer más eficiente el proceso, los inspectores de la Procuraduría, trabajan ya por “cuotas”.
Tienen que reportar, por cada estado, una cantidad de dinero determinada por el número de estaciones que operan, además de una serie de sellos de clausura previamente establecidos, para vender a la opinión pública que están haciendo su chamba.
Los moches dependen del tamaño y la ubicación de los establecimientos, pero en algunos casos han llegado a los cien mil pesos al mes.
Cuando la cuota se determina por sellos, inhabilitan bombas de servicio hasta por 8 meses, lo que representa una afectación importante para los empresarios extorsionados.
Es evidente que , como consumidores, históricamente hemos sido víctimas de todo tipo de abusos por parte de los dueños de las estaciones que venden combustibles en el país.
Que la mayoría invierten en tecnologías cada vez más sofisticadas, para cobrar más de lo que realmente surten.
Pero más allá de esto, lo realmente peligroso es que instituciones del Estado Mexicano utilicen la extorsión como eje central de su desempeño.
No extraña, en el caso de Profeco, cuyo mando lleva un impresentable como Ricardo Sheffield.
Este personaje que toleró y sigue tolerando toda clase de abusos que afectan a los consumidores.
El mismo que se ha puesto del lado de los buitres de la pandemia, prácticamente desde el inicio de la contingencia sanitaria.
Que permitió el aumento injustificado de precios de productos de consumo básico de la población, sin ninguna justificación.
El que toleró y fomentó todo tipo de abusos con la venta y distribución de oxígeno, un producto que en la peor crisis sanitaria que se vivió por el Covid, significaba la diferencia entre la vida y la muerte para los infectados.
En la propias narices de la autoridad, empresarios del ramo –chicos medianos y grandes- se llenaron los bolsillos con la retención intencional de tanques, para facilitar la acaparación y el consecuente aumento en los precios.
La misma pasividad ha mostrado la dependencia con quienes venden el gas extraído ilegalmente de los ductos de Pemex y por supuesto, con la misma decisión con la que hoy extorsiona a los gasolineros, debería de investigarlos para detectar la venta de combustible robado en sus estaciones.
El mundo al revés.
El propio gobernador Barbosa, públicamente, le reprochó al funcionario la colusión oficial de la Profeco con los criminales que saquean a Pemex y su tibieza para entrarle al tema de las auditorías a empresarios en el caso de Puebla.
Tal vez por todo esto, Ricardo Sheffiel hizo un momenumental ridículo en su intento de convertirse en alcalde de León.
Como cadidato de Morena y con todo el apoyo de Palacio Nacional, lo único que recibió por parte de los habitantes de ese municipio fue un rechazo absoluto, francamente penoso.
Tuvo que ser rescatado por el propio presidente que le permitió regresar a la dependencia de la que salió para ser candidato; claro, con la cola entre las patas.
Qué caro nos ha salido a los mexicanos aquella máxima presidencial mediante la cual se elije a quienes ocupan lugares de privilegio en el servicio público federal.
Ese “90% lealtad y 10% de capacidad” permite que gente como Ricardo Sheffield maneje con ineficiencia y deshonestidad, una instancia oficial fundamental para la defensa de los derechos de los consumidores mexicanos.
Es decir, de todos.
