Por Jesús Manuel Hernández
Con las revelaciones del espionaje hecho a personajes de la vida pública, periodistas, políticos y empresarios del país, empiezan a revivirse anécdotas de las viejas prácticas de los “orejas”, “escuchas”, “infiltrados”, “topos”, a fin de cuentas expertos en obtener información de forma no precisamente ilegal.
En la década de los 60 el gobierno de Puebla y los grupos universitarios implementaron un sistema de reportes que abarcaba a los líderes estudiantiles; algunos policías disfrazados de civiles y sembrados en la comunidad universitaria, también actuaban.
Una buena parte de las estrategias dependía de una de las secciones del Estado Mayor de la XXV Zona Militar, cuyos equipos técnicos tenían las capacidades necesarias.
Fueron útiles en ese sistema de recopilación de información, meseros, cantineros, taxistas, aseadores de calzado, prostitutas, empleados de las compañías telefónicas, etcétera.
Famosos eran en aquellas épocas los “caimanes”, una pinza de las usadas en electrónica, unida por dos cables a un radio o una grabadora, coloquialmente se le llamaba “pájaro en el alambre”, pues también se usaba para conectarse a la red telefónica.
A alguno de los técnicos de empresas radiodifusoras llegaron a conocerlo así, “El Caimán”, porque se había especializado en la fabricación de estos artefactos, sencillos, fáciles de usar que luego debutaron entre los reporteros ataviados con grabadoras para almacenar las conversaciones.
Con el paso de los años los artefactos fueron sofisticándose: lapiceros con sistemas de transmisión a un receptor, portafolios con grabadoras en su interior, una de las especialidades de algún político del viejo PAN angelopolitano, o la siembra de micrófonos ocultos debajo de las mesas de los restaurantes donde acudían los políticos, líderes estudiantiles, magisteriales, sindicatos o movimientos de izquierda.
Las acciones del gobierno estuvieron siempre relacionadas a las de los militares, y todos ellos intercambiaban la información. Dos oficinas eran claves en aquellos tiempos, una ubicada en los bajos del Hotel Palace, otra en una casona de la 4 oriente.
La compra de secretarias y choferes también figuró en esas medidas de tener vigilados a los objetivos y saber qué, cómo, cuándo y dónde, se hacían reuniones conspiratorias al Estado.
Desde los tiempos de Guillermo Jiménez Morales fueron sofisticándose los métodos de obtener información y por tanto de vigilancia de los objetivos, incluso formó una dependencia específica en Gobernación, alguno de sus responsables aún se mantiene vigente en el acervo informativo de los políticos locales.
Sus sucesores no se quedaron atrás. Cada uno, cada gobernador, en su entender buscó tener información de lo que hacían los enemigos.
Especialmente se hicieron acciones en el medio empresarial, el de antes, donde se ponía especial cuidado en los presidentes de organismos camarales quienes además, en muchos casos, no sólo eran vigilados, también amenazados y advertidos de divulgar sus “secretos”, algunas de esas intimidades eran proporcionadas por los pares de los líderes, quienes recibían favores del gobierno y se convertían en informantes, en topos.
Mario Marín Torres, quizá haya sido quien más modernidad aplicó en su momento a la compra de equipo de espionaje, que era manejado por Alejandro Fernández. Muchos recordarán aquél “oso” de la camioneta equipada con equipo de escucha que se estacionó cerca del mercado de El Carmen para interceptar llamadas de un grupo de panistas reunido en la zona. Fueron localizados y denunciados y el titular justificó la presencia de la unidad porque el personal estaba comprando unas cemitas.
Adolfo Karam y Alejandro Fernández fueron piezas claves en las operaciones de conseguir información. Pero muy pronto fueron superados por el morenovallismo representado por Eukid Castañón entre otros, quien se dedicó a adquirir los equipos más sofisticados capaces no sólo de interceptar llamadas telefónicas o intervenir computadoras, también de monitorear a las nuevas redes como la de whatsapp, que era “más tardada”, decían los expertos, pero posible de interceptar.
Muchos empresarios, militantes de partidos, periodistas, fueron espiados, grabadas sus conversaciones y seguidos sus familiares. Hubo denuncias, incluso de personajes como el entonces senador Miguel Barbosa o Fernando Manzanilla y Anwar Salomon.
Famoso fue el caso de la esposa de Eduardo Rivera Pérez, que fue seguida por un vehículo que había sido reportado robado. Los hechos fueron denunciados por el entonces Presidente Municipal, que sin duda era uno de los principales objetivos de Rafael.
Muchos piensan que las cosas no han cambiado, que el espionaje a periodistas, presidentes de cámaras, rectores de universidades y potenciales enemigos del régimen, sigue vigente.
A lo largo de los años ha habido de todo en este tema, pero con alguna salvedad. Durante un tiempo, el espionaje era una cuestión de Estado, so pretexto de defender al sistema y al gobierno, en otros casos la información recabada servía para el chantaje bajo la protección del gobierno en turno.
O por lo menos, así me lo parecía.
